“El impacto de la reducción de costos laborales no suele ser importante”

El Economista dialogó con Roxana Maurizio (Economista e investigadora del IIEP)

 

Entrevista a Roxana Maurizio Economista e investigadora del IIEP

Por Juan Strasnoy Peyre

 

El “blanqueo” es el mascarón de proa del Gobierno tras su cambio de estrategia para avanzar con la reforma laboral, esta vez dividida y con la prioridad puesta en los puntos que tienen mayor consenso en el mundo gremial y en el Congreso. En el Ministerio de Trabajo, aseguran que tendrá un fuerte impacto en la formalización de trabajadores. Sin embargo, la economista Roxana Maurizio, especialista en mercado de trabajo, señaló que la reducción de costos laborales por sí solos no suelen ser eficaces. En diálogo con El Economista, la investigadora del IIEP dijo que “las estrategias deberían combinar políticas laborales con políticas productivas, sumado a una macro más estable”.

 

¿Por qué se sostiene en niveles tan elevados la informalidad?

La informalidad laboral es un fenómeno heterogéneo, por lo tanto es multicausal. Se ha reducido mucho en los años 2000 en Argentina y en un conjunto importante de países de la región, más allá de que todavía queda un porcentaje muy elevados de los asalariados. La mayor parte de ellos trabajan en “el sector informal”, que básicamente son empresas pequeñas que aglutinan el 60% de la informalidad. Y si uno mira por rama de actividad, el 25% se corresponde con el servicio doméstico. Luego queda un remanente que está en grandes empresas, o lo que uno llamaría “el sector formal de la economía”. Hay un primer punto de la informalidad que se asocia a los establecimiento que tienen poca capacidad de generar ingresos suficientes para sostener todos los costos, incluidos los asociados al factor trabajo. Por eso, cuando uno habla de las políticas necesarias para combatir la informalidad hace falta tener en cuenta hacia dónde van dirigidas y pensar que los establecimientos pequeños probablemente necesiten acompañar políticas laborales con políticas productivas, para darle mayor rentabilidad y competitividad a estas empresas.

 

¿Cree que las principales causas, entonces, tienen que ver con los costos y la rentabilidad?

Esas causas se asocian en general a las pequeñas empresas, pero después hay informalidad asociada a establecimientos grandes y medianos, donde muchas veces se vincula la evasión de los aportes a la seguridad social como parte de una cadena más grande de evasión impositiva. Existen ambas cosas y, por eso, es importante identificar en cada caso cuál es la problemática.

 

En ese marco, ¿cómo se explica la leve pero persistente suba de la informalidad durante los últimos trimestres?

Todavía es difícil poder identificar los porqués. Es difícil proyectar si estamos hablando de un aumento sostenido o de ciertas fluctuaciones que no marcan un quiebre en la reducción vivida entre 2003 y 2008/2009 -que después se fue moderando-. Es cierto que estos son los primeros trimestres con aumento pero deberíamos esperar un poco más para hablar de un quiebre de tendencia. En realidad, uno sí podría pensar cuáles creemos que fueron los determinantes de aquella reducción fuerte en la informalidad que hubo en la región y ver en qué medida han cambiado.

 

¿De cuáles se trata?

Primero, de un proceso de crecimiento económico relativamente elevado y sostenido en el tiempo, que genera cierta previsibilidad en la demanda de empleo, lo que es una condición necesaria para que el empleador decida formalizar. Por el contrario, la incertidumbre macroeconómica y la falta de previsibilidad acerca de si se va a necesitar esa mano de obra en el futuro atenta mucho contra la posibilidad de formalizar a un trabajador porque, obviamente, los costos asociados al despido existen. En ese sentido, en estos años hemos tenido un período de reacomodamiento de la economía y todavía estamos en un proceso de transición. Y, después, se trata de políticas específicas. Una, que resultó muy importante, fue la inspección laboral, sobre todo para los establecimientos medios y grandes, donde efectivamente uno puede combatir la informalidad con mayor penalización, es decir, elevar los costos de la informalidad. Y en ese sentido, las propuestas de la reforma laboral, que ahora parece desdoblarse, no mencionan un rol importante de la inspección, que sí tuvo durante los 2000.

 

Recién mencionó la reforma. Tras definir dividirla, el Gobierno prioriza avanzar con el blanqueo, que incluye una condonación de multas y deudas para las empresas que formalicen y se suma a la deducción de cargas para los bajos salarios aprobada con los cambios tributarios. En Trabajo, estiman que se blanqueará a 300.000 trabajadores, ¿es viable?

Ese es un número que maneja el Ministerio. No te puedo dar una opinión porque no sé cómo llegan a esas estimaciones. Pero en principio, hay dos tipos de políticas: o encarezco la informalidad o abarato la formalidad con un esquema de incentivos como los que mencionó. El primer problema del blanqueo es la injusticia que genera respecto de un empleador que viene cumpliendo con las regulaciones laborales. El otro punto, que se cruza con el mínimo no imponible, es si una reducción de los costos laborales alcanza o no para tener un impacto en la informalidad por sí sola. La experiencia internacional muestra que, en general, el impacto no suele ser importante. Además, está el 25% que corresponde al servicio doméstico, que ni siquiera está incluido en esta discusión, con lo que queda fuera un sector que supera en incidencia en la informalidad a países como Uruguay, Chile y Brasil. Pero aun dejando de lado el servicio doméstico, si el grueso de la informalidad se concentra en establecimientos pequeños, las estrategias deberían combinar políticas laborales con políticas productivas, sumado a una macro más estable. Con políticas aisladas, la eficacia va a ser mucho más baja. El blanqueo por sí mismo quizás pueda tener un impacto en ciertas empresas, pero después hay que sostener ese empleo formal que se crea. Ese es el desafío. También uno puede discutir que el mínimo no imponible sea para todas las empresas, independientemente de su tamaño. Porque la contracara de esto es la reducción de aportes patronales que esto genera en un contexto en que la seguridad social tiene problemas crecientes en su financiamiento.

 

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