Por Eduardo R. Ablin Embajador
Los organismos multilaterales han demostrado durante su historia constituir valiosos mecanismos de cooperación internacional en sus respectivos campos de competencia. Ello no invalida la necesidad, para que sus objetivos puedan cumplirse plena y adecuadamente, de atender con prudencia a la elección de sus autoridades
El mundo ha observado con sorpresa en estos días la desaparición nada menos que del presidente de Interpol. Al respecto, cabe recordar que dicha organización nació originalmente hacia 1920 como Comisión Internacional de Policía Criminal (International Criminal Police Commission) con sede en Viena, resultando su conducción copada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
Reconstruida después del conflicto se reubicó en su actual sede de Lyon, contando con siete oficinas regionales en el mundo ?incluyendo una ante la Organización de las Naciones Unidas y otra ante la Unión Europea, para optimizar el enlace con dichas instituciones?, habiendo aportado una significativa contribución a la cooperación policial internacional y por su intermedio a la justicia. A tal efecto cuenta con el poder de emitir las denominadas “alertas rojas”, instrumento dirigido a concretar una orden de arresto a nivel internacional, las cuales circula a sus Estados Miembros (EM) listando a aquellos acusados cuya extradición algún EM requiere por vía judicial. En este sentido, Interpol dispone de un procedimiento de veto tendente a impedir que las autoridades de los EM utilicen tal mecanismo para perseguir por cualquier motivo político a sus opositores internos, en el marco de su compromiso de trabajar bajo el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
El presidente de Interpol, como el resto de los integrantes del Comité Ejecutivo y el Secretario General, son elegidos por la Asamblea General (AG) de la organización, en la que están representados los actuales 192 EM, sobre el criterio de un país un voto. Su tarea, al margen de presidir el Comité Ejecutivo, se orienta esencialmente a guiar la aplicación de los lineamientos decididos por la AG y supervisar el trabajo de la organización, cuya gestión corresponde no obstante al Secretario General. Históricamente, los presidentes provinieron de democracias occidentales, hasta que en la 85° AG -noviembre de 2016 en Bali, con la participación de 164 EM- se impuso la candidatura por el período reglamentario de cuatro años de Meng Hongwei ?Viceministro de Seguridad Pública de la República Popular China (RPC), EM incorporado en 1984?. La votación le otorgó 123 votos, contra 28 de su único contrincante de Namibia y 13 abstenciones.
Esta elección generó interrogantes en las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los derechos humanos, ya que se trataba de la primera elección de un funcionario proveniente de un EM conducido bajo un régimen autoritario de partido único cuya experiencia en el manejo de disidentes políticos no ha sido en general alentadora, siendo el nuevo Presidente un integrante del organismo de seguridad más importante de la RPC, responsable eventualmente de la conducción de la policía secreta.
Al respecto, Amnesty International enfatizó que la RPC ha impulsado muchas veces el recurso a Interpol para acosar y perseguir a sus opositores en el extranjero, al intentar lograr la extradición desde terceros países de aquellos que han abandonado la RPC. Así, a solicitud de la RPC la Interpol habría emitido 100 “alertas rojas” en 2014 dirigidas a ciudadanos chinos presuntamente sospechados por corrupción que habrían huido al extranjero, y que las autoridades de la RPC reclaman para ser procesados.
Paradójicamente ese sería el cargo no especificado que ahora se atribuye al presidente de Interpol, Meng Hongwei, funcionario de larga trayectoria en el Partido Comunista Chino (PCC) del cual se carecieron de noticias oficiales durante más de una semana, hasta que ?ante la presión internacional y de la propia Interpol? la Comisión Nacional de Supervisión del PCC, encargada de los casos de corrupción de los funcionarios públicos chinos, difundió el 7 de octubre un comunicado señalando que el aún viceministro se encuentra investigado “por sospechas de haber violado la ley”. Al mismo tiempo, Interpol confirmó que había presentado su renuncia a la organización, y que el surcoreano Kim Yong Jang asumiría como presidente interino hasta que se realicen elecciones en noviembre.
Más allá de los confusos detalles de esta saga, en la que Meng Hongwei fue visto por última vez el 29 de septiembre, al volar de Lyon a China vía Estocolmo, no deja de sorprender que ningún medio occidental tratara de explicar las circunstancias de su desaparición al aterrizar en su propio país. Y sin embargo resultaba tan sencillo dilucidarlas, ya que nadie llega a viceministro en la RPC ?menos aún de Seguridad Pública? sin ser un prominente integrante de la jerarquía del PCC.
Y, por ende, resultaba evidente que el mismo era objeto ?en dicha condición? del procedimiento denominado “shuanggui” (literalmente “convocatoria”), herramienta disciplinaria interna que carece de sustento legal formal en la RPC aunque su aplicación corresponde a la Comisión Central para la Investigación de la Disciplina (CCDI), brazo policial del PCC. Por ello, cualquier integrante del propio partido que se encuentre bajo sospecha de “violaciones disciplinarias” o “conducta irregular” puede quedar sujeto al “shuanggui”, aunque en rigor se indagarían como máximo el 20% de los casos de “violaciones de la disciplina”, habiendo la CCDI investigado, durante 2015, 330.000 casos, en los que fueron castigados 336.000 funcionarios.
Un informe difundido por la organización Human Rights Watch incluyó por primera vez en 2016 testimonios de primera mano de algunas víctimas, las cuales denunciaron un sistema de detención abusivo e ilegal en este sistema iniciado en los años '90 y convertido ahora en el instrumento más usual de la campaña anticorrupción china, aunque alguna voces críticas alegan que es utilizada para neutralizar a enemigos políticos. En cualquier caso, la desaparición de burócratas de alto rango constituye siempre motivo de ansiedad en la RPC, en la que desde la asunción del presidente Xi Jinping en 2012 se ha desatado una intensa campaña anticorrupción que involucró el castigo de más de un millón de funcionarios ?destituidos de sus puestos o sometidos a severas penas de prisión? bajo cargos de corrupción.
Dicho cargo, generalmente ?aunque no siempre? asociado a acciones de corrupción presupone fuertes indicios de culpabilidad, tratándose entonces de una medida reservada contra los “propios”, conducida en secreto por una vía separada del ordenamiento ordinario de la legislación china. Así, una vez concretada la “convocatoria” el individuo desaparece, careciendo de asesoramiento legal, y sin que su familia conozca su paradero o los cargos que se le imputan. Típicamente, queda confinado en soledad en habitaciones de hoteles acondicionadas especialmente para evitar fugas o suicidios. Su aislamiento puede extenderse indefinidamente, perdiendo los detenidos la noción del tiempo debido a las técnicas aplicadas, incluyendo eventuales castigos físicos. Por ello desde 2010 se habrían producido al menos once muertes entre arrestados, atribuidas generalmente a suicidios, aunque los propios funcionarios del PCC reconocen que 90% de los casos graves de corrupción han sido resueltos por vía del shuanggui, derivándose luego a los acusados al sistema formal de las fiscalías.
En cualquier caso, resulta interesante percibir que más de 120 países no parecen haber contemplado aspectos que resultaban centrales a su elección de las autoridades de Interpol para lograr mantener su prestigio internacional, ya que no se requiere tener acceso a manuales de los servicios secretos occidentales para conocer acerca de la existencia y características del shuanggui. Basta con leer alguna novela del conocido autor chino Qiu Xiaolong, residente en EE.UU., imaginativo creador del famoso Inspector de la Policía de Shanghai Chen Cao, notable personaje de la novela policial moderna.
