Por Agustín Kozak Grassini Profesor de Política Económica de la UNNE y Doctorando en Desarrollo Económico de la UQUI
Las leyes que se estuvieron discutiendo en sesiones extraordinarias en el epílogo del 2017 tendrán vigencia en un territorio nacional signado por la heterogeneidad y la desintegración.
En nuestro país coexisten realidades opuestas. Regiones con niveles de vida de los países de la OCDE conviven con aquellas comparables a las naciones más castigadas de Centroamérica o Africa. Los contrastes entre las “dos Argentinas” no pueden ser mayores. En la “Argentina Pampeana” (CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), un cuarto de nuestro territorio, se concentra más casi 2/3 de la población y 75% del empleo formal privado. El mercado laboral evidencia una dinámica atractiva que se manifiesta en altas tasas de actividad, moderada informalidad, salarios privados por encima de la media nacional y baja incidencia del empleo público. La industria tiene una destacada participación tanto en la estructura productiva como en la demanda de mano de obra. También la composición de las exportaciones demuestra la competitividad de las manufacturas pampeanas y su conveniente diversificación. La performance social, medida en términos de mortalidad infantil y analfabetismo, supera el promedio nacional. La infraestructura básica y la cobertura sanitaria acompañan este buen desempeño.
Contrariamente, las regiones del NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones) y NOA (Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), que constituyen una fracción ligeramente superior del territorio nacional (27%), están mucho menos poblada (20% de los habitantes), evidencia de la escasez de oportunidades para su población, y presenta indicadores decepcionantes. Aquí la desocupación no es un problema, no porque abunde el empleo sino porque está reprimida detrás de bajísimas tasas de actividad. Puede que la crónica debilidad del sector privado en la dinámica del empleo en “la Argentina del Norte”, haya determinado al desmoronamiento de las expectativas del ciudadano medio acerca de sus posibilidades de conseguir trabajo.
También son manifestaciones de esta anemia: a) la alta participación estatal en el mercado laboral, a menudo superando al sector privado como demandante de trabajo, para contener los excedentes excluidos, pero al costo de restar recursos para financiar políticas de desarrollo; b) los bajos salarios (70% de la media nacional), evidencia de un patrón de especialización en actividades de escasa complejidad relativa que a escala internacional se traduce en una inserción altamente subordinada a recursos naturales, y c) la gran informalidad laboral, que deja sin cobertura de la seguridad social a vastas franjas de la población (50% a 60%), asociada a tareas de subsistencia ampliamente difundidas en la economía norteña.
Los sectores menos complejos, que menos valor agregado incorporan (recursos naturales en bruto o con escasa transformación), tienen una mayor participación relativa en el PBG y el empleo de la “Argentina del Norte” que en la “Argentina Pampeana”, en dónde la economía se encuentra más diversificada y las actividades más sofisticadas (química, bienes de capital, etc.) tienen mayor peso. La construcción en tierras norteñas ocupa un rol destacado, aunque asociado a la obra pública, y a los excedentes agropecuarios originados en los recientes años dorados de reversión del deterioro secular de los términos del intercambio. Se trata de fenómenos temporarios. Esconden la gran dependencia de esta región frente a los precios internacionales de los commodities (en algunas provincias supera el 80% de las exportaciones) y respecto de las transferencias nacionales (que llegan a representar un 80% de los recursos totales). A pesar de su preponderancia, parte sustancial de estos recursos están afectados al gasto corriente (sueldos), explicación de porqué todavía en el Norte la brecha en infraestructura básica es más notable (50% a 60% de la población excluida). El sombrío panorama se completa con los peores indicadores de mortalidad infantil y analfabetismo del país.
Desterrador serial de su población, el Norte es el origen de los asentamientos de emergencia del Conurbano bonaerense, de las periferias del Gran Rosario y de otras capitales pampeanas. Sería bueno que este fenómeno fuera relevado por las estadísticas nacionales. Los censos no lo captan, aunque ofrecen pistas. La comparación entre el crecimiento vegetativo (natalidad menos mortalidad) y las variaciones intercensales de población dan cuenta de que el norte es un expulsor neto de población, mientras que la región pampeana es su polo de atracción.
Las grandes disparidades regionales, y la concentración poblacional (generalmente en condiciones de precariedad) en torno al centro, son problemas de larga data en nuestro país. En este contexto se discuten leyes económicas fundamentales: las reformas tributaria y laboral, el proyecto de ley de financiamiento productivo, y el pacto fiscal. La solución del oficialismo pasa por reasignar más recursos hacia la zona pampeana, tanto directa e indirectamente. Claro está que la restitución del Fondo de Conurbano y la reducción de retenciones, por ejemplo, suponen una transferencia de recursos que beneficiará de pleno al centro del país. Sin embargo, el resto de las reformas, aunque de manera más sutil, también favorecen a las zonas más prósperas.
La brecha regional es tan amplia en nuestro país que cualquier horizontalidad en las reglas de juego termina siendo capitalizada por las provincias más ricas. Dadas las dificultades estructurales que mencionamos al inicio, al exigir contribuciones patronales uniformes se está castigando a quienes generen empleo genuino a más de 600 kilómetros del puerto de Buenos Aires. Qué empresario, siguiendo la lógica utilitaria-racional, va invertir en el Norte dónde la infraestructura es peor, la calificación media del empleado es inferior y el mercado es más chico, si el régimen de promoción de inversiones no considera estímulos diferenciales para estas zonas. La igualdad no es equidad.
La ausencia de medidas diferenciales que induzcan mayor actividad económica en las regiones más aletargadas, denota cierta creencia ideológica sobre las capacidades del mercado para desplegar eficientemente los recursos en el territorio. Es ingenuo, incluso insolente, pensar que a igualdad reglas todos se verán favorecidos por igual. Eso puede funcionar a países pequeños, más homogéneos en su estructura productiva. En un país como el nuestro, en el que, para colmo, la política siempre acompañó a las dotaciones naturales, es un error garrafal. Las reglas de juego, las instituciones, deben ser pensadas y calibradas para aprovechar el potencial productivo de cada región.
Tal vez la justificación oficial sea que 2/3 de los electores se encuentran en los distritos del centro del país. Sin embargo, el rédito político de corto no debe nublar las consecuencias de largo plazo. Tarde o temprano habrá que afrontarlas. Para eso es la política. Para corregir las distorsiones y no para acentuarlas. Después de todo habrá que recordar que en un país, en el que la miseria se hace presente a unos cuantos kilómetros de su Capital, no ha dejado de ser colonia.
