Hoy viernes finaliza la tercera semana de medidas de fuerza de los gremios docentes universitarios en todo el país. Se trata de un conflicto salarial que alcanza a 57 casas de estudios y 190.000 docentes.
Luego de la última reunión paritaria realizada el pasado 13 de agosto, en la que el ofrecimiento por parte de las autoridades educativas fue 15% de aumento a noviembre, los gremios profundizaron el plan de lucha.
En un intento por desactivar las medidas de fuerza, desde el Ministerio de Educación convocaron a los gremios a una reunión el próximo lunes 27, la cual estará encabezada por el ministro Alejandro Finocchiaro.
El miércoles pasado, decenas de miles de manifestantes se lanzaron a las calles de la ciudades de Córdoba y Rosario para manifestarse contra la baja salarial. Tres rectorados permanecen tomados.
Hoy los gremios realizarán una conferencia de prensa conjunta en la Plaza de Mayo a partir de las 9 horas, para convocar a una marcha nacional en defensa de las universidades nacionales el próximo 30 de agosto que partirá desde el Congreso de la Nación hasta el Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educación de la Nación. En horas después del mediodía, cada gremio (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA) tendrán sus respectivos plenarios para definir su curso de acción. El Secretario General de CONADU Histórica, Luís Tiscornia sugirió ante El Economista, que seguramente la semana próxima también realicen paros.
“Tuvimos un aumento del 5% en mayo, en la última reunión nos informaron que nos darían otro 5,8% en agosto a cuenta”, explicó Tiscornia. “Con las estimaciones de inflación por encima del 30%, estamos hablando de una pérdida de salario de entre 15 y 20 puntos”, razonó.
Pero las preocupaciones entre los referentes gremiales no terminan en la cuestión salarial. Señalan al mismo tiempo que las partidas presupuestarias en torno a infraestructura fueron demoradas y que además hubo un recorte presupuestario en torno a “3 mi millones de pesos”.
El presupuesto total para las universidades es de $103.000 millones para el corriente año. De los cuales entre el 80% y el 90% se destina a salarios.
Carlos De Feo, titular de CONADU, contó a este diario que circuló semanas atrás la información de que el Gobierno Nacional estipula un aumento presupuestario para las universidades del 7,3% para el año 2019. “Eso no solo sería pérdida salarial, tal vez implicaría pérdida de puestos de trabajo también”, dijo. “Si del presupuesto destinado a universidades el 90% se destina a salarios, un aumento presupuestario del 7% podría significar menos trabajo”, razonó De Feo.
El conflicto también alcanza a 60 establecimientos educativos, preuniversitarios, entre ellos mayormente colegios secundarios en todo el país.
“En virtud de la cantidad de días perdidos debido a las últimas medidas de fuerza gremiales hemos decidido extender la financiación del tercer trimestre del primero a quinto año y del segundo cuatrimestre del sexto año hasta el 7 de diciembre”, informaron autoridades de la cartera educativa en un breve comunicado La mirada oficial En medio de un contexto económico a la baja, y con la meta del 1,3% de déficit en el horizonte del 2019, todas las áreas del Estado cuidan sus presupuestos. Según informaron fuentes oficiales de la cartera educativa ante este medio, “el objetivo de la Administración Nacional es que todos los sectores ganen poder adquisitivo, entre ellos los docentes universitarios”. En Educación recuerdan que los aumentos salariales del 34% y 23% más cláusula gatillo en 2016 y 2017 respectivamente, aunque la inflación del 2016 superó levemente el 40% y las del 2017 se ubicó en torno al 25%.
“En los dos últimos ejercicios presupuestarios se consolidan la totalidad de los acuerdos salariales alcanzados. Esto nos permitió concentrar la discusión en items como la jerarquización, la capacitación, la formación de posgrados la mejora de la dedicaciones del personal universitario”, explican desde la cartera educativa.
“El presupuesto universitario presentado este año es equivalente al 96% (esto es un récord) de los solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional”, razonan en el área que comanda Finocchiaro.
En la misma línea agregan: “El Gobierno no es el empleador de los docentes. Ellos son contratados por las universidades. El Gobierno solo puede incidir en el presupuesto general, pero no determina la cantidad de docentes que cada casa de altos estudios contrata”.
