Por Jorge Colina Idesa
Lo más importante que tiene el acuerdo con el FMI no son las proyecciones de reducción del déficit primario, que tantos comentarios y discusiones genera, que busca reducir el actual déficit primario del orden del 3,8% del PIB a 0% en el 2020. Lo más relevante es que estipula puntillosamente que habrá cero transferencias del BCRA hacia el Tesoro y que se enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica que refuerce su autonomía.
Esta misma puntillosidad no se observa en las explicaciones de cómo hará el Tesoro para bajar el déficit primario. Se dan a conocer estimaciones numéricas de cuánto disminuirá en concepto de subsidios, salarios del Estado, transferencias a provincias, gastos de capital, pero no se explicita cuáles serán las acciones que se tomarán para soportar dichas estimaciones, al mismo nivel de detalle que se plantean las acciones a tomar con el BCRA. Es como que el “castigado” o “el que se portó mal” por prestarle al Tesoro es el BCRA.
El origen del déficit fiscal es el exceso de gasto del sector público. Prohibirle al BCRA prestarle plata al Tesoro no es garantía de que el sector público hará los ajustes necesarios en sus gastos y se alineará a sus ingresos. Esto ya quedó demostrado con la convertibilidad en la década del '90 cuando se señalaba que la prohibición por ley (la Ley de Convertibilidad) al BCRA de prestarle al Tesoro obligaría a este a inducir al resto del sector público a tener una gestión financiera equilibrada. Lo que pasó es historia conocida: al resto del sector público nunca se le pasó por la cabeza tener una gestión pública austera, eficiente y ajustada a sus ingresos por el hecho de tener vedado el acceso al BCRA. Al contrario, se siguió gastando en exceso, se tomó deuda pública en dólares en exceso y cuando no se pudo hacer frente siquiera al pago de intereses se decidió (por aclamación popular) eliminar la ley que le prohibía al BCRA prestarle el Tesoro.
El problema principal no es que el BCRA le presta al Tesoro. El problema es que el resto del sector público no se ciñe a una gestión equilibrada. La principal barrera para tener un sector público equilibrado es la demagogia que puede venir del lado de querer hacer creer que el gradualismo minimiza los costos sociales (cuando se está viendo que tiene altos costos sociales en términos de mantener alta la tasa la inflación, alta la tasa de interés y atrasado el tipo de cambio impactando negativamente en la producción), que la Argentina tiene bajo nivel de deuda, por ende, no está mal endeudarse para financiar el gradualismo, y hasta actitudes burdas y arteras como sancionar una ley eliminando el único esfuerzo de austeridad que hizo la población soportando aumentos de tarifas para poder reducir, en algo, el déficit fiscal, a fin de que el Gobierno pague el “costo político” de vetarla.
Plantear el saneamiento del BCRA antes que el saneamiento del sector público es colocar el carro delante del caballo. Porque para avanzar en el crecimiento con estabilidad, moneda fuerte y BCRA independiente, primero, hay que sanear el sector público y, fundamentalmente, sanear la escala de valores de la clase dirigente y de parte de la población que todavía piensa que el déficit fiscal tiene menos costos sociales que el “ajuste” necesario para avanzar hacia un sector público más ordenado.
