La crisis catalana no concluyó aún (ingresa a otra fase)

Ante la nueva fase, se necesitará mayor vocación de negociación y menor unilateralismo, y más política y menos Código Penal

 

Por Javier Cachés Politólogo      

 

Tras la conmoción provocada por el Brexit en junio del 2016, la Unión Europea encaró un 2017 plagado de amenazas para su proyecto de integración: la derecha xenófoba emergía con posibilidades de acceder al poder en Francia y Holanda y Angela Merkel, garante de la estabilidad continental, debía revalidar en las urnas la extensión de su liderazgo en Alemania. Finalmente, ninguno de estos temores se consumó. El extremismo no pudo formar gobierno en los primeros dos países y la Dama de Hierro germana continuó al frente de la Cancillería. Pocos observadores pudieron prever que el mayor riesgo para la UE no vendría por derecha, sino por abajo: el nacionalismo catalán sacudió los ánimos de España, pero también de Europa. Después del Brexit, el Catexit.

 

Luego de un mes de máxima tensión, el “choque de trenes” entre Madrid y Barcelona se terminó materializando: el Parlamento catalán proclamó la creación de un Estado independiente y el Gobierno central activó el artículo 155 de la Constitución, que habilita la intervención regional. Tras la aprobación del Senado, Mariano Rajoy dispuso la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de todo su gobierno; la disolución del Poder Legislativo y la remoción del director de la policía local.

 

Puigdemont y sus seguidores nunca tuvieron los recursos de poder necesarios para sostener la declaración unilateral de independencia: 48% de los votos populares (obtenidos en los últimos comicios autonómicos de 2015), 70 bancas sobre un total de 135 en el Parlamento y una mayoría forzada en un referéndum sin garantías como el del 1º de octubre no parecen ofrecer la fuerza política suficiente como para sustentar la escisión de España. El desconocimiento prácticamente unánime de la República Catalana por parte de la comunidad internacional es un indicador contundente del aislamiento político en el que quedaron los separatistas.

 

A Puigdemont le quedará el consuelo de pasar a la historia como un mártir de la causa independentista. Pero a un costo muy alto. La Fiscalía General de España lo acusará de haber encabezado una rebelión, delito por el que podría recibir una condena de hasta treinta años de prisión. En las últimas horas, llamó a la resistencia pacífica. Su destino podría ser el exilio.

 

Por su parte, Rajoy sale, hasta aquí, fortalecido del entuerto catalán. Con la radicalización del conflicto en Barcelona, el presidente reordenó la política partidaria en Madrid. Tanto el PSOE como Ciudadanos se encolumnaron detrás del líder del Partido Popular y ratificaron su inflexibilidad frente a la demanda independentista. Coordinando sus acciones con Pedro Sánchez, el mandatario frenó la convergencia que se comenzaba a insinuar entre los socialistas y Podemos, fuerza con la que el ocupante de La Moncloa prefiere antagonizar.

 

Al anuncio de la activación del artículo 155 en Cataluña, Rajoy le agregó una sorpresa: la convocatoria a elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre. El presidente sabe que no puede repetir el bochorno del 1-O, cuando la represión alcanzó niveles inaceptables para los cánones de las democracias de los países desarrollados. Ahora ofrece intervención territorial más urnas. Coerción más consenso. ¿Participarán los partidos independentistas y sus bases de los comicios? Si lo hacen, legitiman la salida impuesta por Madrid. Si no compiten, corren el riesgo de transformarse en actores antisistemas. No quedaron en una situación cómoda.

 

Con los episodios de los últimos días, la crisis catalana no concluyó. Ingresó a otra fase. Una en la que se necesitará mayor vocación de negociación y menor unilateralismo; más política y menos Código Penal. Quizá una de las claves pase por la constitución de los catalanes no independentistas como un nuevo actor político. Ayer, cientos de miles de ciudadanos se volcaron a las calles para pedir por la unidad nacional. La relación de fuerzas ha cambiado y pueden apostar por un renovado protagonismo. No es un dato menor. Hasta aquí poco movilizados y desorganizados, su mayor coordinación ayudaría a dejar de leer el conflicto como un antagonismo entre Madrid y Barcelona y contribuiría a reformular un pacto de convivencia en España que, sin dudas, debe ser revisado.

 

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