El BM y el BID otorgan créditos por US$ 1.850 M

Serán para reforzar programas sociales e “impulsar el crecimiento inclusivo a mediano plazo”

Macri confianza calma

 

El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaron créditos para Argentina por US$ 1.850 millones.

 

De parte del BM, se otorgaron dos créditos por un total de US$ 950 millones para reforzar los programas sociales en medio de la recesión. El primer préstamo será de US$ 500 millones y buscará ayudar a cubrir las necesidades presupuestarias del país a fin de “impulsar el crecimiento inclusivo a mediano plazo”.

 

El segundo préstamo será por US$ 450 millones para el Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes, con el objetivo de llegar a 250.000 niños que aún no están incluidos en los programas de asignaciones familiares, de la Asignación Universal por Hijo (AUH). También buscará simplificar los procesos de verificación de la asistencia a la escuela y a los controles de salud, requisitos necesarios para conservar la condición de beneficiario de la AUH.

 

“Este apoyo a Argentina (…) llega en un momento crucial para nuestro país y es una clara señal de confianza”, dijo el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, citado en el comunicado del Banco Mundial.

 

Por su parte, Jim Yong Kim, presidente del BM, sostuvo que “en estos momentos difíciles, el Banco Mundial extiende un fuerte apoyo para solidarizarse con los hogares más vulnerables y enfrentar los desafíos económicos actuales”.

 

“Este financiamiento apunta a proteger a las familias que más lo necesitan para que no caigan en la pobreza mientras se avanza en sentar las bases para que el país crezca a mediano plazo de manera inclusiva”, agregó.

 

Por otra parte, el BID aprobó un financiamiento por US$ 900 millones para programas de protección social que beneficiarán a más de 4 millones de personas. Estarán destinados a respaldar la sostenibilidad de los programas Hacemos Futuro, Becas Progresar y la Tarifa Social del Transporte Público.

 

Se trata de la primera operación de un préstamo de inversión por US$ 1.500 millones que fortalecerán programas de educación, formación laboral integral y acceso al transporte público.

 

En este sentido, el financiamiento prevé fortalecer la oferta de capacitación laboral y búsqueda de empleo; monitorear las trayectorias educativas e implementar acciones de prevención de deserción escolar; y mejorar los sistemas de información sobre transporte público automotor, así como la ampliación de la tarifa social a localidades fuera del área metropolitana.

 

Específicamente, el programa beneficiará a 235.000 personas del programa Hacemos Futuro llevado a cabo por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social; 653.723 jóvenes de entre 18 y 30 años de las Becas Progresar del Ministerio de
Educación; y a 3,8 millones de personas que reciben la tarifa social del transporte público. Además, 360.000 beneficiarios tendrán la extensión de esa tarifa que impulsa el Ministerio de Transporte.

 

Por otra parte, el programa impulsará al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente de la Presidencia, en términos de capacidad de generación, gestión y análisis de información clave en el proceso de seguimiento de los indicadores sociales.

 

“Entre las acciones previstas por la operación se prevé asegurar la sostenibilidad de programas de transferencias monetarias dirigidos a población vulnerable, promover la progresión y finalización educativa, así como la formación laboral integral de la población que recibe estas transferencias; mejorar la eficiencia distributiva de los subsidios a servicios públicos de transporte y, avanzar en la eficiencia de los programas de protección social a través de una mejora en la gestión de la información”, afirmó el BID.

 

De esta forma, los programas impulsarán el aumento del porcentaje de beneficiarios que finalizan cursos de formación laboral integral y la tasa de asistencia escolar en el nivel secundario, contribuyendo así a incrementar la tasa de empleo en el sector formal. Finalmente, el programa hará foco en la tarifa social de transporte público para la población vulnerable a nivel nacional, contribuyendo expandir el ahorro que esa tarifa representa en el gasto no alimentario de los hogares.

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