por Jorge Colina, Economista de IDESA
El Gobierno propone pertinentemente hacer una reforma tributaria. Aunque todavía no trascendieron detalles, se sabe de antemano que el cambio es bastante desafiante ya que se trata de atender varios objetivos encontrados. Básicamente, hay que bajar la presión impositiva, recaudar más y con impuestos más simples.
Para avanzar hacia un sistema tributario más simple es fundamental revisar dos temas: la duplicación de impuestos y la alta incidencia de los impuestos que gravan el proceso productivo. En el tema de duplicación de impuestos, hay que fusionar los impuestos al consumo que se administran desde los tres niveles de gobierno (IVA e impuestos internos nacionales, Ingresos Brutos provinciales y tasas municipales) y los impuestos a los activos (Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales nacionales y los impuestos provinciales y municipales a los bienes registrables). El desafío no es menor porque se necesita un “pacto fiscal federal amplio” que involucre a la Nación, las provincias y los municipios.
Para eliminar la alta incidencia de los impuestos al proceso productivo habría que eliminar ?o colocarlos como pago a cuenta de otros impuestos? a los impuestos al trabajo, al cheque, a las exportaciones y a las importaciones. La razón es que el Estado no debe entorpecer la asignación de recursos durante el proceso productivo, para no incidir negativamente en la eficiencia productiva, y cobrarlos recién al final, una vez que las empresas ya generaron el valor económico y ejecutaron sus ventas y sus ganancias. Actualmente, del total de la recaudación impositiva nacional casi dos tercios provienen de impuestos sobre el proceso productivo y sólo un tercio de impuestos neutrales y a las ganancias. Por eso, el cambio que se necesita es profundo.
El gran reto
Pero definitivamente el mayor reto es cómo reducir presión tributaria aumentando la recaudación. Aquí, se debe reimpulsar el “pacto tributario” entre el Estado y los ciudadanos. La idea debe ser que la reducción en la presión tributaria esté condicionada al cumplimiento. La forma de hacer operativo este “pacto” es sustituyendo el uso del dinero en efectivo por dinero bancario.
Desde el punto de vista tecnológico esto es muy factible y lo será cada vez más con los progresos que habrá en materia de dinero digital administrado desde los celulares. La tarea pendiente pasa por los incentivos. El Estado debe hacer su contribución evitando gravar los pagos electrónicos. Esto implica, no sólo empezar a eliminar el impuesto al cheque, sino también erradicar la práctica facilista de aplicar “retenciones” cuando los individuos hacen pagos por transferencia bancaria. El Estado tiene que tener presente que con los pagos digitales tendrá mucha más información para evitar la evasión. Por eso deja de tener sentido andar forzando adelantos del pago de impuestos, con retenciones coercitivas, cuando el pago es digital. De hecho, se debería revertir la regla y cobrar impuesto al cheque y aplicar retenciones cuando el pago es en efectivo.
En esta estrategia, la eliminación de la devolución del 5% de IVA por compras con tarjetas de débito es un sólido paso, pero hacia atrás. Esta era la única herramienta para inducir pagos bancarios, débil por cierto, pero incentivo al fin. Más que eliminarla, habría que haberla perfeccionado y profundizado.
