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Las incógnitas políticas del ajuste que viene

Los recortes propuestos pueden dejar más heridos de los esperados: la relación con los gobernadores y el camino hacia 2019

28 mayo de 2018

El recorte ya tiene números. Según trascendió, el ministro de Hacienda y coordinador de las cuentas públicas, Nicolás Dujovne, estima ahorrar $20.000 millones con las medidas de ajuste que se anunciarán en los próximos días. El aparato del Estado será el principal de esos recortes. Gastos políticos, señala el Gobierno, para intentar legitimarlo. Para ofrecer una impronta de sacrificio propio frente a las necesidades de la sociedad. Pero no puede precisar impactos alimentados en la dinámica económica, ya con pronósticos a la baja. Ni en la conflictividad social. Con mayor protagonismo en la protesta de los trabajadores estatales, que también aparecen incluidos en el paquete de ajuste.

Los gobernadores, por cierto, son los que miran los pasos del Gobierno con mayor celo. Fueron convocados, en calidad de interlocutores privilegiados, a un gran acuerdo nacional para discutir el Presupuesto 2019, con el déficit fiscal como tema preponderante. Y en las primeras definiciones de la Casa Rosada, luego de la crisis cambiaria, quedó en claro debían acoplarse a la disminución del gasto en el sentido en el que apunta el Gobierno y también en intesidad. A eso se le suma la preocupación por la llegada de menos recursos para obras públicas, cuestión que podría contribuir a tensar la relación.

Los dos mandatarios provinciales más cercanos al Gobierno fueron los primeros en señalar los límites de la buena voluntad. El salteño Juan Manuel Urtubey, por caso, se refirió a la renuencia de ceder recursos y sacó cuentas respecto de la naturaleza del problema en cuestión. “El principal desequilibrio fiscal está en el presupuesto nacional. El déficit consolidado de todas las provincias en 2017 fue de 0,9%, del cual 0,4% es de Buenos Aires”, señaló en una entrevista reciente con La Nación. Y agregó: “De acuerdo a nuestro sistema de coparticipación originario, el reparto de recursos entre la Nación y las provincias es 50 y 50. Hoy estamos prácticamente en 75 y 25. No hay mucho más espacio para achicar la coparticipación a las provincias. Salvo que resolvamos dejar de ser un país federal”.

La preocupación por la llegada de menos recursos para obras públicas tensaría la relación con los gobernadores

Esta ecuación ya la expuso también el cordobés Juan Schiaretti, el otro gobernador peronista cercano al Gobierno. Ante el presidente Mauricio Macri, incluso. Su ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, sigue la cuestión de cerca. Y le acercó una propuesta alternativa a la Nación, con eje en las transferencias de recursos hacia Area Metropolitana de Buenos Aires por parte del resto de

los distritos, que podría contribuir a ahorrar 0,93% del Productor Interno Bruto. El traspaso inmediato de la empresa Agua y Saneamiento Argentino (Aysa), de propiedad nacional, a la órbita de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es uno de los puntos.

Con menos recursos para obras y el pedido para que los gobernadores acompañen el ajuste de Nación, en términos más duros al dispuesto en el consenso fiscal de noviembre pasado, el angosto desfiladero de Casa Rosada incluirá no tensar la cuerda con la oposición moderada y conservar los acuerdos de gobernabilidad que se establecieron hasta aquí. El tema tarifas, en ese sentido, es un antecedente que se mira con lupa. En especial, la divergencia entre los gobernadores “amigables” y sus legisladores nacionales, encolumnados con dureza para apoyar el proyecto para frenar el aumento de los servicios públicos. El tucumano Juan Manzur, el pampeano Carlos Verna y el puntano Alberto Rodríguez Saá, en ese sentido, son los más díscolos.

La mayor conflictividad social, en tanto, es otro problema conexo que se espera a partir de estas medidas. El Gobierno ya tiene varios frentes abiertos. Por ejemplo, el INTI. O en Agroindustria. Con despidos incluidos. A los que se podrían sumar otras dependencias, cuando todavía la discusión paritaria estatal parece en pañales. Y bastante lejos de lo que se espera de inflación para este año.

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