Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
La presencia de México en la reunión del G20 pasó desapercibida. Algo inevitable al coincidir el encuentro con el fin del mandato de Enrique Peña Nieto. El sábado 1° de diciembre asumió como presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de haber sido candidato a Presidente en 2006 y 2012.
El discurso inaugural de AMLO ratificó su preferencia por políticas económicas estatistas, lo cual ha puesto en guardia a buena parte del empresariado mexicano. Su prioridad es la lucha contra la pobreza y la corrupción. Pero si bien no han sido pocas las violaciones a los DDHH en la gestión de su antecesor Peña Nieto, llamó la atención su énfasis sobre la “no persecución” a los funcionarios del gobierno saliente. Sobre todo, ante la demanda de verdad y justicia por las desapariciones en Ayotzinapa y Nuevo Laredo, las masacres de Tiatlaya, Tanhuato y Apatzingán, y el uso de los servicios de inteligencia del software Pegasus para espiar y perseguir a periodistas y a denunciante de violaciones a los DD.HH.
En el mensaje del sábado AMLO anunció una reducción de los sueldos de los funcionarios políticos a 40% de los vigentes bajo el mandato de Peña Nieto, la venta del avión presidencial, y el abandono de los lujos extravagantes de la residencia presidencial. Por otro lado, un aumento de gastos que generan serias dudas. Entre los “100 compromisos” de su discurso presidencial, AMLO ha anunciado que aumentará el salario mínimo, otorgará a becas a estudiantes de escasos recursos de nivel primario y secundario, y a la totalidad de estudiantes de colegios de bachiller, escuelas técnicas, vocacionales y preparatorias públicas.
También prometió becas a 300.000 estudiantes universitarios en condiciones de pobreza y la apertura de 100 nuevas universidades públicas. En materia de salud propone instrumentar un Seguro Social gratuito para los habitantes de las zonas más pobres, a ser extendido en seis años a toda la población, tratando de emular un sistema de salud análogo al de Canadá o al de los países nórdicos.
También prometió un aumento en las jubilaciones equivalente a U$S 64 mensuales, una suma análoga para discapacitados pobres y la contratación de 2,3 millones de jóvenes desempleados para trabajar como aprendices en actividades productivas por un sueldo de unos U$S 180 mensuales. A su vez, las agencias para abasto y distribución de alimentos de consumo se fusionarán en un organismo único llamado “Seguridad Alimentaria Mexicana”. Éste se focalizará en la compra a precios subsidiados de productos primarios a pequeños productores y en la venta de una canasta de alimentos básicos a precios bajos para combatir el hambre y la desnutrición.
En cuanto a las políticas macro sostuvo que respetará la autonomía del Banco de México y de sus políticas antiinflacionarias y para evitar devaluaciones. Los anuncios y políticas expansivas no serían tan “keynesianas”. Tanto el precio de los combustibles como los impuestos seguirían una regla “a la brasileña”, no aumentando más que la inflación. Respecto del gasto, se comprometió a no aumentar las erogaciones más que los ingresos, y a no incrementar la deuda pública.
Para la administración pública, anunció el recorte de gastos superfluos, en asesores (no más de 3 por secretaría), viajes al exterior, cajas de ahorro exclusivas para funcionarios, y la medicina médica privada para funcionarios pagada por el Estado.
Prometió eliminar todas las duplicaciones de estructuras y programas, la eliminación de fideicomisos y otros mecanismos utilizados para ocultar fondos públicos y reducir el gasto de publicidad del gobierno. También se prohibirá la compra de mobiliario de lujo, y todo tipo de vinculación (hasta en viajes o fiestas) con proveedores, contratistas del Estado o grandes contribuyentes, junto a un fuerte ahorro en todas las embajadas y consulados. Además, no habrá más partidas presupuestarias a disposición discrecional de diputados y senadores, y no se pagará más jubilación a los ex presidentes.
Por otro lado, anunció un ambicioso programa de inversiones en obra pública, tanto vial como ferroviaria y en energía y combustibles, con “subsidios fiscales para promover la inversión y crear empleo”. A esto se suma una suerte de promoción industrial: la “zona libre” para la radicación de empresas en la frontera con Estados Unidos, beneficiándose con una rebaja del IVA de 16 a 8%, una reducción del Impuesto a la Renta del 20%, precios de los combustibles al mismo nivel que en EE.UU., pero junto a un aumento del salario mínimo de 100%. No es del todo claro, por cierto, cómo puede sostenerse este paquete sin aumentar la deuda pública.
En cuanto al marco institucional sostuvo que “no habrá expropiaciones ni actos arbitrarios”, pero anunció la reforma del artículo 35 de la Constitución Nacional para convocar a consultas ciudadanas para cualquier tema controversial de interés público. Algo que se ofrece como garantía de participación y transparencia, pero suele ser un mecanismo de manipulación psicológica y mediática para consolidar hegemonías estatistas y autoritarias. Además, bien podría abrir camino a una reforma íntegra de la Carta Orgánica para perpetuarse en el poder, como lo han hecho varios “socialistas del Siglo XXI” de Sudamérica. Y la alianza entre su partido “Morena” y otros tiene mayoría propia en ambas cámaras del Poder Legislativo.
En suma, para muchos mexicanos, AMLO promete un cambio esperanzador. Para otros, un riesgo de giro hacia cierta forma de “democracia directa” y deliberativa que podría espantar a inversores. Un aviso ha sido la caída de la cotización de la deuda mexicana luego de la consulta organizada por “Morena” sobre continuar o no la construcción del nuevo aeropuerto Internacional de México. Si bien el riesgo país (EMBI +) bajó a menos de 340 puntos básicos la semana pasada, cabe observar que el 20 y el 21 de noviembre trepó hasta 351, el nivel más alto desde febrero de 2016.
La incógnita es cual AMLO será el que realmente prevalecerá: el pragmático, focalizado en combatir la desigualdad y la corrupción sin desestabilizar la economía, o el estatista antimercado, afín a los experimentos “bolivarianos” de Sudamérica de las últimas dos décadas. Hoy por hoy, nadie lo sabe.
