Los datos están cambiando la lucha contra la corrupción



 

por Carlos Santiso (*) y Benjamin Roseth (**)

 

En abril de 2016, los papeles de Panamá revelaron los negocios opacos de las empresas offshore, los fideicomisos y las fundaciones en paraísos fiscales utilizadas para ocultar la fortuna de la élite global. Los start ups de análisis de datos ayudaron a los periodistas de investigación a revisar más de 11,5 millones de documentos para conectar los puntos de la trama. El fallout fue devastador. A los pocos días de la publicación de los documentos, decenas de funcionarios de alto rango en todo el mundo se encontraban con el agua al cuello. La fuente de los datos fue una filtración de Mossack Fonseca, un bufete de abogados con sede en Panamá.

 

Sólo pocos meses después, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, fue sometida a un proceso de destitución. A pesar de que el país estaba envuelto en un escándalo de corrupción vinculado con la empresa de petróleo nacional, el motivo legal de su destitución fue un asunto técnico –básicamente, se le declaró culpable de utilizar trucos contables para ocultar el estado verdadero de las finanzas públicas–. La primera en detectar las irregularidades fue una organización de la sociedad civil, Contas Abertas, que revisó los datos presupuestarios hechos públicos en el marco de las leyes brasileñas de acceso a la información y divulgados a través de sus principales portales de transparencia. Contas Abertas puso al Tribunal de Cuentas al tanto de las irregularidades, el Tribunal abrió una investigación y la política siguió su curso. En este caso, la información utilizada eran datos públicamente disponibles del Gobierno.

 

Los datos –tanto el big data como los datos abiertos– están efectivamente modificando el paisaje de la lucha contra la corrupción, ¿pero implican estos episodios un cambio radical?

 

En primer lugar, el big data: estos datos se caracterizan por su volumen (las bases de datos son masivas), su velocidad (los datos se producen con frecuencia) y su variedad (los datos tienen numerosas fuentes y formatos), pero a menudo surge la inquietud acerca de la veracidad (precisión de los datos). Hay muchos datos que se pueden poner en circulación –nuestras diligencias, interacciones y transacciones producen 2,5 cuatrillones de bytes de datos cada día–.

 

Impulsados por la revolución digital, los gobiernos están contribuyendo cada vez más a esta riqueza de datos en la maquinaria del gobierno y en la calidad de los servicios públicos. Mediante sofisticados algoritmos que procesan subconjuntos de estos datos, los analistas pueden identificar patrones y predecir las conductas.

 

Y luego, los datos abiertos: desde los ‘90, los gobiernos han aprobado leyes de libertad de información y portales web, otorgando a los ciudadanos el derecho de solicitar y tener acceso a información del gobierno. Sin embargo, la aprobación de leyes de transparencia de datos a menudo requiere de valentía de parte de los gobiernos que creen en las reformas, y vigilar su cumplimiento es difícil, dado que la información es poder. Aunque ya son 70 los países que han firmado la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP – Open Government Partnership) desde 2011 y hay algunos ejemplos de instrumentos de datos abiertos accesibles para los ciudadanos (como el Checkbook NYC 2.0, de Nueva York, que abrirá el presupuesto de la ciudad, y la plataforma Maparegalías, en Colombia, que mostrará datos sobre las regalías mineras), en general, los datos de los gobiernos siguen estando ocultos: menos del 10% de las bases de datos de los gobiernos son en formato abierto, según el Indice Global de Datos Abiertos. Los datos sobre las contrataciones públicas -particularmente vulnerables a la corrupción- son especialmente opacos: menos del 10% de los 120 países supervisados por el Open Contracting Partnership proporcionan datos de alta calidad y oportunos sobre los contratos públicos y las adjudicaciones.

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Si los datos son en formato abierto, y sobre todo si se trata de big data, se pueden analizar para desvelar, impedir y disuadir de participar en prácticas corruptas. Los especialistas en datos están uniendo fuerzas con las actividades de organizaciones de lucha contra la corrupción para desarrollar aplicaciones tecnológicas expertas y desplegar poderosos sistemas analíticos contra la corrupción.

 

Más ejemplos

 

En India, la aplicación “I paid a bribe” (“He pagado una coima”) permite a los ciudadanos informar sobre sobornos y fraudes en los trámites con los funcionarios públicos. Esta plataforma contribuye a luchar contra lo que su fundador, Swati Ramanathan, denomina “corrupción minorista”, es decir, pequeños sobornos burocráticos que perjudican sobre todo a los pobres. Sin embargo, se trata sólo de mecanismos de información, y no garantizan una reparación. En Brasil, el Observatorio del Gasto Público, realiza un seguimiento de casi US$ 5.000 M del gasto hecho público en el portal de transparencia del gobierno. El Observatorio utilizó sistemas analíticos para revelar fraudes en el programa más grande de protección social del país, Bolsa Familia, comparando la lista de beneficiarios con el registro federal de vehículos, e identificó a miles de beneficiarios no elegibles.

 

En Georgia, Transparency International lanzó un portal de contratos públicos de código abierto. Los datos obtenidos en el sitio web de contratación pública electrónica del gobierno permiten llevar a cabo investigaciones sobre contratos no competitivos y otras transacciones sospechosas. De la misma manera, en Colombia, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia ha desarrollado una aplicación que permite a los ciudadanos informar sobre “elefantes blancos”, es decir, trabajos públicos inacabados o con sobrecostes exagerados. Hacia finales de 2015, ha identificado 83 de estos “elefantes blancos” por un valor total de casi US$ 500 millones, que llevaron a la apertura de procedimientos penales por parte de las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley.

 

A pesar de su promesa, el big data y los datos abiertos no son una panacea contra la corrupción. Hay cuatro factores clave que se deben tener en cuenta para explotar plenamente los datos en la lucha contra la corrupción, tanto por parte de las agencias públicas como de la sociedad civil:

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En primer lugar, para tener una perspectiva adecuada, los sistemas analíticos contra la corrupción requieren datos de buena calidad y capacidad analítica. Los análisis también deben basarse en datos fiables y de buena calidad, desde las estadísticas oficiales hasta los registros administrativos. De otra manera, se trata de “basura entra, basura sale”. Esto pone de relieve el rol crucial de las instituciones nacionales de estadística. Un sistema analítico efectivo también requiere una fuerte capacidad analítica interna. Los especialistas de datos están sujetos a una fuerte demanda y es difícil atraerlos al sector público. Varios países y ciudades están creando laboratorios para atraer a aficionados a los datos, aprovechar datos e incubar innovaciones.

 

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En segundo lugar, para tener un impacto, el análisis contra la corrupción debe estar entrelazado con un sistema de integridad nacional. Debe estar conectado con los mecanismos de reclamaciones y con las instituciones de lucha contra la corrupción que conduzcan a procesamientos judiciales y generen medidas correctivas que impidan la corrupción en sus raíces. El análisis de datos también deben integrarse en el ciclo de las políticas para tener relevancia –con el fin de formular las preguntas correctas a los datos, para retroalimentar los mecanismos de formulación de políticas y promover reformas contra la corrupción. Si bien el análisis aumenta la capacidad de supervisión y percepción del gobierno, no puede remplazar la intuición y la previsión de responsables de las políticas con una amplia experiencia.

 

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En tercer lugar, los sistemas de análisis contra la corrupción también deben ser transparentes. Cualquier instrumento que requiere un conjunto sumamente especializado de destrezas corre el riesgo de ser capturado por unos pocos, y el big data no es una excepción a la regla. Tenemos que conseguir que los algoritmos estén sujetos a rendición de cuentas. Por otro lado, debe prestarse especial atención a las brechas de datos -sobre todo cuando se toman decisiones a propósito de zonas con una baja penetración de Internet- para evitar que se agudice la desigualdad.

 

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En cuarto lugar, los datos corporativos -una frontera ignorada durante largo tiempo en el dominio de la transparenciatambién deben tener datos abiertos. Según John Doe, el denunciante detrás de los papeles de Panamá, la “revolución de los datos no ha hecho más que comenzar”. Está alterando el “juego de la corrupción”, reduciendo la opacidad del gobierno y las asimetrías de información que a menudo daban lugar a prácticas ilegales. Los papeles de Panamá son un indicio de cuánta información permanece oculta en el mundo corporativo y de cuánto daño puede causar esa opacidad. Proyectos como Open Corporates y Open Oil intentan arrojar alguna luz sobre el panorama, pero todavía queda mucho por hacer.
 

(*) Jefe de la División de Capacidad Institucional del Estado del BID.

(**) Especialista en Modernización del Estado del BID

 



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