El Gobierno sumó fondos sociales, pero no logró desactivar protestas

La ministra Stanley dará un plus de $2.700 para la AUH y un refuerzo para comedores sociales

 

La crisis y las medidas de ajuste golpean. La inflación en alza dejó muy atrás los aumentos paritarios y las actualizaciones de las prestaciones previsionales y sociales. La consecuencia será un fuerte aumento de los índices de pobreza e indigencia, reconocido incluso por el presidente Mauricio Macri, ayer, durante su mensaje. Y también de la conflictividad social. En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Social anunció una serie de paliativos: dos bonos por $2.700 en total para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, un refuerzo para merenderos y comedores, y la renovación de Precios Cuidados, entre otras medidas. Sin embargo, las organizaciones sociales consideraron insuficientes los anuncios y ratificaron las protestas lanzadas hace pocos días.

 

Paliativos

 

La AUH no tendrá un aumento de emergencia, como reclaman los movimiento sociales. En cambio, la ministra Carolina Stanley informó que sus beneficiarios recibirán un adicional de $1.200 en septiembre por cada chico y $1.500 más en diciembre, que alcanzará a unos 3,9 millones de niños. Desde su cartera, precisaron que, de esta manera, “más de un millón de familias recibirán un plus de $2.700, 600.000 familias recibirán $5.400, 278.000 familias $8.100, 105.000 familias $10.800 y 47.000 familias $13.500”.

 

Este mes, la asignación recibirá la suba trimestral dispuesta por la nueva fórmula de movilidad pautada en la reforma previsional: será del 6,68% y elevará ingreso de $1.578 a $1.684 por hijo (y a $5.491 por hijo con discapacidad). Así, el alza interanual del 19,2% en la prestación quedará al menos 12 puntos por debajo de la inflación del período.

 

Simultáneamente, Desarrollo Social incrementará a $5.750 durante este mes y a $6.000 en diciembre el monto de los planes sociales que tiene a su cargo (unos 400.000).

 

Por otra parte, Stanley anunció un refuerzo en la entrega de alimentos a merenderos y comedores a los más de 1.200 espacios que reciben asistencia del Estado. “Sabemos que la inflación golpea más fuerte a las familias que menos tienen. Y no podemos concebir que haya más hambre en nuestra Argentina”, dijo.

 

Con la intención de morigerar el traslado de la devaluación a los precios de la canasta básica, el Gobierno también renovará el 6 de septiembre el programa Precios Cuidados, que no demostró gran eficacia este año para contener la inflación. “Estamos trabajando con las empresas productoras de alimentos y los supermercados para mejorar el surtido de los productos que integran el programa”, señalaron desde el Ministerio. En la misma línea, plantearon que buscarán extender a más localidades del Gran Buenos Aires “El Mercado en tu Barrio”, una iniciativa que permite al productor de alimentos vender sus productos en forma directa al consumidor en ferias y mercados. Sin dar mayores precisiones, también informaron que buscarán ampliar los Créditos Argenta que otorga la Anses, por los cuales los jubilados pueden pedir hasta $80.000 en 24, 48 o 60 cuotas y los beneficiarios de la AUH y de las Asignaciones Familiares, de $6.500 por hijo en 24 cuotas.

 

Rechazo y protestas

 

Lejos estuvo el anuncio de contener las demandas de las organizaciones sociales, que rechazaron en bloque las medidas y ratificaron el plan de lucha para las próximas semanas. “Las protestas van a tener más intensidad porque el impacto de la devaluación no lo atempera este anuncio absolutamente insuficiente”, le dijo a El Economista Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie.

 

El cronograma de protestas coordinado por la CTEP, la CCC, Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán –junto varias decenas de movimientos de menores dimensiones– y anunciado el viernes pasado incluye una movilización a la Anses este jueves; una “Gran Olla Popular en 9 de Julio y Avenida de Mayo” el miércoles 12 de septiembre para reclamar el tratamiento de las cinco leyes que impulsa el sector: Emergencia Alimentaria, Infraestructura Social, Agricultura Familiar, Integración Urbana y Emergencia en Adicciones; una marcha a Energía para exigir “retrotraer las tarifas a diciembre de 2015 y también para pedir la ampliación de la tarifa social”; y culminará el 25 de septiembre con la “adhesión y apoyo al paro general de la CGT con participación activa en todas las rutas del país”.

 

“La salida tiene que implicar una ruptura del acuerdo con el FMI, un congelamiento de los precios de la canasta básica, aumento de emergencia para los programas sociales y una mesa de diálogo. Hoy no hay un diálogo acorde a la gravedad de la situación social, que está a unos pasos de convertirse en una crisis política importante”, concluyó Menéndez.

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