Los desafíos energéticos

16 de noviembre, 2016

 

por Ignacio E. Carballo (*), Franco Sacchetta (**) y Martín Acosta (***)

 

El pasado martes 16 de agosto, al ser interpelado por una legión de diputados, el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, afirmaba: “En estos doce últimos años, Argentina pasó de tener energía abundante, exportada y barata, a tener energía escasa, importada y cara”. El motivo que lo llevó a verse obligado a defender su gestión tan solo nueve meses después de haber asumido el cargo de ministro fue el controversial incremento en las tarifas de energía eléctrica, gas y agua.

 

Repasemos los acontecimientos previos. El Ministerio de Energía había declarado el 16 de diciembre de 2015 la emergencia del Sector Eléctrico Nacional. Meses después, se avanzó en una serie de incrementos tarifarios en un orden del 200% al 500%. Sin embargo, como consecuencia de un proceso acelerado y poco prolijo, con las primeras facturas se presentaron aumentos de hasta el 1.000% o 2.000%. Consecuentemente, los reclamos sociales y apelaciones judiciales no tardaron en llegar.

 

Un recorrido

 

La idea de que la Argentina fue, en alguna época, un país exportador y de abundante energía, pareciera sobrevolar aún en el imaginario colectivo. Dicho escenario, a su vez, es utilizado recurrentemente como un justificativo para evaluar los resultados de gestión del Gobierno predecesor así como para justificar las medidas políticas en materia energética del vigente. Es necesario entonces indagar en la historia reciente y en los cambios estructurales que el sector hidrocarburífero nacional ha atravesado para comprender fielmente su complejidad, vislumbrar las particularidades del presente y poder mirar con mayor claridad al futuro.

 

En términos generales, los hidrocarburos y su respectivo mercado de derivados podrían enmarcarse en dos grandes grupos de producción y extracción con aristas individuales e implicancias muy particulares: el del gas natural y el petróleo crudo.

 

El presente

 

Actualmente, la dependencia de hidrocarburos en la producción energética es alarmante. La participación del gas natural en la producción de energía primaria supera el 50% mientras que la energía en base a petróleo contempla más del 30%. Juntos explican casi el 85% de la oferta energética local. Cuando analizamos los sectores consumidores de gas, a través de los flujos entregados a la red por tipo de usuario, encontramos que la generación eléctrica mediante usinas consume 33% de la producción de gas entregado en red y la industria 28%, explicando casi dos tercios del consumo total. Por su parte, el gas residencial absorbe 25% del total entregado volcado a la red.

 

Dos características son importantes de destacar. En primer término, que por su relación directa para con la generación eléctrica y su fuerte consumo por parte de la industria y los hogares, el sector de hidrocarburos pasa a ser parte inalienable de cualquier estructura de costos fijos. Hecho que lo convierte en un fijador de precios por excelencia de toda economía o, en otras palabras, en un sector estratégico de la política económica. En segundo lugar, resaltar la férrea dependencia hidrocarburífera en la generación energética del país, consecuencia de un proceso extenso de deterioro, abandono y liberalización del sector que merece ser abordado.

 

De manera general, el proceso de transformación estructural gestado durante la convertibilidad tuvo dos implicancias directas para el sector de hidrocarburos. En términos teóricos, los hidrocarburos dejaron de ser concebidos como un recurso estratégico en los términos descriptos para ser tratados como mercancía (commodity). Esto es, permitiendo que su devenir sea una consecuencia de la demanda nacional e internacional. En la práctica, este proceso de transformación estructural se materializó mediante la desregularización del sector. Tres características relevantes resumen la actitud de la oferta durante los ‘90: una disminución del riesgo minero con el afán de disminuir los costos; una sub-exploración con el objetivo de incrementar las utilidades y una sobreexplotación impulsada por el incremento de las exportaciones.

 

En la posconvertibilidad, contrariamente al discurso habitual, no encontramos un cambio de rumbo mediato por parte de la oferta. Las mismas tres variables que la caracterizaron en la década del ’90 perduraron, al menos, hasta que el Poder Legislativo aprobara la ley donde se expropió parcialmente el patrimonio de la empresa YPF S.A. en mayo de 2012. No obstante, cabe resaltar la implementacióndelPlanEnergético Nacional del 2004, orientado a diversificar la matriz energética con energía nuclear y renovable (política que yacuentaconlafinalizaciónypuesta en marcha de Atucha II y extensión de vida de la Central Nuclear Embalse). Más allá de ello, podemos afirmar que ni la década de los ‘90 ni la posconvertibilidad supieron sentar las bases necesarias para desarrollar un sector hidrocarburífero sustentable.

 

Los desafíos

 

Consecuentemente, la política de subsidios energéticos aplicada durante los sucesivos gobiernos desde 2002 se transforma, actualmente, en el desafío más urgente. Mientras perduraba el autoabastecimiento energético en base al consumo de reservas futuras, los subsidios no representaban un costo tan elevado en términos fiscales. Sin embargo, a medida que aquellas fueron reduciéndose y aumentaban las importaciones de energía (gas, principalmente) tanto en cantidad como en precio, el peso de los subsidios en el Presupuesto fue cada vez más relevante, representando una importante fuente del déficit fiscal.

 

De este modo, como afirmó el ministro de Energía meses atrás, efectivamente fuimos un país productor y exportador de hidrocarburos. Sin embargo, a diferencia de anhelar aquellos tiempos, la historia nos obliga a pensar que dichas cualidades fueron consecuencia de una lógica de explotación que nos llevó al estado actual. Sería un grave error volver a mirar bajo una óptica netamente mercantil al sector de hidrocarburos. Contrariamente, la problemática energética argentina requiere de un plan nacional y sostenido en el tiempo que atienda emergencias tanto de corto como de largo plazos con el afán de lograr así la soberanía energética. Pero, al margen de ampliar la apuesta a las energías alternativas con el objetivo de diversificar, que no vuelva a emancipar al sector de su carácter estratégico.

 

(*) Universidad Autónoma de Madrid, UBA y CITRA-CONICET

(**) Universidad Nacional de Córdoba y UBA

(***) UBA

 

Las opiniones aquí expresadas corresponden a los autores y no comprometen aquellas de las instituciones que representan.

 

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