Urge modernizar el sistema de negociación colectiva

15 de noviembre, 2018

Por Jorge Colina Economistas de Idesa

 

El Gobierno dispuso por decreto el pago de un bono para los trabajadores en relación de dependencia urbanos en empresas privadas consistente en $2.500 con el salario de noviembre, que se paga en diciembre, y otros $2.500 con el salario de enero, que se paga en febrero, en el entendido que el salario de diciembre, que se paga en enero, trae el aguinaldo.

 

Para tener una idea de órdenes de magnitud, téngase en cuenta que la mediana de salarios en el mercado laboral formal es de $25.000. Esto implica que para el 50% de los trabajadores de menores salarios, el aumento que recibirán en diciembre y febrero será superior al 10% y para el 50% de mayores salarios el aumento será inferior a dicho porcentaje. Como la mediana de salarios viene creciendo 16% en lo que va del 2018, esto implica que a diciembre del 2018 los ajustes salariales variarán entre 25% 35% con mayor incremento para los salarios más bajos. No parece mucho para un año que terminará con una inflación del 50%.

 

Pero para la mayoría de los empleadores, en particular las pymes y microempresas, les puede ser complicado cumplir si es que tienen las ventas estancadas o en caída. El decreto aspira a considerar estas situaciones sensibles cuando señala que las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo podrán adecuar la implementación del aumento, en materia de plazos y montos, para aquellas actividades o sectores que se encuentren en crisis o declinación productiva. El inconveniente es que “actividades” y “sectores” son agregados muy heterogéneos que, estén o no en crisis o declinación productiva, contienen empresas que pueden pagar el bono y otras que no.

 

Este problema se genera por el vetusto sistema de negociación colectiva en Argentina donde los que negocian los convenios no son los que pagan los salarios ni los que organización la producción, o sea, las empresas. Negocian dirigentes sindicales y empresariales a nivel de ramas de actividad o sectores que se manejan con los parámetros de las grandes empresas y con una visión muy divorciada de la realidad de las pymes y las microempresas. Estas últimas son las que requieren adecuaciones de montos y plazos para instrumentar el bono, más que las actividades o los sectores.

 

Por eso, el bono es un paliativo para la crítica situación de los ingresos de los trabajadores formales (para los informales no hay bono y ellos deberán esperar que el gasto del bono de los trabajadores formales en el mercado informal “derrame”). Pero su inviabilidad en los segmentos más vulnerables del tejido productivo –pymes y microempresas– señalan con contundencia que es urgente e impostergable modernizar el sistema de negociación colectiva en Argentina delegando al nivel de las firmas la negociación de las cuestiones más sensibles a la producción, que son, salarios, jornadas y organización del trabajo. Caso contrario, a las pymes y las microempresas sólo les queda el doloroso camino de convertir en informal parte o todas de sus relaciones laborales.

 

En el ínterin, un paliativo para las pymes y las microempresas que se podría instrumentar sería un línea de capital de trabajo a una tasa del 29% anual (que es más o menos lo que aumentarán los salarios en el 2018) que los bancos deberían otorgar a sus clientes que sean empleadores por el equivalente al bono y al aguinaldo que deban pagar en las cuentas sueldos que tengan activas en el banco.

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