Infinidad de negocios jamás salen de las gateras o se van a la ruina por la burocracia, las trabas y las regulaciones del Estado. Por lo tanto, es infinidad de empleo y riqueza potencial que nunca se materializa. Para reducir esos desincentivos, el Gobierno anunció medidas para simplificar los trámites con el Estado, eliminar trabas burocráticas y generar empleo, que serán publicadas hoy a través de un DNU. A desalambrar, como pedía Mercedes Sosa, parece ser la tarea de la hora.
El decreto agrupa unos 170 artículos (en 22 capítulos) en las áreas de gestión de ocho ministerios (Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía), dos organismos descentralizados (AABE y ANSES) y el BCRA. Durante varios meses, según pudo averiguar El Economista, todos fueron aportando ideas desde sus lugares, el Gobierno los fue receptando y eligió presentar todo en un gran paquete. “Es un ataque frontal para el costo argentino”, decían desde Casa Rosada. Aunque reconocían que ningún cambio, per se, era impactante, “todos sumados generarán un cambio”.
Las medidas fueron presentadas hoy por el ministro de Producción, Francisco Cabrera; el secretario Legal y Técnico de Presidencia, Pablo Clusellas; el jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte, Pedro Sorop y el secretario de Simplificación Productiva, Pedro Inchauspe.
“Estamos simplificando el Estado para crear empleo. Estamos en guerra contra el Estado que obstruye y somos aliados de la producción. Hacer las cosas fáciles es una obsesión de este gobierno a la hora de los trámites. Cada traba o cada demora burocrática puede ser un trabajador que no consigue empleo”, dijo Cabrera.
También se crea la Secretaría de Simplificación Productiva dentro de la órbita del Ministerio de Producción, que tendrá el objetivo de colaborar con todas las áreas del Estado en su relación con el entramado productivo. La nueva secretaría intervendrá en todos los registros, reglamentos y procedimientos que afectan la vida de las empresas. El nuevo secretario será Pedro Inchauspe.
¿Cuáles son los principales cambios?
Producción
Registro Industrial de la Nación. El RIN se creó en 1972 con el objetivo de tener una radiografía del sector industrial y mejorar el diseño de las políticas públicas. Ese objetivo nunca se cumplió: el RIN tiene hoy 1.700 empresas cuando hay cerca de 110.000 empresas industriales, poco más del 1%. Asimismo, otras dependencias, como AFIP e Indec tienen datos más completos sobre este universo. “Aun así, el trámite de inscripción en el RIN se mantuvo en el tiempo y se transformó en un dolor de cabeza para las industrias que querían acceder a beneficios del Estado, como el bono de bienes de capital o el Programa de Desarrollo de Proveedores”, dijeron en un comunicado. El trámite de inscripción, además, duraba ocho meses y exigía presentar información que el Estado ya tenía en otros organismos, como el estatuto societario o la habilitación municipal. Luego, una vez otorgado el certificado, las empresas debían volver a presentarlo a la misma oficina original que se lo había entregado. ¿Resultado? Obvio: el RIN se eliminó.
Régimen Automotor Argentino. Se elimina la necesidad de que el Presidente autorice la instalación de nuevas terminales automotrices o si hay un cambio de dueños.
Marcas. Se simplifica y se hace más rápido el proceso para obtener marcas en lo que hace a los formatos de presentación. Por ejemplo, se permite presentar dibujos digitales o fotografías. Y se podrá resolver sin ir a la Justicia, en 60 días, controversias que antes podían durar entre tres y cinco años.
Transporte
El Ministerio de Transporte propone modificaciones en las áreas de aviación comercial, puertos y tránsito y seguridad vial. En primer lugar, unifica la prestación de servicio de tráfico aéreo en la empresa estatal EANA (actualmente existen dos prestadores: EANA y el Ministerio de Defensa). De esta manera, se incorporan nueve aeropuertos al sistema de control de tráfico aéreo de EANA (Tandil, El Palomar, Reconquista, Villa Reynolds, Moreno, Río Cuarto, Termas de Río Hondo, Río Gallegos y Sauce Viejo).
Tránsito y seguridad vial. Se habilita el aumento de la capacidad de los camiones y se permite el uso de los llamados “bitrenes”, formaciones compuestas por un camión y dos remolques y permiten transportar más carga, ahorrar tiempo e incrementar la productividad del transporte. En total, permiten reducir costos logísticos en más de 20%.
Además, se modifica el decreto que reglamenta la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. Entre los puntos más significativos, se regula la circulación de cuatriciclos; se incorpora a la ley vehículos eléctricos de fabricación nacional (incluye bicicleta con pedaleo asistido); se quita exclusividad de circulación vial y preferencias de estacionamientos a funcionarios públicos tanto de nivel nacional como provincial, “dado que eran privilegios injustificados”, expresaron desde Presidencia en un comunicado.
Puertos. Se elimina la necesidad de un decreto presidencial para habilitar puertos. “Actualmente, muchos puertos públicos, construidos y/o licitados por el Estado nacional, no se encuentran habilitados. De los 31 puertos públicos existentes, sólo han sido habilitados siete. Con esta medida, se agiliza el proceso de habilitación para los puertos públicos y particulares con trámite avanzado y, para el resto, pasa a depender del Ministerio de Transporte”, explicaron.
Agroindustria y SENASA
Un tercio de las normas sobre sanidad y calidad agroalimentaria están desactualizadas. Son más de 50 normas que se actualizan o derogan porque ya no aplican. En el DNU se eliminan normas obsoletas como tres leyes y dos decretos que ya no tienen utilidad, algunos con fechas como 1888, 1891 o 1898, sobre enfermedades exóticas en animales o la lucha contra la plaga de langostas.
Modernización
Establece que los expedientes digitales tienen la misma validez que un expediente en papel u otro formato para todo el país, en todos los niveles administrativos. Y hace obligatorio el uso de expediente electrónico para los oficios judiciales en todo el sector público.
Agencia de Administración de Bienes del Estado
Se deroga la Ley de Abastecimiento (data de 1952) que permitía y promovía la producción agropecuaria e industrial por parte del Ejército para que pudiera autoabastecerse en caso de un conflicto bélico. De ahora en más, los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que podrá decidir cuál es la mejor manera de aprovecharlos.
Anses
Se le dan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) herramientas e instrumentos ágiles y apropiados para invertir sus activos de acuerdo a las mejores prácticas financieras modernas, sin dejar de privilegiar el fin social para el que fue creado. Por ejemplo, ahora el FGS podrá crear fideicomisos. “El objetivo de esta modificación es que el FGS pueda invertir el dinero del sistema previsional con la mayor eficacia posible”, explicaron.
Licitaciones
Para agilizar las licitaciones de obra pública, los llamados iniciales ya no tendrán que publicarse, además de en el Boletín Oficial, también en los boletines oficiales de las provincias y/o municipios afectados. Alcanzará con el boletín oficial nacional y en el sitio web del organismo que licita. También se reducen de diez a cinco los días de anticipación para publicar licitaciones de hasta $100 millones.
Sociedades
El Código Civil y Comercial establece la obligación de que las sociedades comerciales presenten de manera encuadernada sus libros contables y, desde hoy, se elimina esa obligación y pueden ser reemplazados por libros digitales.
Trabajo
En el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) se publican las sanciones por informalidad laboral y otros conflictos laborales. El DNU reduce la sanción de inscripción en el REPSAL a 30 días (hoy puede ser de hasta 120 días). Además, obliga al REPSAL a dar una respuesta más rápida. Esto permitirá a las empresas sancionadas regularizar su situación con más velocidad.
Cultura
Se podrán exportar hasta quince obras de arte como equipaje acompañado, sin mayor trámite que un Aviso de Exportación ante el Ministerio de Cultura (o una licencia especial, en el caso de obras de autores muertos más de 50 años antes).
