Las reglas que se negocian para “modernizar” el Nafta

Resucitó el interés por retomar y concluir la negociación del nuevo Nafta

 

Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista

 

En los primeros días de agosto, cuando los gobiernos de América del Norte dejaron de pelear por ciertas payasadas mercantilistas, y a despejar sobresaltos de la política como las elecciones presidenciales de México, resucitó el interés por retomar y concluir la negociación del nuevo texto de Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio (identificado por su sigla inglesa Nafta). Según Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México, este clima hizo posible concluir 20 de los 30 los capítulos que integran la versión revisada. Ahora, los protagonistas esperan cerrar todo el trato a fines del corriente mes y firmarlo antes del cambio de Guardia en el Palacio Nacional, el 1ero. de diciembre. Ello obliga a encarar de inmediato los temas difíciles que, como se verá, no son pocos.

 

Entre 1993 y 2015, el comercio entre las naciones del Nafta pasó de US$ 288.500 a US$ 1.034.ooo millones, lo que supone un aumento nominal del 258,5 % o uno real de 125,2 %.

 

Contra lo que dice la liturgia mercantilista de Donald Trump y sus apóstoles, son dos o algo así las naciones con las que Estados Unidos suscribió acuerdos de libre comercio e incurrieron en el delito de tener un significativo superávit de intercambio. En realidad, la porción central de su voluminoso desequilibrio en el comercio de bienes, hoy (2017) situado en más de US$ 810.000 millones, no proviene de estímulos generados por reglas de libre comercio, sino de la incapacidad estadounidense de competir con los que son sus principales abastecedores (por ejemplo la UE y China), el primero de ellos exponente de la mano semiinvisible del capitalismo tradicional y el otro un exponente de “mano visible” en la configuración de su economía socialista de mercado. El padre de la economía moderna hablaba de la “mano invisible”.

 

Además, si bien las ventajas de la liberalización regional no se esparcieron en forma pareja en todos los rincones del Nafta, ello responde a problemas económicos nuevos como las diferencias de productividad tecnológica y los efectos de la robótica en la contratación de mano de obra. El grado de conciencia acerca de tales hechos explica la presión que ejercen los referentes estadounidenses del poder legislativo, la dirigencia política y el mundo empresario para lograr que Trump deje de patotear a los aliados estratégicos y socios comerciales de su país y dedique los esfuerzos oficiales a buscar soluciones aptas para crear, no para destruir el comercio, la inversión y las grandes instituciones que les dan sustento como la OMC y los acuerdos regionales.

 

Las tres naciones que son parte del Nafta (Canadá, Estados Unidos y México) exhiben enorme fogueo para definir estas lides, ya que todas participaron con éxito en la redacción y aprobación de la Asociación Transpacífica (TTP en inglés) compuesta entonces por doce naciones, entre ellas tres de América Latina (México, Chile y Perú). El único país que tras liderar el proceso decidió abandonar el barco, fue el que conduce Donald Trump, quien ahora se debe estar preguntando para qué hizo semejante pavada al ver, en forma tardía, que el aludido exabrupto lo llevó a quedar fuera de una ambiciosa oportunidad económica y a regalarle a China el control geoestratégico del Asia. Una verdadera genialidad.

 

Según colegas que están en la línea de fuego, y el contenido de un resumen elaborado por dos especialistas de la Cato at Liberty Foundation de la ciudad de Washington, difundido el 9 de agosto, los hechos pintan, “en principio”, del siguiente modo. La fórmula Trump de negociar acuerdos bilaterales por separado, primero con México y luego con Canadá para después retornar al formato trilateral, no está cubierta por la Ley vigente de Promoción del Comercio (fast-track). Bajo esas reglas, el Gobierno de Trump sólo puede negociar o actualizar un acuerdo trilateral como el Nafta. Si desea aplicar un enfoque distinto, el Poder Ejecutivo necesitaría una nueva ley, la que le sería muy difícil de obtener.

 

Por otra parte, los gobiernos saliente y entrante de México, en especial el negociador Jesús Seade, designado por el Presidente electo de ese país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como el de Canadá, desean preservar el formato trilateral del acuerdo, ya que la actual división de trabajo del Nafta funciona muy bien para el sector empresario y permite sincronizar las actividades de los tres mercados. Eso está más que probado en el sensible caso del sector automotriz, uno de los huesos más duros y centrales de roer en la presente negociación. México y Canadá también descreen que sea aceptable la idea estadounidense de hacer opcional el sistema de Solución de Diferencias del Nafta o crear un status especial para el concepto legal de soberanía que tiene Estados Unidos, donde las le
yes nacionales tienen precedencia respecto de los tratados internacionales, algo que tarde o temprano habrá de estallar en todos lados, la OMC incluida.

 

A los socios de Washington tampoco les cae bien la cláusula de terminación automática del acuerdo a los cinco años (sunset clause), la que permitiría voltear su vigencia si no hay unanimidad entre sus miembros para que el Nafta siga adelante. Ningún inversor serio de capital físico habrá de entusiasmarse ante la perspectiva de entrar a un mercado sin seguridad jurídica, que depende de la reacción hepática de sólo uno de sus miembros. Iguales reparos existen hacia la idea de crear un mecanismo de solución de diferencias que admita el litigio entre el inversor y el Estado para resolver problemas derivados de la preservación de la propiedad, aunque en este campo habría cierta disposición a estudiar soluciones sectoriales. A Washington le preocupa el riesgo de sorpresivas estatizaciones o nacionalizaciones en el campo de la energía que se privatizó en los últimos años (empresas de petróleo y gas por ejemplo), asunto sobre el que hizo reiterado hincapié, en su campaña política, el Presidente electo de México. Quizás habría margen para establecer un mecanismo de revisiones periódicas sobre la marcha del Acuerdo, siempre que ello no derive en la terminación del mismo.

 

Los analistas de Cato ven otras sensibles asignaturas pendientes. En el sector automotriz son que la Casa Blanca quiere que la libre circulación de insumos, partes y bienes terminados con arancel cero se encuentre sujeta a una producción regional mínima del 75% (la actual es de 62,5%). Las otras condiciones serían que el 40% de los vehículos livianos y 45 % de las pick-ups y camiones resulten originarias de plantas que al menos le paguen 16 dólares por hora de trabajo a sus operarios, idea que eriza a México. Estados Unidos supone que esa modalidad puede tener el efecto de desplazar la inversión automotriz a Estados Unidos y Canadá, mientras otros estiman que resultaría más negocio pagar directamente el arancel de 2,5% que grava a la importación del auto terminado, siempre y cuando el zafarrancho de considerar a ese sector como un asunto de Seguridad Nacional, sea historia. El Congreso estadounidense hace fuerza para bloquear tal criterio.

 

En las compras del Estado, el Gobierno de Trump quiere aplicar reciprocidad dólar por dólar para acceder a ese gigantesco mercado, ya que en caso de no prosperar tal receta, sugeriría eliminar las compras públicas de las concesiones del Nafta.

 

Sobre las restricciones agrícolas de Canadá, la Casa Blanca desea romper la tradicional política de administración de la oferta agrícola que practica Canadá en los sectores de carnes de pollo, pavo, huevos y lácteos. Salvo que se conforme con un gesto simbólico, ello puede devenir en conflicto mayor.

 

Sobre la manipulación cambiaria, existe duda acerca de si resulta posible incluir una cláusula sobre el tema, en particular para los casos en que la Secretaría del Tesoro estadounidense estime que los bancos centrales utilizan esa herramienta con fines competitivos. En el G20 y la OMC se discutió mucho esa cuestión.

 

Otros asuntos de sensible o dudosa definición son: las normas sobre propiedad intelectual, como las aplicables a las denominadas drogas biológicas (cuyo definición científica a nivel internacional está pendiente); las limitaciones vigentes sobre el nivel de participación extranjera en las telecomunicaciones; el comercio electrónico; un capítulo sobre “buenas prácticas” que parece cerrado sin que nadie sepa qué tiene adentro (lo mismo parece suceder en el G20); empresas del Estado (en apariencia se trasplantaría tal como está el texto aprobado en el Acuerdo TPP); estándares laborales y ambientales, sobre lo que los lobistas de Washington hacen un punto central, ya que son cruciales al definir los incentivos para localizar inversiones. Pero que sea el actual Gobierno de Estados Unidos el que exija a los demás reglas sobre política ambiental y laboral parece chiste. Unicamente si el precedente inventario se enuncia ahora como objetivo y es negociado en detalle más adelante, sería posible terminar el acuerdo a fines de agosto. Los milagros de política comercial no ocurren todos los días.

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