Por Gustavo Lazzari Empresario y economista
La macro es contundente
Cuando se habla del peso del Estado sobre el sector privado los números son contundentes. Un buen entendedor no necesitaría mayor explicación cuando le dicen que el nivel de gasto público sobre el PIB ronda el 44% o que la presión tributaria también sobre PIB alcanza el 37%. Recordemos que, en los '80, la presión tributaria no alcanzaba el 20% y que en los '90 llegaba al 25%.
Otro indicador “macro” del peso del Estado sobre las espaldas privadas lo vemos a la hora de financiamiento. Cuando advertimos a funcionarios festejando que colocaron Lebac al 40% anual con vencimiento a treinta días no es difícil imaginar la cara del gerente financiero de una Pyme cuando llama a su oficial de crédito bancario para que le anuncie la tasa del descubierto.
El peso del Estado se refleja en una maraña de regulaciones comerciales, civiles y laborales que agregan costos
Si vemos el nivel de gasto y presión tributaria de países con similar PIB per cápita nos damos cuenta de que Argentina duplica los indicadores de países similares. Presión tributaria superior a la de los países escandinavos.
Desarmando números
Sobre el sector privado pesan 96 impuestos. Si le sumamos el nuevo invento del impuesto a la renta financiera ya son 97 y si agregamos la nueva tasa por circular en el microcentro porteño, 98.
Así el 43% de los alimentos son impuestos, junto al 58% de los autos, el 50% de las viviendas, el 55% de las naftas, etcétera. ¡Hasta los créditos subsidiados pagan impuestos!
Esos impuestos contribuyen en parte a financiar a 20 millones de personas que viven de las espaldas de sólo 8 millones de contribuyentes privados. No es momento ni oportunidad para analizar las 20 millones de razones que explican ese gasto. Lo único que importa es que 20 es mayor que 8. Y, por lo tanto, insostenible.
Abriéndolos en el escritorio
Cuando esa presión tributaria macro y sectorial la tenemos sobre la mesa de trabajo nos encontramos cada mes con 19 vencimientos impositivos en los 22 días hábiles. Siglas como ARBA, ARCIBA, AGIP, AFIP, SICORE, CM05, F931, ART, SISCREB y demás entes y engendros recaudadores son más habituales que las siglas TIR (Tasa Interna de Retorno), VAN (Valor Actual Neto), o los nombres de los proveedores y proyectos productivos. Cuando un empresario piensa más en cumplir con el Estado que en llevar a cabo su sueño productivo, el país empieza a desmoronarse.
En 2017 hubo 250.000 embargos de AFIP (no cuenta ARBA y AGIP) sobre un total de 600.000 empresas
Adam Smith, en 1776, cita al buen empresario como aquel cuya tasa de rentabilidad supera a la tasa de interés. Hoy estamos pagando 40% por créditos bancarios que tomamos para no ser embargados por AFIP. Perdón Adam, gracias por tanto y perdón por tan poco. Las empresas se endeudan, no para invertir y crecer, sino para no caer en las garras del Estado.
En 2017 hubo 250.000 embargos de AFIP (no cuenta ARBA y AGIP) sobre un total de 600.000 empresas.
Las regulaciones y su consecuencia directa: las mafias
El peso del Estado se refleja también en una maraña de regulaciones comerciales, civiles y laborales que agregan costos innecesarios a la actividad y desaniman la inversión y creación.
Existen 69.000 regulaciones.
En el mismo escritorio de un director de una pyme, además de los 19 vencimientos impositivos están los 22 trámites [1] para transportar una bondiola, los 164 trámites para producir un pollo [2] o los 30 papeles certificados por escribano para pedir un crédito [3].
Diariamente el empresario pyme escucha más veces las palabras IGJ, COT, DGCON, AGC, RUTA, SUCCA, ONCCA, SIGCER, ADUANA, que las necesarias TIR y VAN.
En el ámbito laboral, las regulaciones también son mochilas que pesan más de lo que ayudan.
El noble intento de proteger los derechos del trabajador se desvirtúa en regulaciones que desaniman la contratación y, por lo tanto, reducen la demanda de empleo. Eso, a su turno, deriva en menores salarios y más gente desocupada.
Quisieron beneficiar y proteger al trabajador y lo condenaron al desempleo y la marginalidad.
Cada regulación es un permiso. Detrás de cada permiso hay alguien que lo otorga. En ese “alguien” suele haber un peaje. Si ese peaje es jugoso, surge la mafia.
Así, amparándose en alguna ley que supuestamente protege un supuesto derecho, surgen organizaciones delictivas disfrazadas a veces de sindicatos, a veces de inspectores, a veces de ONGs, que lo único que hacen es extorsionar empresarios pymes, medianos y grandes.
Frases como “reencuadramiento laboral”, “adecuación a las normas ambientales”, y “cumplimiento de normas de seguridad” no son otra cosa que excusas para extorsionar empresas que deben incorporar a sus costos y a sus nervios cuantiosas sumas de dinero que mantendrán a beneficiarios directos del Estado sobredimensionado.
Recordemos que, en los '80, la presión tributaria no alcanzaba el 20% y que en los '90 llegaba al 25%
Difícilmente un juez comprenda que más allá de costo económico de una extorsión está el costo del desánimo. Un empresario desanimado invierte menos y, lo más grave, priorizará las utilidades de corto plazo en lugar del proyecto de largo.
Esto es habitual, real e inamovible. Casi una política de Estado. Pasan los gobiernos pero las mafias (hijas de las regulaciones) permanecen intactas.
Las regulaciones han convertido a las empresas en presas fáciles en un charco de pirañas mucho más grave que los parásitos que de alguna manera mantienen vivo al ser atacado.
La polinómica es enorme
Afortunadamente, cada empresario tiene un cabeza una polinómica enorme. En el negocio son muchas las variables que lo motivan y desmotivan.
En las escuelas y universidades se enseña que los empresarios buscan ganancias y, por lo general, se habla de corto plazo.
Gracias a Dios se quedan cortos. En Argentina, si los empresarios solo pensaran en las utilidades de corto plazo, sin temor a exagerar, diría que no habría empresas.
Las empresas que aún se mantienen vivas lo hacen por dos motivos.
Porque, dadas las regulaciones impositivas y laborales, el costo de salida es inviable. Hay una suerte de corralito empresario que obliga a las empresas a seguir.
Porque los empresarios ponen en la polinómica factores que la política (y las mafias) no entienden, no comprenden y, lo que es peor, no respetan.
La polinómica de una pyme es enorme. En ella figuran términos como utilidad y costos, pero también sueños, proyectos, ideas, planes inconclusos de los fundadores, “la empresa que le queremos dejar a nuestros hijos”, los gustos, la pasión por los fierros, el amor a las máquinas, el placer de producir, el ámbito de trabajo, el respeto a nuestros muchachos, etcétera.
Miles de etcétera que se van tachando cada vez que un inspector sin calle golpea la puerta, cada vez que un abogado inescrupuloso plantea una demanda injusta, cada vez que una organización escudada en algo tan noble como el trabajo desanima la contratación.
Las pymes saben soportar los dolores del corto plazo. Pero no pueden trabajar sin largo plazo, sin sueños. Solo queda una conclusión: “Si no cerrás le estás haciendo mal a tus hijos”.
Ese día el país se muere. Simple.
[1] Fuente propia
[2] Fuente CEPA
[3] Fuente propia
