Por Juan Strasnoy Peyre
Clausurada la táctica oficial de avanzar en una reforma laboral integral, como reconoció Marcos Peña la semana pasada, el Gobierno recalculó y ahora se apresta a sentarse en una mesa con la CGT para presentarle su nueva apuesta. Les plantearán dividir el proyecto e impulsar varias leyes, con la prioridad puesta en los tres puntos que concentran mayores niveles de acuerdo: el blanqueo, las pasantías y la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud.
Así, al menos por el momento, se congelarían los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, que fueron los que más polémica generaron al interior del universo sindical y terminaron mostrando las fisuras internas, que trabarían el tratamiento del proyecto en el Congreso tras las masivas movilizaciones en contra de la reforma.
Blanqueo
La iniciativa prioritaria para el Ejecutivo, que cuenta con el beneplácito de la central obrera, es el conjunto de medidas a las que denomina “blanqueo”. Según explican desde la cartera laboral, busca “dar incentivos a las empresas para registrar a los trabajadores informales”.
¿Cuáles son los incentivos? A cambio de regularizarlos, los empresarios recibirán la condonación de las deudas, multas y sanciones por haberlos mantenido en la informalidad, una problemática que afecta a más del 34% de los asalariados en Argentina (más de 4 millones de personas). Mientras tanto, a los trabajadores se les reconocerá sólo hasta cinco años de aportes, que no serán considerados para los adicionales por antigüedad. Estos aspectos se complementarán, además, con la exención de cargas patronales para los salarios más bajos incluida en la reforma tributaria aprobada en diciembre.
En Trabajo, estiman que se blanquearán unos 300.000 trabajadores a partir de esta medida, particularmente dentro de las pequeñas empresas, que son las que concentran el grueso de la informalidad. “Sería un número más que importante porque implicaría un crecimiento de casi el 5% de los asalariados registrados privados (que durante los último meses crecieron apenas al ritmo de la expansión demográfica)”, le explicaron a El Economista desde la cartera.
Sin embargo, especialistas -como la economista Roxana Maurizio- exponen sus dudas acerca de la eficacia de la iniciativa, a la luz de la experiencia vivida en los '90, con propuestas similares. La informalidad tiene una naturaleza multicausal y requiere de medidas más integrales, plantean.
Pasantías
El Gobierno también busca crear el Sistema de Prácticas Formativas para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, que tendrán un plazo máximo de un año y hasta 30 horas semanales. Las ocupaciones de los pasantes y otros pormenores serán definidas en los convenios colectivos sectoriales.
Este punto genera cortocircuitos en la central obrera porque en distintos sectores consideran que es una forma de precarización laboral. Pero, para subsanar las tensiones, la tríada incluye una concesión para los dirigentes gremiales.
Agencia de salud
Se trata de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de salud, un viejo reclamo cegetista. Implica la creación de un organismo que mediará en los conflictos sobre prestaciones sanitarias, con el objetivo de reducir las demandas a las obras sociales sindicales y prepagas por los tratamientos rechazados.
