Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Cs. Económicas (USAL)
Hoy, el Presidente anunciará los puntos fundamentales de las reformas que se esperan para la nueva etapa política iniciada el pasado 22 de octubre. La fundamental, y probablemente la más urgente para encarrilar los números fiscales, es la reforma tributaria a ser remitida ante el Poder Legislativo para su debate y posterior aprobación.
Cualquiera sea su contenido, y las reformas que quizás sufra el proyecto original, requerirá una etapa de múltiples debates, tanto dentro como fuera del ámbito parlamentario. Si bien su texto completo todavía no se publicó, desde mediados de año se vienen conociendo vía trascendidos los lineamientos centrales de la reforma. En términos generales apunta a mutar de una estructura tributaria con mayor carga sobre las actividades productivas, los ingresos laborales y las ganancias empresariales a otra que aliviane dicha carga, y que compense esas eventuales bajas con una mayor presión sobre individuos y patrimonios.
La discusión no se saldará en pocas semanas, si bien las autoridades apuestan a que se logre al menos su aprobación en primera instancia antes de mediados del año próximo. Su factibilidad es, por ahora, una incógnita. Naturalmente emergerán voces con observaciones sobre todo cambio que afecte intereses sectoriales, y personales. Pero también, en términos federales. El debate de la reforma tributaria no será independiente del eventual pacto fiscal entre Nación y provincias que viene dialogándose para acordar una Ley de Responsabilidad Fiscal con real enforcement.
Esto, a su vez, viene precedido por una incógnita respecto de qué solución tendrá la cuestión judicializada sobre el Fondo del Conurbano bonaerense y qué modificaciones podrían acorarse respecto de algunos tributos específicos. No habría desacuerdo, en general, para prorrogar la vigencia de un impuesto distorsivo como el que grava a los créditos y débitos bancarios (impuesto “al cheque”), pero habrá que conocer cuál es su futuro en el proyecto de reforma del Ejecutivo.
Las provincias no estarían dispuestas a rechazar una rebaja al Impuesto a los Ingresos Brutos si a cambio se les permitiera compensar esos menores ingresos con un aumento de la participación de las cajas provinciales en el impuesto “al cheque”. Todas las provincias, y en particular las exportadoras más alejadas de los puertos de embarque, se verían muy beneficiadas de una reducción del “costo argentino”, vía una fuerte baja en el Impuestos a los Ingresos Brutos, o el Impuesto a los Sellos. Sin embargo, en el corto plazo las provincias no podrían contar automáticamente con ingresos sustitutos para mantener el financiamiento del gasto primario. El efecto positivo vía rebote de la actividad económica sobre las finanzas provinciales, se observará con mayor retraso y se tornará inevitable la discusión conjunta de la reforma que dará a conocer el Poder Ejecutivo esta semana y de inevitables cambios en las relaciones fiscales entre Nación y provincias.
Esto tensará las discusiones y forzará a buscar políticamente alguna forma mínimamente aceptable de coordinación en la que algo deberá resignar (probablemente el Poder Ejecutivo). Al menos hasta el 10 de diciembre de 2019 la mayoría de los gobernadores y de los senadores nacionales no pertenecen a Cambiemos.
Algunas preguntas, de mínima, trataremos de responder, o al menos intentar responder, a partir de la lectura del proyecto que se conocerá estos días.
¿Apuntará la reforma a reducir la cantidad de tributos y simplificar la tremenda maraña de impuestos y reglamentaciones a nivel nacional, provincial y municipal vigente en la actualidad?
¿Reducirá la carga del Impuesto a las Ganancias sobre las rentas individuales y/o de las empresas? Y eventualmente, ¿el impuesto “al cheque” o algún otro se tomaría a cuenta de Ganancias?
¿incluye una propuesta a las provincias para que sus legislaturas aprueben una progresiva reducción de las alícuotas en Ingresos Brutos? ¿Y a cambio de qué?
¿Qué ocurrirá con los Impuestos Internos? ¿se propondrá o no el aumento de la carga sobre algunos productos específicos, como los cigarrillos o las bebidas sin alcohol?
¿Se eliminarán las retenciones a las exportaciones?
¿Incluye o no un gravamen a la renta financiera? ¿De qué activos? ¿Sobre qué sujetos?
¿Propondrá la Nación una mayor presión tributaria de las provincias en algunos impuestos específicos como los que gravan la propiedad de inmuebles urbanos y rurales? ¿Se seguirá el camino señalizado en los últimos años por la Provincia de Buenos Aires?
¿Estará acompañada por una política de gasto público más austera y eficiente, y con un comportamiento anticíclico, y no procíclico como lo ha sido en la década pasada?
¿Se reducirán las cargas patronales y cómo se compensaría en ese caso el potencial desfinanciamiento del sistema previsional?
¿Incluirá cambios institucionales para desalentar y combatir con mayor eficacia la evasión impositiva? ¿También cambios en los tratamientos diferenciales conocidos como “gastos tributarios”?
Podríamos seguir, pero el listado es apenas una pequeña muestra (y bastante incompleta) de las múltiples preguntas y debates que va a generar el proyecto que se anunciará el día de hoy. Esperemos que algo sirva, al menos, para adoptar un sistema tributario menos agobiante y más equitativo que el actual. Habrá ganadores y perdedores. Pero si algo es cierto es que el sistema impositivo actual es una visible traba para el crecimiento de largo plazo, y como lo ha demostrado la experiencia de los últimos quince años, aumentar la presión fiscal y fomentar el consumo ha sido, en definitiva, una estrategia equivocada. Al menos para preservar la economía en un sendero de crecimiento con solvencia fiscal, creación de empleo y reducción de la pobreza.
