La presión del mercado sobre los precios de los activos en agosto y septiembre instó al Gobierno a introducir más medidas para estabilizar la economía tras la fuerte depreciación del peso.
Las medidas recientes incluyeron aún más ajustes de la política monetaria (por ejemplo, el aumento de las tasas de interés y encajes sobre los depósitos en pesos), comprometiéndose a la consolidación fiscal más rápida y profunda (por ejemplo, lograr un equilibrio presupuesto primario para 2019 y superávit en 2020) y solicitando un mayor asistencia financiera del FMI, junto con una aceleración de los desembolsos.
El acuerdo renovado con el FMI incluye actualización del programa a US$ 57.100 millones, más desembolsos de inmediato para cubrir las necesidades de financiamiento en 2018-19, y un nuevo marco de política basado en el control de la oferta monetaria.
Según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), la liquidez adicional en dólares “debería ayudar a estabilizar la economía después de un doloroso ajuste impulsado por el mercado”.
“Sin embargo, el apoyo político a la consolidación fiscal en el período previo a las elecciones de octubre de 2019 es fundamental para anclar la estabilidad macroeconómica”, dice el instituto que agrupa a los principales bancos y fondos de inversión del mundo.
Recuerdan que algunas turbulencias financieras hicieron mella en la economía, llevando a un deterioro muy grande en las condiciones sociales.
“La inflación de doce meses subió a 34,4% en agosto desde 31,2% en julio impulsado por la depreciación de la moneda, aumentos de precios regulados, y alimentos. Proyectamos que la inflación se acelerará aún más este año, antes de desacelerarse en 2019”, vaticina el IIF.
Y dice que después del positivo crecimiento en el primer trimestre del 2018, el PIB disminuyó 15,2% en el segundo arrastrado por la sequía. “La actividad probablemente continuará contrayéndose en el próximos trimestres debido a problemas financieros, ajustes monetarios y las políticas fiscales, además de los salarios reales erosionados”, remarca el IIF. Apuntan a que la recesión y una moneda más débil debería ayudar a reducir el déficit de la cuenta corriente, reflejando un superávit comercial.
Una parte sustancial del ajuste vendría desde el sector público. El objetivo del Gobierno es reducir el déficit primario a 2,6% proyectado en 2018 y, más exigente aún, a 0% en 2019.
“Obteniendo apoyo de la oposición (Congreso y administraciones provinciales) para implementar este ambicioso programa en un año electoral requerirá un liderazgo político. El progreso en este frente ayudaría a reconstruir la confianza de los inversores extranjeros y frenar la salida de capitales de los residentes, que han comenzado a disminuir pero permanecen por encima de los episodios críticos del pasado”, reseñó el consorcio de entidades.
