El presidente Mauricio Macri no definió aún si en febrero convocará a sesiones extraordinarias. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró días atrás que está en los planes del Ejecutivo. En la agenda figuran algunas reformas, pero la única duda en la Casa Rosada es la relación con el bloque de los gobernadores PJ, que quedó herida tras las duras sesiones de diciembre en las que se discutió el paquete económico, incluido el proyecto jubilatorio.
La reforma al Ministerio Público Fiscal estuvo incluido en el decreto que convocó en diciembre al período extraordinario. De todas formas, no hubo esfuerzos para que sea tratado. Es que el acuerdo que Cambiemos había alcanzado con el peronismo respecto a este tema, ya estaba roto. Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, y el senador Rodolfo Urtubey (Justicialista), habían consensuado un texto común con numerosas modificaciones para el organismo y para la función del Procurador General. Un sector del núcleo de Miguel Angel Pichetto se negó a ceder en un artículo que eliminaba parte de la estructura del Ministerio Público, y el tratamiento quedó en stand by. Fue a principios de noviembre. Al Gobierno se le fue, igualmente, el apuro que lo apremiaba en aquel entonces, tras la renuncia el último diciembre de la procuradora General, Alejandra Gils Carbó.
En marzo ingresaría, a su vez, el proyecto de reforma al Código Penal. Quizás el más importante que vaya a enviar el Gobierno en materia judicial. El boceto ya está definido y el oficialismo espera a que se reanude el período
ordinario para comenzar a discutirlo. La labor de redacción la llevó a cabo una comisión redactora creada por Macri y encabezada por el camarista Mariano Borinsky. El presidente de la comisión sostuvo que el proyecto apunta a “disminuir los márgenes de discrecionalidad judicial, estableciendo específicamente cuestiones en el Código Penal”.
En 2018, el Gobierno insistirá con la reforma electoral. Aunque con cambios respecto al que se frustró en noviembre de 2016. La propuesta del Ejecutivo siempre fue modificar el sistema de votación y eliminar la tradicional boleta de papel. Dos años atrás, Cambiemos buscó reemplazarla por el voto electrónico, que naufragó por decisión de los gobernadores peronistas cuando la discusión se hallaba en el Senado. El Ministerio del Interior, encargado de la redacción de la iniciativa, no descarta ahora promover la Boleta Unica de Papel, tras los consejos de especialistas y distintas organizaciones civiles de desistir del sueño electrónico, que el PRO llevó en 2015 a la ciudad de Buenos Aires.
Aún más difícil será para el Gobierno avanzar con la reforma laboral. Pese al aval cegetista, Cambiemos aún enfrenta trabas para tratar el proyecto impulsado por el Ministerio de Trabajo. La principal barrera es la que ofrece Pichetto, jefe del bloque Justicialista en el Senado. El proyecto, que en noviembre pasado ingresó por la Cámara Alta, es fuertemente criticado por distintos sectores opositores. Por caso, el Frente Renovador, que dejó de ser, a partir del 10 de diciembre de 2017, el principal aliado de Cambiemos en Diputados.
