Por Carlos Leyba
“Haciendo lo que hay que hacer”. El eslogan fuerte del Gobierno. Habla de acción y necesidad.
A veces lo necesario requiere decisiones que sólo pueden ser evaluadas imaginando lo que evitan. Mal menor para evitar uno mayor.
Un ejemplo es el de una gangrena que requiere amputación. Se evita un mal mayor pero se genera un desequilibrio permanente.
Ese desequilibrio sólo puede aceptarlo el amputado, sí y sólo sí, reconoce que algo mucho más grave habría acontecido si la amputación no se llevaba a cabo.
Para Mauricio Macri, “no hay un camino alternativo”. Haciendo lo que hay que hacer es “no hay camino alternativo”.
Cuando uno escucha esas afirmaciones dramáticas, que tienen como propósito cerrar la discusión necesaria, y más, dado los resultados del “camino inevitable”, se inclina por la poesía. Caminante no hay camino, se hace camino al andar...
Antonio Machado nos sugiere que no hay tal cosa como un camino inexorable, ninguno que no se pueda mejorar, porque el camino hay que hacerlo: no está hecho.
Es primario afirmar “no hay camino alternativo”. Y el Gobierno no lo aprende, a pesar de que ha cambiado muchas veces.
Este Gobierno marcó su voluntad (no exenta de aires de heroísmo) en una dirección y luego cambió de ruta como consecuencia de haber generado inquietudes y preocupaciones colectivas no previstas.
Esos cambios generan la inversión del eslogan. Ahora podría ser: “Haciendo lo que hay que... deshacer”.
En el listado del hacer y deshacer está el programa “deshaciéndonos de las Lebac” cuya expansión desmesurada fue producto de “lo que hay que hacer” y de “no hay alternativa”. Y ahora la hay. No eran pocos los simpatizantes PRO que advertían la “bola de nieve” de esta generosa facilidad para el carry trade y la concurrente depresión del tipo de cambio real.
Depresión que impedía la generación de dólares comerciales para agenciar la eventual devolución de los dólares que entraban atraídos por la tasa de las Lebac, y que escaparían cuando alguien se diera cuenta de que el “Rey está desnudo”. La manada huye. Llamen al FMI.
Si alguien en el Gobierno hubiera tenido el tino de advertir que ese camino era generador de un desequilibrio muy superior a la baja velocidad en la que “descendía” la inflación, la Casa Rosada no hubiera hecho lo que creía, por no medir las consecuencias, que era lo que “hay que hacer”. Eso nos costó, en definitiva, US$ 25.000 millones y la larga recesión que nos espera.
Deshacer lo que antes fue “lo que hay que hacer”.
El estilo Penélope de gobernar: tejer y destejer. Lo primero que informa esta práctica contradictoria es improvisación, poca profesionalidad y reflexión, y nula evaluación de los impactos de lo que se va a hacer.
No está bien que improvisación, ausencia de profesionalidad y reflexión sean dominantes en el ejercicio del gobierno. Pero hay más y lo contamos al final. No sólo improvisación.
La prueba de que es así (improvisación, y lo demás) es la no evaluación previa de los impactos que son, una vez hechas las cosas, los que llevan a deshacer lo hecho acerca de lo que se predicaba su imperiosa necesidad.
Se afirmaba que todo camino alternativo sería de una colosal gravedad y, sin embargo, se deshace “lo que hay que hacer”.
Ministros, y hasta el Presidente, han avalado la acción ante “la imperiosa necesidad”. La amputación para salvar la vida. Y frente a la reacción (no evaluada previamente) surge la segunda acción: deshacer lo hecho. Doble trabajo, doble costo.
El primer caído es el capital de la confianza que tienen los aliados y el incremento del rechazo de los adversarios, enemigos, opositores, críticos. A nadie escapa el costo social de esa desconfianza.
En otros términos, te digo que sí o sí vamos para allá y, como no había leído el pronóstico, en el camino llueve y entonces vamos para otro lado. Preparaste la valija para temporada de verano y terminamos en la nieve. Todo mal: pagué y no puedo salir del hotel.
Veamos lo que deja el día. El secretario de Energía, con acuerdo del Presidente, autorizó a las empresas a facturar expost un plus sobre el gas consumido y ya pagado. Problema jurídico.
Ese plus estaba dirigido, finalmente, a que las empresas concesionarias de la extracción de gas puedan beneficiarse de la devaluación.
La “gentileza” de las petroleras, obtenida en la primera negociación, fue que los consumidores podrían pagar el adicional de compensación por la devaluación en 24 cuotas. Con intereses de 47,50%.
Mauricio Macri dijo: “La energía hay que pagarla. Aquello que te regalan, a la larga va a costar más”.
Clarito. Estamos haciendo lo que hay que hacer, gangrena, amputación y, si no, final de juego.
Dijo: “Soy el primero en saber lo que está costando, pero es el camino correcto. No podemos mentir más (?) Un país sin energía no tiene futuro (?) Me desvela que cumplamos las cosas en las que nos comprometemos. Suelo escuchar a gente que propone cosas demagógicas, que son mentiras y que nos van a llevar de vuelta a los mismos problemas que tenemos desde los últimos setenta años”. Porque no hay un camino alternativo.
A las pocas horas de estas declaraciones, el Gobierno desistió de intentar el cobro a los consumidores de un adicional a lo ya pagado. Para no enfrentarse con las empresas, deshizo lo que “hay que hacer” pero pondrá dinero con destino final a las petroleras.
Un subsidio que, según el marketing, es a los consumidores y para otros es un subsidio a las empresas productoras.
Para sostener una posición u otra hay que conocer los costos reales. De lo que no hay duda es que es un subsidio que lo paga el Estado. Más serio: las empresas aceptarían hacerse cargo de una parte. ¿Y entonces?
En la terminología PRO, esta nueva decisión que revierte el cobro a los consumidores propuesto por Javier Iguacel y lo pone a cargo del Estado y las empresas, son “cosas demagógicas, que son mentiras y que nos van a llevar de vuelta a los mismos problemas que tenemos desde los últimos setenta años”. Pero, a pesar de pensar eso, lo hacemos igual.
Una vez más “haciendo lo que vamos a deshacer”.
El Gobierno se hace cargo de parte “de la deuda”. La abonará en 30 cuotas hasta el 2021. Una vez más la mecánica de no medir las consecuencias.
Esto tiene que ver con el modo de gobernar, el aislamiento, la debilidad conceptual de gobernar sin escuchar todas las voces. Sin estudiar a fondo los problemas.
En esta discusión se decide quien paga. Pero no se discute lo principal. ¿Cuál debería ser el precio del gas en boca de pozo y cual es el costo del concesionario?
¿Cuánto cuesta extraer el gas y el petróleo del subsuelo? Todavía rige la respuesta del ex ministro Juan J. Aranguren en el Congreso. “No sé”, dijo. El ministro no pudo, no supo, no quiso responder.
Sin embargo, las empresas conocen los costos de extraer gas y petróleo. Si no los conocieran serían irracionales. Y no lo son.
Lo que nos pasa es que, hace mucho tiempo, los dirigentes de la política han comprado la “doctrina” de que los precios del gas y el petróleo deben alinearse con los precios internacionales y los costos no importan. Eso es la dolarización de este insumo estratégico.
Esto es lo que se trata de imponer para un bien (o un servicio) que sólo se importa en períodos de alta demanda (dejando a un lado un porcentaje básico), que se extrae de bajo tierra y del que casi todo el trabajo es local y se paga en pesos
La explotación del gas y del petróleo son concesiones. El Estado cede por un determinado plazo la explotación de los yacimientos y lo hace en función de contratos.
La lógica de la concesión no es entregar en propiedad lo que está en el pozo, sino remunerar al concesionario por su trabajo de extracción y puesta a disposición de los que serán los usuarios.
Esas tareas tienen un costo (operación, amortización, lógica rentabilidad) y nadie puede dudar de la sensatez de este planteo.
Pero, ¿cuál es la lógica de remunerar al precio internacional, por ejemplo, del petróleo o al precio del gas que importamos? Repsol compró YPF a más o menos US$ 10 el barril y hay contratos locales de provisión de gas a largo plazo que se firmaron muy por debajo de los US$ 2 el MBTU.
Además, el precio del petróleo, oligopólico, fluctúa con las tensiones geopolíticas. ¿Dónde está el mercado? Por otra parte, mientras en Estados Unidos el MBTU de gas natural se cotiza entre US$ 2 y US$ 3, el ministro Dante Sica afirmó, en Clarín, el domingo pasado, que “Vaca Muerta tiene costos que nos permiten tener niveles de productividad similares a los de Estados Unidos”. Además merece indagarse si no es posible explotar el gas convencional a menores precios. Pero, como es obvio, mientras el Gobierno mantenga subsidios extraordinarios para Vaca Muerta no habrá más inversiones en convencional donde las reservas existentes, y ante el aluvión de gas que promete Vaca Muerta, dejan de tener sentido y deberían explotarse para paliar los costos de la importación por indisponibilidad de esa oferta.
Un capítulo central, del debate necesario de políticas de Estado, es discutir en profundidad toda la cuestión energética. Repensarla. Transparentar concesiones, costos, auditar, cumplir las funciones obligatorias del Estado concedente.
Y ser conscientes de la enorme capacidad de lobby del sector energético que condiciona la información y las decisiones públicas.
Los “cuadernos” pusieron al descubierto el peso y la capacidad de lobby de los concesionarios que, paradójicamente, obtienen todo su poder económico y político, de lo que les brinda el Estado, la política y la burocracia.
Obra pública, energía, transporte, sistema financiero, servicios varios, son “concesiones”; y desde hace décadas han condicionado todas las políticas. El estilo Penélope de gobernar, además de improvisación como avisamos más arriba, denota la “prueba y error” de la presión del lobby. Vamos hasta donde aguante.
No está bien como cultura de Gobierno y pone en evidencia la debilidad de un Estado que no programa y no forma consensos. Lamentablemente no es el PRO. Es la ausencia de la política.
