Por Jorge Colina IDESA
En Argentina hay casi 25 millones de personas en edades plenas de trabajar, esto es, entre 18 y 65 de edad. Pero sólo 19 millones están ocupadas. Las 6 millones restantes está desempleadas (1,5 millones) o inactivas (4,5 millones). De las ocupadas, 8 millones son cuentapropistas o asalariados no registrados, 3,5 millones son empleados públicos y 1,5 millones son trabajadoras de casas particulares. En conclusión, sólo 6 millones de personas trabajan en relación de dependencia bajo el amparo de la Ley de Contrato
de Trabajo. Esto es, sólo uno de cada cuatro personas en edad de trabajar o uno de cada tres personas que trabajan, lo hacen en el sector privado con amparo de la Ley de Contrato de Trabajo.
En este marco, afirmar que revisar la ley laboral es sinónimo de atentar contra el derecho de los trabajadores es egoísta. Es pugnar por mantener el statu quo para favorecer a la minoría casi privilegiada que tiene la oportunidad de trabajar en una empresa en relación de dependencia y despreciar la posibilidad de generar oportunidades para la mayoría que hoy está excluida del empleo en relación de dependencia dentro de la legalidad. Por esto, la reforma laboral es socialmente urgente e imprescindible porque hay más gente excluida que incluida dentro de la actual ley laboral, la cual data de hace casi medio siglo sin modernizaciones ni adaptaciones a los cambios ocurridos desde entonces.
Si se quiere una reforma laboral para incluir, hay que preguntarse qué es lo que más desanima a las empresas a la hora de dar un
empleo asalariado registrado. La respuesta casi por unanimidad es: los impuestos al trabajo, los altos costos del despido y el miedo a un juicio laboral.
Los impuestos al trabajo ya se revisaron con la aplicación del mínimo no imponible a las contribuciones patronales de la reforma fiscal. Con la reforma laboral, ahora se quiere revisar los altos costos del despido y reducir los recovecos legales por donde se cuela la judicialidad. En el tema del despido lo más relevante que propone el proyecto oficial es excluir del cálculo de indemnizaciones componentes de las remuneraciones variables o estacionales, que son lo que generan los conflictos y los juicios. Para desalentar la judicialidad espuria se determina que las multas que le caben a los empleadores que no registraron a sus trabajadores dejarán de engrosar los indemnizaciones de los trabajadores que hicieron juicio y los honorarios de los abogados que los acicatearon a hacerlo, y se direccionarán a financiar la seguridad social, que es lo que corresponde.
Luego para el segmento más vulnerable de los excluidos del empleo asalariado formal, que son los jóvenes y adultos sin experiencia laboral, propone contratos especiales de tipo pasantías. Son contratos que tienen menor costo laboral que el contrato convencional, lo que genera críticas. Pero la lógica que recomienda el sentido común es precisamente esa: disminuir el costo laboral de contratar un joven o un adulto sin experiencia porque estos trabajadores tiene asociados costos de formación y costos por los errores que cometen en su proceso de aprendizaje. Si no se piensa en modalidades especiales de menor costo para ellos, pasará lo que hoy pasa: no tienen empleo o tienen un empleo precario en la ilegalidad. Para evitar que los jóvenes queden atrapados dando vueltas indefinidamente en estos tipos de contratos se podría implementar que todos los individuos tiene una cantidad dada de meses por la cual puede ser contratado como pasante (por ejemplo, 24 o 36 meses). El control puede hacerse on-line con los registros de AFIP. Es decir, se puede buscar formas para evitar los abusos, pero lo que no se puede es no innovar por temor a los abusos.
En suma, si lo que se quiere es la inclusión social, una herramienta ineludible y necesaria es una reforma que modernice la legislación laboral para abrir la puerta al empleo formal a los hoy excluidos. Proclamar la inclusión y plantear resistencia al cambio en la legislación laboral es un acto de hipocresía.
