Por Francisco Eggers Profesor de Finanzas Públicas de la UNLP
El Ministerio de Hacienda anunció las cifras de la ejecución presupuestaria “Base Caja” del Sector Público Nacional. Se destaca lo siguiente.
El déficit fiscal fue equivalente al 6,1% del PIB y a US$ 38.000 millones. En 2016 fue 5,9% del PIB y 5,2% en 2015.
Los gastos totales aumentaron casi 25% anual. En valores reales fueron de magnitud similar a los de 2016, y en porcentaje del PIB bajan un poco: desde 26,1% a 25,6%.
En los gastos, disminuyó la participación de los flexibles (subsidios económicos, transferencias discrecionales a provincias y gastos de capital) y aumentó la de gastos inflexibles a la baja: intereses de la deuda y haberes previsionales.
Los recursos tributarios bajaron 1,1% del PIB, por menores recaudaciones del “blanqueo” y Derechos de Exportación, parcialmente compensado por “Rentas de la Propiedad”, que más que se duplican. El aumento publicado de los recursos es de 22,6%, inferior al de los gastos (por eso aumenta el déficit).
El 2018 sería el cuarto año consecutivo con déficit fiscal superior a 5% del PIB. Es preocupante, porque implica acumulación de deuda, que condiciona la situación fiscal futura.
A propósito de la deuda: el Ministerio de Finanzas lleva más de seis meses de atraso en la publicación. La información surge de un sistema informatizado (el SIGADE), que en cualquier momento es capaz de decirnos la deuda del día anterior. Si no se publica, es porque no se la quiere publicar. Es fundamental para el seguimiento de la situación fiscal: recordemos que en la Convertibilidad recién a partir del 2000 se sinceró un déficit superior a los US$ 6.000 millones, pero la deuda crecía mucho más. El Ministerio de Hacienda nos dice que los intereses totales (incluyendo intra-sector público), medidos en dólares, aumentaron 48% en un año. Es legítimo preguntarse qué está pasando con la deuda.
En el 2018, los recursos tributarios nacionales volverían a decrecer, porque ya no habría ingresos provenientes del “blanqueo”, por los cambios tributarios (que bajan la presión impositiva) y por la continuidad de la devolución a las provincias del 15% que Nación retenía para la seguridad social. Los subsidios económicos y los gastos de capital volverían a bajar, pero los intereses volverían a subir (acentuándose la tendencia a que el gasto sea más inflexible a la baja). El gasto previsional de 2018 será menor de lo que hubiera sido sin la reforma aprobada en diciembre, pero no bajaría, en valores reales, respecto de 2017. Las transferencias corrientes a provincias tendrían mayor rigidez a la baja, como consecuencia de los compromisos asumidos en el “Consenso Fiscal” con las provincias. Si, como resultado de todo esto, bajara el gasto público, es difícil que sea suficiente para disminuir significativamente el déficit. Y la deuda se seguirá acumulando.
El Ministro de Hacienda pone el énfasis en un “Resultado Primario” que no computa el gasto que más aumenta (intereses pagados), pero suma el ingreso que más aumenta (Rentas de la Propiedad, que incluye intereses percibidos). Con ese criterio, se podría bajar el déficit primario tomando deuda e invertir los fondos, o parte de ellos. Si los intereses que se pagan por la deuda son mayores que los que se perciben por las inversiones, el déficit financiero empeoraría, pero el “primario” mejoraría demostrando que no es una medida adecuada: está claro que la situación fiscal sería peor. Pero si no se computaran las Rentas de la Propiedad, el déficit primario sería equivalente al 4,6% del PIB, tanto en 2016 como en 2017, y no habría ninguna reducción.
Pero, además, en la desagregación de los ingresos por “Rentas de la Propiedad”, están las que obtiene Anses, y un “resto”, que no se aclara qué es. Sube 333% en el año, y sin ese aumento la meta de Hacienda (4,2% del PBI de déficit “primario”) no se hubiera cumplido.
La sospecha es que ese “resto” incluye recursos provenientes de endeudamiento: la diferencia entre el precio de colocación de títulos públicos (cuando se emiten sobre la par) y el valor nominal. Sería bueno que se despeje esa sospecha y se aclare cuál es el origen de los recursos que “salvaron” la meta del 2017. En la gestión anterior se incluía como recursos a las utilidades contables, no realizadas, del BCRA, provenientes del aumento del valor en pesos de los activos en dólares. Era una forma de disminuir artificialmente el déficit público, pero al menos se contaba con los datos que permitían recalcular el déficit sin esos recursos. El temor es que ahora se esté haciendo algo parecido, pero sin informarlo.
