El Gobierno anunció ayer un nuevo acuerdo con el FMI y no quedan dudas de que la injerencia del acreedor sobre el diseño de la política económica del deudor será mayor a la anterior. Eso, por motivos varios, resuena como una noticia negativa. Esa línea argumental, altisonante pero imprecisa, es la que recorre hoy (y en los tiempos futuros) la oposición. “Es lógico que la oposición critique la pérdida de soberanía, porque es una consigna fácil de agitar y que apela a lo emotivo”, dice Ignacio Labaqui (UCA y Ucema) ante El Economista.
A la vez, Labaqui apunta a que el acuerdo anunciado ayer es más una negociación, que una cesión. “Obviamente la ayuda del FMI está atada a condiciones, pero surgen de un proceso de negociación. Es difícil saber cuanto del acuerdo original fueron las condiciones del FMI y cuanto surgió de propuestas del Gobierno. Uno tendería a pensar que el FMI tuvo más peso en las condiciones referidas a la política cambiaria y a las metas de reservas netas, y que el Gobierno fue el que fijó los criterios de desempeño en materia fiscal. De hecho, el acuerdo original contemplaba la meta fiscal de 2,7% del PIB, que había sido anunciada antes de ir al FMI”, dice.
Lógicamente, en el Gobierno tienen otra lectura. El que lo dejó visiblemente claro fue el Presidente. “Espero que todo el país termine enamorado de Christine”, dijo Mauricio Macri, el lunes pasado, en el Atlantic Council, en alusión a la Directora Gerente del FMI. Esa frase también habilita lecturas varias. La más obvia, que el acuerdo será positivo para el país en el corto plazo, y también en el largo. La perfección se cierra con la comunión de intereses entre unos y otros. Por ejemplo, Macri es tan fiscalista como el propio FMI y, hasta 2018, no supo, no pudo o no quiso ponerle el cascabel al gato. Ya no hay opciones.
Por eso, otra lectura, más subrepticia (y no confesada), es que el Stand-By Agreement 2.0 proveerá un plan (certero y vinculante) sobre cómo rumbear una política económica que, hasta ahora, fue errática y volátil. Además, claro, de constituir una coartada perfecta. Sin acatamiento a rajatabla, no llegarán los desembolsos necesarios.
Ese plan que el propio Gobierno nunca quiso desplegar, más allá de las metas cuantitativas (que en su mayoría no se cumplieron), porque traía reminiscencias a los planes de los '80 o '90 y, también, para asegurarse sus márgenes de maniobra discrecionales. Hoy, FMI mediante, hay un camino más balizado y detallado.
A la vez, el círculo se cierra con una centralización de la política económica en el eje Hacienda-FMI, con el empoderado Nicolás Dujovne como pivot ineludible. Ya no quedan márgenes, siquiera finos, para el “ala política” (cuyo elenco, por otra parte, fue menguando), o el duranbarbismo, para inmiscuirse en los asuntos económicos.
Las visiones
Según Matías Carugati (Management & Fit), “económicamente, el acuerdo 2.0 tiene algunas cosas a rescatar”. Primero, dice, “trae certidumbre, ya que conoceremos con más precisión cuál será la política económica y si ésta logra tener, finalmente, más consistencia dinámica”. Segundo, agrega, “debería lograr la aceptación esquiva de los inversores externos, ya que habrá un duro auditor para la conducción económica de un país rebelde como Argentina”. Por último, advierte: “Ahora bien, los detalles y la implementación importan. No hay margen para acumular errores, ya que haber pedido asistencia al FMI es la bala de plata y no se ven alternativas no dolorosas disponibles en el menú de opciones”.
“La discusión no tendría que ser si acudir al FMI implica la pérdida o no de soberanía, sino los motivos que nos llevaron a tener que acudir a él y si las medidas adoptadas van en el sentido correcto”, dice Alejandro Kowalczuk desde Argenfunds. Allí sobresale el famoso gradualismo. “El Gobierno apostó a ajustar gradualmente el principal problema que tiene nuestro país: el déficit fiscal. Ese problema es el que en definitiva nos llevó a tener niveles de inflación elevados (a través de su monetización) y un creciente endeudamiento externo”, dijo ante El Economista y recordó que, entre 2016 y 2018, Argentina se ubicó primera en el ranking de emisión de deuda internacional, según un informe de Bloomberg.
“Resumiendo, lo que nos condujo al FMI fue no hacer las cosas que por propia convicción del Gobierno, o por restricciones políticas, se debieron hacer desde un primer momento y son estas cosas las que ahora nos comprometemos a realizar ante el FMI a cambio de los desembolsos pactados, después de dos años de colocaciones de deuda más que significativas y mantener un nivel de déficit que, según el comportamiento del propio mercado, se tornó insostenible y nos condujo al cierre de los mismo”, concluyó.
