Por Juan Radonjic
La relación entre el Gobierno y la dirigencia sindical tendrá situaciones tensas, pero también algunos acuerdos en las próximas semanas. Como los clásicos de fútbol de verano, también son habituales en esta época del año los intentos de funcionarios y gremialistas por marcar la cancha antes de las convenciones colectivas.
Es lógico que el Gobierno aspire a que en las paritarias se acuerden aumento salariales del 15% y que lo haga explícito para ratificar su compromiso con la nueva meta de inflación. Y también es lógico que los gremios planteen que las negociaciones deben ser libres y sin techo. Los antecedentes muestran que la tasa de inflación anual no difiere sustancialmente del promedio de las suba de los salarios y, si estos superan largamente el 15%, lo mismo ocurrirá con otros precios de la economía.
Pero la lógica económica se contrapone con el costo que implica explicitar un objetivo que sabe que no se cumplirá y, consecuentemente, el Gobierno aparecerá como derrotado ante cada acuerdo superior al 15% porque los dirigentes gremiales dirán que “pese a los límites que nos quisieron poner, conseguimos más”. Porque es impensable que, salvo casos excepcionales, se firmen acuerdos por el 15%, y en los casos en los que se haga, se incluirá la cláusula gatillo que tampoco le gusta al Gobierno.
En los primeros meses del 2018 la tasa de inflación será relativamente alta y luego irá bajando pero muchos convenios se discuten ahora sobre la base de la información disponible en este momento. Si en el primer cuarto del año los precios suben la mitad de la meta de inflación de 2018, la credibilidad del objetivo oficial quedará muy resentida y el Gobierno no le podrá pedir a la dirigencia sindical que avale su proyección. Es probable que los acuerdos salariales se hagan por porcentajes algo menores al 20%, que será finalmente la inflación del 2018. Si es el final previsible, no parece tener mucho sentido tensionar en exceso el proceso previo.
Otro dato que no ayuda al Gobierno es el desgaste que sufrió el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien pese a su inconducta y a sus abusos, fue ratificado en el cargo. Marcos Peña, que reconoció el error de su subordinado, sostuvo que es un buen funcionario y que sus acciones no le costarán el cargo. Pero su continuidad implica un costo político para el Gobierno porque afecta la credibilidad de una parte del discurso oficial que siempre cuestionó el tipo de prácticas a las que recurrió Triaca. El Gobierno deberá enfrentar una etapa dura en la relación con los sindicatos con un ministro de Trabajo muy deteriorado políticamente. La respuesta de que será investigado por la Oficina Anticorrupción parece insuficiente ya que un cuadro político del PRO investigue a otro cuadro político del PRO no garantiza, a priori, la rigurosidad que necesita el caso.
En esta agenda también figura la reforma laboral y en ese terreno el Gobierno eligió una alternativa razonable que es la de desdoblar el proyecto original e ir avanzando en aquellos temas en los que hay acuerdo. El blanqueo de trabajadores no registrados es el punto de coincidencia más importante y que satisface a todos los actores involucrados como quedó en evidencia por el apoyo que le otorgó Héctor Daer. Un proyecto de esa naturaleza, con el apoyo de los sindicatos y con un amplio respaldo en el Congreso, sería un hecho positivo que serviría para descomprimir la tensión política. No tiene sentido para el oficialismo impulsar reformas a Ley de Contrato de Trabajo sin un acuerdo previo con los sindicatos porque sufriría un desgaste, dado que habría movilizaciones en contra de la iniciativa, provocaría el abroquelamiento del peronismo en defensa de su “columna vertebral” y, finalmente, el proyecto no sería aprobado.
El Gobierno, de todas maneras, tiene un argumento de peso ante cualquier negociación y es que la economía volverá a crecer por segundo año consecutivo en torno al 3%. Y la expansión de la actividad es condición necesaria para aspirar a un avance en la situación social.
