Tras largos idas y vueltas, el Gobierno, la CGT y las principales cámaras empresarias finalmente acordaron los puntos en disputa en la letra chica del decreto que establece un bono de fin de año de $5.000 en dos tramos para todos los trabajadores del sector privado. El texto consensuado ya está listo a la espera de una inminente firma de los ministros. Además, las partes acordaron un artículo que dispone que las empresas que planeen despedir trabajadores deberán informar a la cartera de Producción con diez días de anticipación, como gesto al sector sindical. Así, en su intento por “blindar” un diciembre que se vislumbra conflictivo, el Ejecutivo logró un primer objetivo: la central obrera desactivó el paro de 36 horas con movilización que había amagado convocar para este mes.
El miércoles el acuerdo había tambaleado en medio de cuestionamientos del empresariado, que advertía que la mayor parte de las firmas no podría pagar el bono y reclamaba la posibilidad de tomarlo como parte de las revisiones paritarias. El artículo 4º del decreto, al que accedió El Economista, fue el que terminó por destrabar el bono, al habilitar a sindicatos y cámaras empresarias a negociar esa posibilidad en el marco de cada convenio colectivo, e incluso la posibilidad de tomar los $5.000 como parte de subas ya acordadas en las revisiones paritarias. La CGT aceptó.
De esta forma, tras la reunión del Consejo Directivo de la central obrera, su secretario general, Héctor Daer, confirmó que se “posterga” la medida de fuerza que se había preanunciado. “Se magnificó muchísimo esto de las imposibilidades de las empresas de pagar”, dijo.
El Gobierno consiguió desactivar el quinto paro general y marcar la cancha de las revisiones paritarias, luego de que varios gremios lograran estirarlas al 4045%, como Sanidad, Camioneros y Bancarios, entre otros. Sin embargo, persisten las críticas sobre la efectividad que pueda tener el bono en el marco de la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los salarios (en octubre fue del 15% interanual según el IET). Es que quedan exceptuados los más de 3 millones de trabajadores del sector público y muchos de los sectores podrán pactar pagarlo en mayores plazos o incluirlo como parte de lo acordado en las reaperturas de paritarias.
Todos los detalles
El decreto establece que a partir del 1º de noviembre habrá una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado de $5.000, que será otorgada por los empleadores de la siguiente forma en dos tramos de $2.500 con los salarios de noviembre y enero. Cuando la jornada laboral del trabajador sea menor a la convencional, percibirá un monto proporcional.
Ante las críticas empresariales, el artículo 3º plantea que los sindicatos y los representantes de las compañías de cada rama de actividad, podrán adecuar los plazos y montos del bono para aquellas actividades o sectores que se encuentren “especialmente en crisis o en declinación productiva”. Además, el artículo 4º establece que las partes podrán acordar una compensación de los aumentos que ya hayan acordado en las revisiones de las paritarias de 2018 o que puedan acordar en los próximos meses.
Los trabajadores del sector público (nacional, provincial o municipal) quedan excluidos del bono. En paralelo, UPCN negocia con el Ejecutivo una revisión de la paritaria de la administración pública nacional, que aún está anclada en el 15%.
Además, estipula que hasta el 1º de marzo del próximo año las empresas que vayan a despedir empleados deberán informarlo al Ministerio de Producción con 10 días de anticipación. La cartera podrá convocar a las partes para evaluar alternativas para evitar las cesantías, que crecen al compás de la recesión.
Algunos abogados que patrocinan empresas habían planteado que el Ejecutivo no tiene facultades para decretar un pago obligatorio de estas características para el sector privado. Ante esto, el Gobierno estableció en el artículo 11º que el decreto se enviará al Congreso para su validación.
