por Sergio Eissa (*) y Jorge Souto (**)
La guerra contra el narcotráfico ha fracasado. El presidente Juan Manuel Santos sostuvo en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas que el mundo debe entender que los métodos represivos y la penalización están fracasando, y es hora de darles a los Estados mayor flexibilidad para actuar de acuerdo con sus realidades internas y enfrentar un fenómeno que ha causado millones de muertos en todo el mundo.
Supongamos que nuestro país siguiera este modelo. ¿Cuáles podrían ser los resultados?
Opciones de intervención
La intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico podría ser encuadrada en estas tres opciones.
La primera (C1) supondría la realización de inteligencia estratégica criminal por parte de las Fuerzas Armadas, dentro y fuera del territorio, a los efectos de detectar el accionar del delito transnacional dedicado al negocio del narcotráfico. Esto requiere una modificación de la Ley Nº 25.520 de Inteligencia Nacional y sus modificatorias.
La segunda (C2), y que está prevista en nuestra legislación, es la colaboración del Sistema de Defensa Nacional con el Sistema de Seguridad Interior, tal como se desarrolla en el marco del Operativo Fronteras (ex Escudo Norte). Esto es, cuando las Fuerzas Armadas, responsables del control del aeroespacio, detectan un tránsito aéreo irregular (TAI), que no constituye una amenaza estatal militar externa (AEME) y/o una amenaza contra los objetivos de valor estratégico, comunican a la Gendarmería la presencia de dicha aeronave y se activa un protocolo para su intercepción. De esta manera se busca que dicho vuelo abandone nuestro espacio aéreo o se lo sigue y ubica el lugar de aterrizaje y se informa a las Fuerzas Federales de Seguridad (Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria), responsables primarias de la lucha contra los delitos transnacionales, para que actúen.
La tercera (C3) requiere que el Congreso apruebe una ley de derribo. Si eso sucediera, la diferencia con C2 sería que las Fuerzas armadas, a través de la fuerza Aérea Argentina, y siguiendo un estricto protocolo, podrían derribar ese TAI.
La cuarta opción (C4) requeriría la modificación de la Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional y la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior y supondría, como en el caso de México y Colombia, el involucramiento de tropas de combate en un enfrentamiento directo contra los grupos involucrados en el negocio ilícito del narcotráfico.
Una mirada económica
En un trabajo seminal, Gary Becker (1968) sostuvo que si se mantienen constantes todos aquellos otros factores explicativos del delito (psicológico, social, etcétera) y se incrementa la probabilidad de ser capturado, la cantidad de delitos disminuiría. Simplificando el argumento, este autor sostiene que la ganancia que obtiene un delincuente por cometer cierto delito sería igual a la ganancia bruta menos la probabilidad ?ceteris paribus- de ser capturado y condenado. En consecuencia, un delincuente decidirá ingresar al negocio de la droga si la ganancia neta es superior a los beneficios que obtendría realizando otra actividad, delictiva o no.
Gn=Gb-Ci
El “premio” o “Ganancia neta” (Gn) de la actividad delictiva es el resultado de la “Ganancia bruta” del negocio ilícito menos la acción punitiva estatal o “costos institucionales” (Ci). Este planteo implica el supuesto de que a Ci mayores se puede disminuir el “premio”, o sea, la Gn de la actividad delictiva:
Si Ci2 >Ci1 => Gn2<Gn1
Siguiendo la formulación de aquellos que proponen involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, si se aumentan los costos institucionales (Ci), a los que se enfrentaría un delincuente como consecuencia de aumentar el poder de fuego del Estado frente a este problema, involucrando no solo a las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria), sino también a las Fuerzas Armadas, disminuirían las ganancias netas de los narcotraficantes, desalentando de esta manera el involucramiento de los individuos que, racionalmente, buscarían realizar otro tipo de actividad que les reportara mayores ingresos. Es decir, la oferta de drogas disminuiría y, en consecuencia, también el consumo.
Esta argumentación no tiene en cuenta algunos aspectos claves del negocio ilegal del narcotráfico.
En primer lugar, el narcotráfico es un negocio que tiene dos características principales: la búsqueda del beneficio económico y, en virtud de que se trata de un negocio ilícito, los conflictos se resuelven por mecanismos extrajudiciales: la violencia. Esta es un buen predictor del estadio en el que se encuentra el problema del narcotráfico en una ciudad, región y/o país, y si existe más de una organización disputándose dicho mercado.
En segundo lugar, si analizamos el fenómeno como un negocio, con cierta lógica de mercado, debemos entonces considerar que la demanda de droga es inelástica en relación al precio, esto es, la cantidad demandada se reduce proporcionalmente menos que el aumento del precio. En efecto, la adicción tiene una alta resilencia frente al aumento de los precios de la droga y actúa más aumentando el “premio” (Gb) que disminuyendo la demanda.
En tercer lugar, el prohibicionismo, las sanciones y los castigos sobre la oferta, aumenta los costos operativos. Entonces, cuando mayor sea el costo, ceteris paribus, mayor será el precio que deberán pagar los consumidores, cuya dificultad para disminuir el consumo los fuerza a pagar esos mayores precios, lo que puede eventualmente derivar en una escalada de la violencia.
Volviendo entonces a las cuatro posibilidades de intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, puede plantearse que:
C4>C3>C2>C1
En consecuencia, en la medida que se aumentan las medidas punitivas hasta alcanzar el mayor grado de prohibición, que supone la utilización de tropas de combate de las Fuerzas Armadas, mayores serán los costos de los delincuentes y mayores serán los precios para los consumidores, pero como la demanda es inelástica, ésta no disminuirá y los beneficios se mantendrán constantes o aumentarán, es decir, habrá un “premio” mayor.
En consecuencia, estarán dispuestos a correr más riesgos para obtener dichas ganancias y mayor será la predisposición a usar la violencia para apropiarse del negocio.
En consecuencia, es altamente probable que la violencia se incremente provocando un aumento de la tasa de homicidios, ya sea por la disputa del mercado o por los delitos conexos vinculados a este negocio ilícito.
Un viaje de ida Claramente, la experiencia comparada nos muestra que la utilización de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico ha fracasado y ha provocado un aumento de la violencia en otros países donde, asimismo, se han corrompido las instituciones estatales y al Instrumento Militar de la defensa nacional.
Pese a ello, en nuestro país se sigue insistiendo con esta receta, argumentando que Argentina se está “mejicanizando”. Esto no es así en la actualidad, pero si se llegara a optar por involucrar a las Fuerzas Armadas de manera directa en la lucha contra el narcotráfico, ese sí será nuestro destino. ¿Es este el camino que quiere recorrer nuestro país?
Ciertamente no. ¿Existen alternativas? Trabajar fuertemente sobre el consumo; tener información certera sobre cuáles son las características de los consumidores en nuestro país (cómo se segmentan por tipo de droga, grupo etáreo, género, etcétera) y mejorar la eficacia del sistema de seguridad y justicia. Si la mayoría de los detenidos por violación a la ley de drogas con sentencia firme en nuestro país, son consumidores, vendedores minoristas y transportistas, y en la mayoría de los casos atrapados en flagrancia, jamás lograremos erradicar este flagelo porque, como sostiene Marcelo Bregman, los eslabones más débiles de la cadena son fácilmente reemplazables por un numeroso “ejército de reserva”.
Como señaló Mauricio Macri: se requiere más inteligencia que músculo para hacer frente al narcotráfico. En otras palabras, necesitamos una inteligencia criminal eficaz; una agencia federal de investigaciones; una aduana incorrupta; una UIF que investigue el lavado de dinero que realiza el sistema financiero; una AFIP que persiga a los grandes evasores, y una Justicia transparente y rápida que apunte a cortar “la cabeza de medusa” y no a los eslabones más débiles del narcotráfico. Esto requiere una fuerte voluntad política de todos los actores políticos porque dicha cabeza no se encuentra en las villas sino en el corazón financiero de nuestro país.
(*) Politólogo y profesor UBA/ UTDT.
(**) Economista y profesor UBA/UNTREF.
