Lo urgente y lo importante, conflictos de un país asimétrico

2 de mayo, 2018

 

Por Agustín Kozak Grassini (*)

 

La federalización del desarrollo es lo importante. Federalizar es también incluir. La inflación es lo urgente. Lo que está ocurriendo con las tarifas es una muestra interesante de los problemas que enfrenta nuestro sistema político para dar soluciones de largo plazo que integren el territorio nacional. Signos de una Argentina asimétrica. Veamos.

 

El tema tarifas parece ser el estrecho en el que navega el Gobierno, entre Caribdis y Escila, esos dos monstros que según la mitología griega amenazan desde los extremos a los infortunados marinos. La pérdida de imagen y tensiones con los aliados electorales de un lado. El descontrol inflacionario del otro. En aguas turbulentas, el Gobierno parece a la deriva. No hay solución costless.

 

Sin reducir los subsidios es imposible achicar el déficit fiscal que alimenta la presión inflacionaria. Casi 2/3 de la estructura del gasto público nacional es inflexible a la baja: 49% de prestaciones a la seguridad social más 16% de otros servicios sociales (educación, salud y asistencia social). Los gastos sociales parecen intocables en un marco de pobreza todavía muy difundida que alcanza al 26% de los compatriotas, aunque desigualmente diseminada en la geografía: 39% en Resistencia versus 9% en CABA.

 

La eliminación de subsidios a los servicios económicos (2,5 puntos del PIB) aparece como un camino a priori menos conflictivo. En el Presupuesto 2018 se planteó un recorte, en relación al año anterior, del 26% sobre partidas que subsidian la energía, el combustible y la minería y del 24% para las transferencias a la industria nacional. A esto hay que sumarle una inflación del 24,8% en 2017, que licuó el valor real de las disminuidas partidas.

 

En sentido contrario operan los cuestionamientos que recibe la política de revisión integral de las tarifas encarada por el Gobierno. En primer lugar, el efecto contagio sobre la inflación, una batalla que la opinión pública percibe que el Gobierno está perdiendo y que los analistas la colocan por encima del 20% para el año, lejos de las metas oficiales. El BCRA se siempre se preocupó por discriminar la evolución de la “inflación núcleo” de aquellos puntos aportados por los “regulados”. La autoridad monetaria ha descubierto con sorpresa canales de contacto entre ambos componentes. Federico Sturzzeneger, no sin  eslindar responsabilidades, advierte ahora que la recomposición de los precios relativos está afectando el nivel inflacionario.

 

En segundo lugar, el aumento de las tarifas afecta especialmente a la base electoral del Gobierno: la clase media. La erosión de la imagen presidencial en ese segmento, es directamente proporcional a la escalada de tensión dentro de Cambiemos. El fuego amigo ya trascendió a los medios de comunicación, al tiempo que el tema se ha transformado en un factor de aglutinamiento opositor. Es que la intensidad del ajuste, y su extensión lo ameritan.

 

La nueva revisión tarifaria que gatilló el conflicto alcanza a más de 6,5 millones de usuarios, con aumentos entre el 40% y 60%, que se sentirán más en las categorías de pequeños consumidores (menos de 100m3 mensuales) que representan casi el 56% de los total. Para ellos, de abril a abril, el precio del gas se duplicó. Otros 1,5 millones, beneficiarios de tarifa social, también sufrirán los aumentos. Unos 8 millones de hogares en total.

 

En búsqueda de alternativas, el Gobierno convocó a sesionar al Consejo Federal de Energía para tratar la siguiente propuesta: retrotraer la tarifa social a su nivel de noviembre de 2017, previo aumento, y compartir 50/50 el subsidio. Al respecto, intentaremos dar cuenta de dos cuestiones interesantes: lo excluyente de la propuesta oficial y el escaso peso del norte como actor político nacional.

 

La propuesta ignora a gran parte de los habitantes del país. De acuerdo al Censo de 2010, el 50% de los argentinos no acceden a la red de gas: unos 5,3 millones de hogares, según cálculos actuales del Ministerio de Energía. Pero también excluye a una parte importante de nuestro territorio: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones (el NEA) no están conectadas a la red nacional de gas, lo cual históricamente ha representado un cepo a su progreso: el costo energético la torna inviable para la gran industria.

 

Muy probablemente, a consecuencia de ello, el NEA es la región del país que encabeza todos los rankings de pobreza, se mida como se mida. El Indec, que lo hace por ingresos, en su última medición precisó que el 33% de sus habitantes estaba en situación de pobreza, contra el 17% de los pampeanos y el 13% de los patagónicos. ¡El doble que en el centro del país y casi tres veces más que en el sur! A diferencia de quienes habitan el NEA, el 50% de los pampeanos y el 85% de los patagónicos disfrutan de hogares conectados a la red de gas.

 

El NEA y los pobres son rehenes de las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP). Estas, aunque más silenciosamente, también han aumentado. El nuevo cuadro tarifario registra incrementos del 100% en sus precios máximos de referencia desde de abril de 2017. El mismo aumento que para los usuarios del gas natural. No obstante, el Gobierno no ha mostrado la misma predisposición para atender un caso que el otro.

 

Peor aún, estos ajustes “homogéneos” enmascaran injusticias crónicas. Mientras que un usuario R1 (25m3 promedio) de la red de gas abona $281 mensuales, una persona en el NEA debe pagar $422 por un consumo equivalente, es decir, 50% de más. ¿Un impuesto a la pobreza? Este es el tarifazo oculto del que nadie habla, incluso los gobernadores de las provincias afectadas. ¿Qué determina su silencio? Un tema es la débil competencia de los estados subnacionales, especialmente en el norte, resultante del predominio de métodos clientelares de acceso al empleo público, en lugar de regímenes meritocráticos de nombramientos. Sin equipos no hay definición del problema. Y sin problema, no hay solución. Pero también entra a jugar un factor de índole institucional. Las provincias del norte, especialmente las del NEA, dependen indefectiblemente de fondos nacionales. Cerca del 85% de los recursos tributarios de que disponen, vienen de la Nación. Es cierto que parte sustancial de estos fondos dependen de una “regla”, en la cual no entra en juego la discrecionalidad del presidente de turno. No obstante, prácticamente el 100% de esos recursos nacionales “seguros” están afectados al pago de salarios (consecuencia de aquellos métodos de construcción política tan cuestionables). Por lo tanto, cualquier acción adicional que aspire a concretar un gobernador norteño estará sujeta al favor de la administración central. El financiero es un canal de dependencia política.

 

El delicado problema que afronta el NEA exige, ante la escasez de recursos, mayor ingenio. Atributo raro en un aparato estatal que
fue forjado en mayor medida para ganar elecciones (empleo público como recompensa electoral) y no para gobernar. Esto último exige un profundo estudio de las alternativas, la identificación de la mejor de ella, el cálculo de las consecuencias, la sutil interacción con los actores involucrados, la reparación de los damnificados y la eficiente implementación de las decisiones. Es decir, un Estado de calidad, que no será posible sin una profunda reforma política. Reforma que con un ojo deberá mirar la construcción de los aparatos estatales y, con el otro, los vínculos fiscales con el poder central.

 

(*) Profesor de Política Económica de la Universidad Nacional del Nordeste, Magister en Economía Política y Gobierno (UNSAM) y Doctorando en Desarrollo Económico (UQUI)

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