Por Sebastián Senlle
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos (conocido también por sus iniciales, IIBB) es uno de los más cuestionados del frondoso sistema tributario nacional. La reforma tributaria, trabajosamente convenida entre la Nación y las provincias en 2017, prometía su transformación gradual, bajando las alícuotas máximas permitidas para las actividades intermedias hasta convertirlo en un impuesto sobre las ventas finales.
Sin embargo, la necesidad de una corrección más acelerada del déficit fiscal impuesta por la crisis, que implica llegar a un Presupuesto en equilibrio primario, ha puesto en tela de juicio este cronograma de rebaja.
El Gobierno aceptaría ceder en la rebaja de otros impuestos como Bienes Personales, pero insiste en mantener el esquema pautado para IIBB. Sin embargo, al ser un impuesto recaudado por las provincias, los gobernadores reclaman suspender la baja para no ver afectada su recaudación tributaria.
¿Por qué es tan cuestionado?
El punto más perjudicial de los IIBB es que la alícuota del impuesto (que varía según la provincia y el rubro) se aplica sobre el monto facturado por la empresa, sin poder descontar gastos de servicios, compras o insumos adquiridos para su producción. A diferencia del IVA (en el que las empresas declaran sus ventas y restan sus compras como “crédito fiscal”, tributando por la diferencia o “valor agregado”) o de Ganancias (en que las firmas pueden descontar sus principales gastos), en IIBB el impuesto se aplica sobre el total facturado.
Esto genera un perjuicio para las actividades que requieren varias etapas de producción en su cadena de valor: en cada paso intermedio, el impuesto vuelve a cobrarse, repitiendo la base imponible sobre la que se aplica y castigando especialmente a los bienes más complejos.
El incentivo, entonces, es a la integración vertical, es decir que una misma firma se ocupe de todas las etapas de la cadena de producción para evitar así repetir el pago, lo que afecta especialmente a las firmas más chicas que operan en segmentos específicos de la cadena productiva.
El impuesto genera otros efectos perversos. Al tributarse en origen, afecta la competitividad y desfavorece relativamente a las exportaciones en relación a los bienes finales importados, que sólo pagan IIBB en su etapa final (al ser comercializados).
Además, como cada provincia cobra alícuotas distintas y puede retener sumas por adelantado, obliga a las firmas a darse de alta en cada jurisdicción que operan, asumir engorrosos trámites administrativos y liquidaciones individuales para cada provincia y las expone a percepciones y retenciones varias, que muchas veces no logran recuperar. Incluso, la mayoría sufre retenciones en concepto de “pago a cuenta” cada vez que les ingresa un pago a sus cuentas corrientes, a través del SIRCREB, desalentando la bancarización.
Entrevistado por El Economista, Gustavo Lazzari dijo que sería “un retroceso muy triste” y “muy costoso para la economía” si los gobernadores logran imponerse y retroceder en la rebaja de IIBB. “Demuestra una voracidad fiscal insostenible”, agrega. “Es el impuesto más distorsivo y regresivo de toda la estructura tributaria”, concluye
“Este perverso sistema transforma a los fiscos locales ?que literalmente mete la mano en los bolsillos de las empresas? en acreedores que colocan todo tipo de trabas para no devolver las sumas adeudadas”, explica el abogado Diego Fraga, socio del estudio RCTZZ Abogados.
IIBB ha dado lugar a “un sistema de liquidación con errores (atribución indebida de base imponible a provincias, carga administrativa excesiva) y extremadamente complejo, porque la resolución de diferencias entre fiscos y los contribuyentes ha resultado poco ágil”, reconoce el importante informe del Ministerio de Hacienda publicado el año pasado tras acordar la reforma fiscal.
Las provincias resisten
La baja originalmente consensuada proponía disminuciones progresivas de la alícuota máxima para cada actividad, con especial foco en las primarias o intermedias. Agricultura y ganadería, por ejemplo, quedaría exenta a partir de 2020, el transporte en 2021, la industria manufacturera bajaría a un tope de alícuota de 1,5% en 2019 y quedaría exenta en 2022 y la construcción bajaría de 3% a 2% en dos años.
El impuesto, en cambio, mantendría una alícuota máxima del 5% para el comercio, hoteles y restaurantes, lo que lo transformaría, en la práctica, en un impuesto sobre las ventas finales, eliminando en última instancia el “efecto cascada”.
No obstante, al ser el principal impuesto cobrado directamente por las provincias, resulta esperable la reticencia de la mayoría de los gobernadores a proseguir con su rebaja en un contexto de ajuste fiscal más acelerado. El Ministerio de Hacienda estimó el año pasado que alrededor del 75% de los ingresos provinciales surgen de IIBB, contra apenas 7% de Impuesto Inmobiliario o 6% del Automotor. Las jurisdicciones, entonces, salen como reflejo a cuidar su caja y pedir
que el ajuste pase por otro lado.
“El éxito del Consenso Fiscal depende de su vigilancia permanente tanto por las partes signatarias como por la sociedad civil y debemos trabajar todos juntos en pos de su cumplimiento”, explicaba en un reciente artículo el economista y ex viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani.
“Para poder bajar impuestos, hay que persistir por años en el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y la sociedad tiene que exigir eso. Que el gasto en relación al PIB baje todos los años. Solo así se podrá bajar impuestos”, dice Sebastián Galiani (Universidad de Maryland) en diálogo con El Economista
Sin embargo, en el marco de las arduas negociaciones para llegar a un Presupuesto con déficit cero, el Consenso Fiscal, apenas un tiempo después de acordado, pende de un hilo. ¿Podrá, por una vez, el largo plazo ganarle a las urgencias de la coyuntura?
