En un estudio que ya tiene varios años, Allan Drazen y Alberto Alesina argumentaron que en numerosas ocasiones la estabilización económica se demora cuando dos grupos opositores están atrapados en una guerra de desgaste. Es decir, todos comprenden que un ajuste es necesario, pero cada uno espera que el otro grupo pague los costos del ajuste. Algo así pasa hoy entre el Gobierno y los empresarios. Más allá de que estos últimos votaron (en su mayoría, claro) a Cambiemos en 2015, y volverían a hacerlo en 2019, los intereses, en el corto plazo, chocan, más allá de que el Gobierno diga que detesta subir impuestos. En rigor, chocan la necesidad, por un lado, de equilibrar las cuentas públicas y, por el otro, el reclamo empresarial (y extensivo a otros actores de la sociedad) de que una suba ulterior de la ya elevada presión impositiva sea el camino para lograr ese equilibrio fiscal.
Por estos días, esa tensión está más viva que nunca. “Como dijimos en nuestro comunicado del 6 de agosto, es imprescindible el equilibrio fiscal, pero éste debe lograrse a través de la reducción del gasto público y no mediante el aumento de impuestos”, señalaron las principales entidades empresarias del país, nucleadas en el Foro de Convergencia Empresarial (FCE). Allí figuran, entre otras, Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), la Sociedad Rural e IDEA.
“El gasto público como porcentaje del PIB se ha incrementado en el período 2008 -2015 en todas las jurisdicciones y se ha mantenido desde entonces en dichos niveles en las provincias y municipios”, dicen, críticos, los empresarios.
Ante esta situación vemos con preocupación que se propone dar marcha atrás en la baja de impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios y el Impuesto de Sellos. Si bien esta rebaja fue aprobada en un Consenso Fiscal en el mes de noviembre 2017, algunas jurisdicciones aprovecharon para aumentar las tasas en el impuesto a los Ingresos Brutos o están pensando en hacerlo”, dicen.
“Nuevos gravámenes, impuestos, revaluaciones en la propiedad inmobiliaria, la no aplicación del ajuste por inflación impositivo y otras medidas similares implican aumentos en la presión tributaria”, explicitan.
Los legisladores y los representantes públicos (tanto a nivel nacional, provincial como municipal) tienen la responsabilidad de cuidar y velar por los intereses de los ciudadanos y contribuyentes que los han votado y designado, agrega el comunicado. “Es necesario el esfuerzo de todos los argentinos para equilibrar las cuentas públicas procurando una política de gastos austera y eficiente. Es imprescindible evitar los atajos fáciles que implican las sucesivas subas de impuestos a quienes ya soportan una enorme carga tributaria”, dicen y piden: “Este esfuerzo debe ser compartido por la Nación, las provincias y los municipios”.
“Consecuencia de ese enorme gasto público es que Argentina actualmente paga en impuestos 7% del PIB por encima del promedio de América Latina (U$S 30.000 millones por año). Se trata de una carga adicional que complica mucho la actividad económica e impide o dificulta nuevos emprendimientos. Por eso es necesario avanzar hacia un gasto público eficiente en los distintos estratos de la administración pública para que con un sistema tributario más competitivo y equitativo, se pueda promover la inversión, el crecimiento y sobre todo la generación de empleo genuino, única forma de reducir la pobreza que afecta a nuestro querido país”, concluyen los hombres y mujeres de negocios.
