En un acto formal, en el Palacio de Justicia, se concretará lo que fue sorpresa el 11 de septiembre: la renuncia de Ricardo Lorenzetti a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su reemplazo por Carlos Rosenkrantz. Con una nueva impronta (más “técnica”, menos “política”, dicen unos; más atravesada por “intereses privados”, cuestionan otros), el cambio parece confirmar una nueva etapa en la principal instancia judicial argentina. Entre los temas que deberá resolver en el corto plazo varias cuestiones ligadas a jubilaciones aparecen en la agenda, ciertamente sensibles para el Gobierno Nacional y las cuentas públicas. El análisis de la constitucionalidad de la ley de movilidad social, aprobada en 2017, es uno de éstos. La “reparación histórica” es otro de estos asuntos. La legalidad de la aplicación del impuesto a las ganancias en los haberes más altos aparece también en el temario.
Rosenkrantz llegó al máximo cargo con cuatro votos a favor provenientes de sus pares. En aquella ocasión, el único que había votado a favor de la continuidad de Lorenzetti había sido Juan Carlos Maqueda. La gestión de Lorenzetti vencía el 31 de octubre. Con su renuncia se decisión anticipar el traspaso, que se realizará hoy. Tras el cambio en la presidencia, la actual vicepresidenta Elena Highton de Nolasco seguirá en ese puesto, mientras que Lorenzetti, Horacio Rosatti y Maqueda serán vocales durante los próximos tres años.
Lorenzetti venía asediado por la diputada nacional Elisa Carrió, que festejó su partida de la presidencia, y con cierto desgaste luego de doce años al frente del tribunal. Había sido propuesto por Néstor Kirchner en 2014 y estaba al frente de la Corte desde noviembre de 2006. En cuanto al análisis de la constitucionalidad de la ley de movilidad social, el tema está en manos de la Corte desde fines de agosto. En su momento significó un “ahorro” para las arcas del Estado. En un contexto donde el Gobierno redobló el compromiso para reducir el déficit fiscal, el tema no resulta menor. Según trascendió, los jueces se inclinarían por darle la razón al reclamo de los jubilados que litigaron, pero con un alcance circunscripto a cada caso en particular y no con un fallo que pueda tener aplicación generalizada que genere preocupación por las cuentas públicas, más allá de que esto pueda generar malestar social.
Rosenkrantz ingresó a la Corte Suprema el 22 de agosto de 2016, tras ser propuesto por Macri, que intentó designarlo junto a Rosatti por decreto, pero debido al rechazo unánime de la oposición, finalmente cumplió con el procedimiento legal de enviar su propuesta al Senado, donde ambos fueron avalados. La elección de Rosenkrantz como presidente fue cuestionada por organismos de derechos humanos y diversos sectores políticos que recordaron que fue uno de los jueces que el año pasado propició el fallo que otorgó el beneficio del 2x1 a un represor de la última dictadura.
