Por Atilio Molteni Embajador
El pasado 2 de junio, Pedro Sánchez, el actual líder de la socialdemocracia, devino en el séptimo presidente del Gobierno de España. Su inesperado y rápido triunfo se originó en una moción de censura en el Congreso de los Diputados que él mismo presentó contra su antecesor Mariano Rajoy. La propuesta contó con 180 votos favorables de su Partido, del que era Secretario General (el PSOE); de Unidos Podemos, de tendencia populista; del Partido Nacionalista Vasco (PNV), del Nueva Canarias y de los partidos independistas de Cataluña. Con ello superó a los 169 votos del Partido Popular (de centro derecha) y de Ciudadanos (de derecha). Sólo hubo una abstención.
De acuerdo al modelo democrático de la Constitución española, su designación responde a la regla que establece que una moción de censura a un Presidente debe venir con la simultánea presentación un candidato para sustituirlo, en este caso el propio Pedro Sánchez.
El cambio de Gobierno trae consigo una sustancial modificación política al originarse en un mero proceso o procedimiento constitucional, no en el resultado de un proceso eleccionario. El mecanismo disparador de estos hechos fue la reciente sentencia del caso “Gürtel”, cuya conclusión aportó los elementos que socavaron la credibilidad del expresidente Mariano Rajoy, quien compareció ante la Justicia como testigo, en un gesto sin precedentes para un mandatario en funciones. Aunque la condena penal estaba sólo circunscripta a personas vinculadas con dos municipios de Madrid, el dictamen mencionó la responsabilidad general del Partido Popular que él conducía.
Sugestivamente, seis días antes de este hecho, Rajoy había conseguido apoyo legislativo multipartidario para la aprobación del presupuesto de Estado, un respaldo que incluyó a los miembros del PNV, puesto que el proyecto contenía fondos sustanciales para esa región de España.
Tal votación hizo suponer, erróneamente, que esa fracción no estaría a favor de la moción de censura al originarse en un Gobierno que garantizaba estabilidad política y económica a dicha comunidad. Este realineamiento de posiciones trajo votos decisivos para concretar el cambio de gobierno nacional.
Sánchez también recibió el apoyo del independentismo catalán, cuyos miembros buscaban un nuevo trato político. Ello sucedía mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lograba acabar con la aplicación práctica del artículo 155 de la Constitución, pues éste pudo integrar, finalmente, un gobierno formado por distintos consejeros y había pedido a Pedro Sánchez que muestre mayor disposición al diálogo. No obstante tal acercamiento, el independentismo catalán es el principal desafío que deberá enfrentar el nuevo presidente de España, quien hereda los mismos conflictos que tuvo la gestión saliente.
Durante los siete años de su gobierno, el ex presidente Mariano Rajoy fue capaz de resistir innumerables ataques políticos contra su gestión e investidura, sin que ello afectara el nivel de dignidad con que manejó sus funciones. Sólo al toparse con el caso “Gürtel” empezó a perder el control de los tiempos en el desarrollo de una crisis. Se estima que nunca pensó renunciar anticipadamente, porque entonces ya no existía posibilidad alguna de que su Partido conservara el Gobierno. Y si bien cuestionó el proceso capitaneado por Pedro Sánchez, quien actuó con un gran sentido de la oportunidad política, Rajoy aceptó el desfavorable resultado de la votación en su contra como un demócrata y se fue recordando que dejaba a España mejor de lo que la había encontrado.
En el ámbito económico, el Gobierno saliente había llegado al poder con una gravísima situación financiera y de desempleo. Al dejar sus funciones, España se había vuelto a colocar entre los países europeos que más crecen (a una tasa anual del 3 %), lo que implica ser la cuarta economía de la zona euro. No obstante seguir bajo la vigilancia de la Comisión de Unión Europea, a fines de 2017 el déficit fiscal del país se ubicaba en el 3,1% del PIB, la deuda pública estaba bajando, la prima de riesgo es de 106 puntos y la desocupación es del 16,5%, el nivel más bajo desde 2008. Esto parece indicar que la crisis que provocó la reciente caída del Gobierno tiene más fundamentos políticos que económicos.
El nuevo presidente, que es visto como un político moderado y con vocación de diálogo, anunció que tiene un proyecto para España que se ajusta a la Constitución. Aún se encuentra en la etapa de organizar el Gobierno y elegir a sus ministros. Por lo pronto, nadie prevé milagros, por cuanto sólo dispone de 84 de los 350 diputados que componen dicha cámara y es posible que los restantes legisladores que lo acompañaron en ocasión de efectuarse el voto de censura a Rajoy defiendan, a partir de ahora, otros intereses. Este escenario es particularmente sensible para quien dice estar preparado para llevar adelante una agenda donde lo social va a tener prioritaria gravitación. En otras palabras, son síntomas que prenuncian un gobierno que dependerá por completo de su capacidad para organizar alianzas temáticas y doctrinarias. Por otro lado, no va a tener grandes presiones para convocar a nuevas elecciones generales, por cuanto el único que las exige es Albert Ribera, quien es el líder del Partido Ciudadanos, una fuerza que, conforme a encuestas anteriores a estos sucesos, demostró estar en ascenso y concentrada en liderar la oposición.
