Desequilibrios estructurales, acuerdos y políticas de Estado

Necesitamos grandes acuerdos sobre el sistema jubilatorio, la inserción internacional, la estructura productiva y la informalidad

 

Por Ernesto A. O’Connor ExSubsecretario de Planificación Económica Regional y Sectorial

 

La marcha de la economía sigue siendo un tema complejo. Las expectativas se han alineado en torno a una relativa estabilización del tipo de cambio, y el camino hacia fin de año parece más calmo, en medio de una recesión. En diciembre se cumplirán tres años de gestión del presidente Mauricio Macri. Tiempo suficiente, o no, para evaluar en particular la marcha de la economía. Suficiente, porque tres años no son pocos. Insuficiente, porque en Argentina los tiempos políticos suelen ser largos, en el sentido de que cuesta muchas veces lograr acuerdos o políticas de Estado. En Argentina predominan las políticas de gobierno, y el caso de la gestión actual no ha sido la excepción. La cultura política es pendular y encerrada en los objetivos de cada partido o coalición, y esto dificulta lograr políticas de Estado.

 

Desde una perspectiva de mediano plazo, la economía parece necesitar algunas reformas profundas, que requieren consensos políticos superiores. El sistema previsional es el eje de los problemas fiscales del país, desde la creación de las AFJP en los ’90, y su creciente desfinanciamiento. El agravante ha sido la moratoria previsional de comienzos de los 2000, que casi duplicó la cantidad de jubilados y pensionados, y ha llevado la relación aportantes-beneficiarios a casi la unidad, porque, además, la informalidad laboral, con su falta de aportes, sigue estructuralmente en torno al 35% de la población en edad de trabajar.

 

La informalidad es, así, otro problema de fondo: a la precariedad de ingresos agrega la inestabilidad laboral y un horizonte de muy bajos ingresos jubilatorios, realimentando el círculo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Si hay informalidad laboral, la estructura productiva necesariamente debe ser objeto de análisis, porque están íntimamente ligadas. De los 17 millones de trabajadores, 3,5 millones lo hacen en el sector público, y de estos, 2,7 millones ingresan en las plantillas de provincias y municipios. Es decir, en el corazón productivo del país, en lugar de generar puestos de trabajo en producciones regionales y locales, se ha generado un elevado empleo público. La inserción internacional es otro tema no resuelto claramente desde hace décadas. El Mercosur no ha logrado firmar muchos tratados de libre comercio, y Argentina no abre mercados. El “efecto Bolsonaro” abre interrogantes favorables, si el bloque pasara de Unión Aduanera a Zona de Libre Comercio, por ejemplo. Esto aumentaría el comercio a mediano plazo, la escala productiva y el empleo privado en casi todas las provincias, reduciendo el empleo público, y también la informalidad.

 

La cuestión macro condiciona la inversión productiva. El problema es que Argentina no logra resolver sus dudas de largo plazo. En este sentido, la gestión económica de este Gobierno ha debido recurrir al FMI para renovar la deuda pública. Como el FMI opera como último prestamista, daría la impresión de que se ha recurrido porque los mercados decidieron “salir” de Argentina, en un contexto global decididamente adverso. Suba de tasas de interés internacionales, caída del precio de commodities agrícolas, alza del petróleo, crisis de tres años en Brasil, proteccionismo creciente por parte del Gobierno republicano de EE.UU. y gobiernos conservadores que -nada nuevo- suelen aplicar estas políticas.

 

El contexto externo desfavorable encontró a una macroeconomía sin resolver sus problemas de fondo. Ante la suba de tasas internacionales y la crisis de Turquía, los capitales hicieron el “flight to quality”, pero salieron mayormente de Argentina, y no de otros emergentes, y por eso el riesgo país refleja esa suba. ¿Por qué? Porque la dinámica de la deuda pública exigible sigue creciendo, sobre todo desde 2016. La gestión actual confió en la inserción internacional y en un shock de inversiones desde el exterior, que no se materializó. Y para corregir gradualmente los desequilibrios sociales, decidió financiar el déficit fiscal con deuda pública, mayormente en divisas. Un déficit difícil de reducir por el peso de las jubilaciones y pensiones, el gasto en planes sociales, y el peso del empleo público en las provincias y municipios. A este déficit se sumó el de cuenta corriente, que expresa la relación financiera del país con el resto del mundo. Con exportaciones estancadas, importaciones creciendo, turismo emisivo creciente por el atraso cambiario, e intereses de la deuda pública en dólares en alza, este indicador más que se duplicó en 2017, y señaló las dificultades del país del acceder a dólares genuinos.

 

Más allá del acuerdo con el FMI, con casi todas las necesidades de financiamiento de 2019 cubiertas, la duda de los mercados acerca de la capacidad de pago de la deuda en 2020, poselección presidencial de octubre de 2019, sigue instalada.

 

Con todo, los avances logrados tampoco han sido menores. Un mayor reconocimiento global a los esfuerzos del país, por parte de naciones líderes de Occidente, el dinamismo y la mayor transparencia en la obra pública, la contención de la situación social, una mayor independencia de poderes y la búsqueda permanente de consensos políticos con la oposición, en un clima de diálogo resaltable, son algunos de los activos importantes de la gestión actual. La economía argentina necesita, además, grandes acuerdos para lograr políticas de Estado, por lo menos en lo atinente al sistema jubilatorio, la inserción internacional, la estructura productiva y la informalidad, entre otros, los cuales requieren, sin dudas, acuerdos superiores.

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