Avanzan en el blanqueo laboral



 

Luego de varios días de coqueteo con la idea, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, confirmó que así como en el último tiempo se puso en marcha un programa de blanqueo de patrimonios, considera que “es momento de realizar una exteriorización de trabajadores”. En conjunto con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, Triaca trabaja en un borrador de la iniciativa, que se solventaría en la financiación por parte del Estado de los tres primeros años de aportes de los nuevos empleados que se incorporen al mercado registrado.

 

“Apostamos a un shock de formalización y estamos dispuestos a hacer un esfuerzo fiscal para que haya más empleabilidad”, dijo Triaca al diario La Nación. Si bien todavía los detalles no están definidos, se anticipa que el eje central de la medida podría ser que el Gobierno se haga cargo de los tres primeros años de aportes de cada trabajador que se incorpora al mercado laboral formal, lo que sería afrontado con aportes del Tesoro y exenciones tributarias bajo estudio. El objetivo oficial de máxima es blanquear a unos 300.000 trabajadores por año hasta 2019.

 

La iniciativa iba a limitarse en un primer momento a los sectores con más dificultades, las pymes y los trabajadores jóvenes –afectados por una tasa de desempleo que ronda el 19%–, pero se evalúa ahora extender la ayuda a todo el mercado laboral. El límite para el cálculo del beneficio serían los salarios brutos de hasta $12.000, aunque podría haber excepciones de acuerdo a las regiones. Desde la Casa Rosada aspiran a que la industria de la construcción, la textil y el empleo rural, tres de las actividades con mayor nivel de informalidad, sean las primeras que adhieran al blanqueo.

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En declaraciones a la prensa el ministro Triaca señaló que la intención no es sólo atacar la informalidad para que más trabajadores puedan disfrutar de los beneficios de la seguridad social, sino también para que agreguen volumen a la masa de aportantes y contribuyan a financiar el sistema.

 

En el proyecto del Gobierno también se debate la posibilidad de que los beneficiarios de programas sociales se sumen a la base tributaria, convirtiendo esa ayuda en un saldo a favor para el ingreso al mercado laboral formal. El Estado, en lugar de subsidiar a un desempleado o a un empleado informal, buscaría subsidiar una parte del salario convencional mientras dure la prestación social.

 

Esta iniciativa de blanqueo laboral está en línea con las declaraciones repetidas por funcionarios nacionales en los últimos días, que señalaron que los altos costos laborales –a los que llamaron “impuesto al trabajo”– son en algún punto los causantes de la alta informalidad laboral, que en nuestro país supera, según el Indec, el 33,8%. Desde la CGT mostraron sus objeciones. “No se puede decir que los fondos con los que se financia la seguridad social son ridículos”, dijo Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera, en respuesta a los dichos de Dujovne.

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Triaca se apuró en salir a contener las críticas, y dijo que además de la necesidad de modificar lo impuestos que afectan a la producción y el trabajo “tenemos que ser conscientes de que tenemos que financiar un sistema de seguridad social”.

 

Todavía no está claro si la medida que se encuentra siendo debatida tomará la forma de un proyecto de ley, de una resolución ministerial o de un decreto que modifique lo ya vigente, pero se esperan novedades en el transcurso de este mes.

 

En febrero próximo volverá a reunirse la mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo, inaugurada el año pasado y conformada por representantes de las principales cámaras empresarias, ministros nacionales y la CGT, y el Gobierno espera tener para entonces letra firme sobre la que debatir.

 






Diario EL ECONOMISTA

jueves 14 de noviembre, 2019
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