Las claves para lograr una mejor inclusión financiera

BCRA reservas


 

por Ignacio E. Carballo (*)

 

Hoy existe un fuerte consenso en que el desarrollo económico se encuentra promovido por la inclusión financiera. Sin embargo, el debate perdura respecto a la definición y los determinantes de dicha inclusión. Éste nace y se renueva como consecuencia del carácter multidimensional de la misma, oscilando en torno a cuáles son los indicadores adecuados para representar la complejidad inherente en la definición de inclusión financiera.

 

Las dimensiones

 

Las dimensiones comúnmente tratadas por la literatura fueron aquellas de acceso, uso y profundidad del sector financiero. En la práctica, el número de cuentas bancarias, sucursales y ATM’s por habitante fueron utilizadas como variables proxy de las primeras dos dimensiones mientras que, para el caso de la profundidad del sistema financiero, tradicionalmente se recurrió al ratio de créditos o depósitos sobre el PIB en una economía.

 

Durante muchos años la política económica se orientó a impulsar la profundidad financiera por sobre las otras dos dimensiones, básicamente por su correlación con las variables de acceso y uso.

 

Empero, las medidas de acceso, uso y profundidad tienen enfoques distintos y no son sustitutos perfectos en la teoría. En otras palabras, el crédito podría concentrarse en unos pocos y grandes prestatarios, implicando sectores financieros profundos pero con escaso uso o acceso. Más recientemente, la calidad del sistema financiero y las barreras de acceso han sido incorporadas como nuevas dimensiones de la inclusión financiera.

 

Consecuentemente, una definición moderna de inclusión financiera adoptada por diversos autores la describe como el proceso por el cual se maximiza el acceso y el uso de los servicios financieros formales a la vez que se minimizan las barreras involuntarias percibidas por aquellos individuos que no participan en el sistema financiero formal. Bajo esta definición, las nuevas tecnologías y la educación financiera se tornan imprescindibles en una política integral.

 

La situación argentina

 

En Argentina, el cambio de Gobierno invitó al análisis y replanteo del conjunto de características financieras del país. Los grandes hitos de la gestión anterior en términos de inclusión financiera fueron la Cuenta Gratuita Universal impulsada por normativa del BCRA desde 2010 y la bancarización masiva mediante planes sociales que ha fomentado la inserción al sistema financiero de gran parte de la población. También se observó cierta política de localización de sucursales bancarias en zonas desfavorables y se cerró el 2015 con la ampliación del Plan Nacional de Bancarización 2015-2019.

 

En suma, todo llevó a denotar mejoras sustanciales en los indicadores de acceso. Sin embargo, más allá de estos avances, la nueva administración del BCRA heredó un sistema financiero que aún es reducido, se encuentra poco bancarizado y con una elevada exclusión financiera (brecha de acceso entre formales e informales). Para fines del 2015, según cifras del Banco Mundial (BM), solo uno de cada dos argentinos tenía una cuenta bancaria. En otras palabras, las transacciones en efectivo aún dominan la escena y el mercado potencial para la inclusión financiera es abundante en nuestro país.

 

Los nuevos aires

 

Congruentemente, la nueva gestión del BCRA ha incorporado a la inclusión financiera como un objetivo primordial en su agenda. El presidente de la institución, Federico Sturzenegger, resaltaba semanas atrás en la apertura del 32º Congreso Internacional de Marketing Financiero que “todos anhelamos un país con más inclusión financiera, con un sistema financiero más profundo, ágil y desarrollado, que sea el vehículo por el cual se pueda concretar el sueño de un país con igualdad de oportunidades”.

 

En términos generales, la estrategia vigente de inclusión financiera en Argentina comprende tres componentes. Por un lado, pretende impulsar un mayor acceso y uso de servicios financieros para la población en general. En segundo lugar, se orienta a incrementar el acceso a financiamiento por parte de las pyme (quienes generan aproximadamente el 70% del empleo del país). Y, por último, busca incentivar el instrumento crediticio en la base de la pirámide (el microcrédito).

 

Los desafíos

 

En este esquema, un punto rector para la promoción de una mayor profundización financiera es la denominada digitalización del sector, principalmente apostando al uso de smartphones. El objetivo final del BCRA es impulsar los pagos digitales, que incentivarían una mayor formalización de la actividad económica a la vez de disminuir los costos de transacción para las entidades. No obstante, previo a ello, es necesario la apertura de cuentas bancarias, la incorporación de medios digitales de vanguardia por las entidades financieras y asegurar el uso adecuado de los mismos por parte de los clientes.

 

Los pasos procurados por el BCRA han ido en esta dirección. La eliminación de los cargos a las transferencias de dinero vía electrónica sin importar su monto, a la tenencia de cajas de ahorro y las tarjetas de débito vinculadas a ellas o la posibilidad de cancelar las mismas por medios electrónicos dan muestra de ello. En congruencia, el BCRA anunció recientemente la nueva norma que admite la apertura de cajas de ahorro desde computadoras, celulares y otros dispositivos electrónicos, sin tener que movilizarse hasta la sucursal. Así, con la simplificación de los trámites se apunta a facilitar el acceso e incluir a más clientes.

 

Un trabajo realizado en simultáneo a todas estas medidas fue la promoción de una serie de servicios de pago electrónico más cómodos por parte de la institución monetaria, como el POS Móvil, el Botón de Pago y la Billetera Móvil PEI. Estas herramientas preparan el terreno para recibir los futuros pagos electrónicos.

 

Con lo dicho, la inclusión financiera se ha transformado hoy en un objetivo en sí mismo, pero debemos remarcar que se torna aún más valiosa como componente para la inclusión social y empoderamiento de los sectores más desfavorecidos. La población antes excluida podría planear mejor sus gastos, atender riesgos relacionados con la salud, realizar inversiones a largo plazo en educación además de suavizar sus patrones de consumo. Para ello, es necesario que puedan acceder a educación y servicios financieros en condiciones favorables y adecuados a sus necesidades.

 

Es mandatorio que los esfuerzos del BCRA sean fructíferos y que a la vez incluyan a los más desfavorecidos. En esta línea, a continuación se exponen recomendaciones y contemplaciones en términos de buenas prácticas en materia de políticas que promuevan la digitalización de pagos y la inclusión financiera en la base de la pirámide social.

 

Los seis pasos

 

Como se dijo anteriormente, la digitalización financiera mediante medios electrónicos es posterior a la existencia de una cuenta bancaria y, por lo tanto, en primer lugar hay que (1) bancarizar a dicha población vulnerable. A su vez, es indispensable (2) acompañar con programas de educación financiera que transmitan y capaciten al respecto del cómo utilizar la herramienta, enfocando en las bondades para una persona de bajos ingresos (estas suelen ser la seguridad y el ahorro de tiempos en sucursales). Por otro lado, si el móvil serán los smartphones, es necesario (3) asegurar el acceso a una red móvil económicamente accesible y con señal confiable.

 

La digitalización de pagos mediante smartphones también debería tender a ser algo más que administrar las finanzas personales o el pago de servicios. A futuro, debe orientarse a la compra y venta. Para esto, por ejemplo, en otras economías se han implementado las billeteras móviles o las monedas electrónicas, que son metodologías más avanzadas y sirven principalmente en zonas de difícil acceso. Por lo tanto, de cara al futuro, será necesario (4) explorar otro tipo de instrumentos que efectivamente propicien una mayor inclusión financiera.

 

Un punto particular se relaciona con las transferencias monetarias condicionadas (Asignación por Embarazo, AUH o Progresar). Si bien a sus beneficiarios se los bancarizó con cuentas de uso limitado, no se les facilitó el acceso al crédito o al seguro. Además, se ha comprobado que gran parte de los mismos retira todo el dinero en efectivo al instante (muchas veces por temor a perder el beneficio consecuencia de estar mal informados) creando solo un agente bancarizado, pero no incluido. No se usufructúa la cuenta bancaria, ni tampoco se construyen historiales crediticios (con movimientos) para facilitar a posteriori el acceso a otros servicios financieros. De este modo, los que reciben transferencias monetarias condicionadas son un sector relevante para incluir financieramente a los más necesitados (5) vinculando las asignaciones con políticas de inclusión financiera.

 

Por último, en Argentina hay un importante know-how financiero orientado a la base de la pirámide. Instituciones microfinancieras de larga data, ONG’s con mucha presencia en barrios carenciados y bancos comerciales que facilitaron microcréditos durante los últimos años. Sin embargo, salvo en escasas ocasiones, han trabajado mayormente desarticulados. De este modo, (6) una alianza estratégica entre ONG’s, instituciones microfinancieras, banca comercial y sector público, evitaría caer en los errores propios de transitar una curva de aprendizaje, que comúnmente perjudica tanto a la institución como al cliente.

(*) Universidad Autónoma de Madrid, UBA y CITRA-CONICET.



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