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La superley, con apoyo opositor

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo recibió un respaldo importante en su primer debate de comisión. De todos modos, los bloques no oficialistas le exigieron más tiempo antes de votarlo.

03 junio de 2016

La ley ómnibus comenzó ayer su camino parlamentario al darse por iniciado los plenarios de comisión. Los legisladores oficialistas pidieron velocidad y aceptaron excluir a los poderes Legislativo y Judicial del blanqueo de capitales. Con la visita de funcionarios, la oposición críticó los cambios propuestos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y aspectos de la exteriorización. El objetivo de Cambiemos es sacar dictamen el próximos martes y acelerar la votación en el recinto. El primer debate fue largo y recibió un consenso generalizado, lo que ratifica el optimismo del oficialismo.

La última experiencia legislativa le confirmó al Gobierno el difícil escenario que encuentra en la Cámara de Diputados. En el proyecto de “regulación de técnicas especiales de investigación en las causas complejas”, uno de los dos proyectos tratados el miércoles, se aprobó por 129 votos, la mitad más uno. Contó con el apoyo del Frente Renovador y el bloque Justicialista. En cambio en el Senado, esperan contar con el apoyo de los Gobernadores, cuyo acuerdo por la coparticipación está incluido en la ley ómnibus.

Oposición

“Es uno de los primeros goles de Mauricio Macri”, declaró en la mañana del jueves por Radio Mitre, Diego Bossio, ex titular de la Anses y opinión esperada en este proyecto. Luego, en el plenario, cuestionó el financiamiento del programa y señaló que “no es necesario vender acciones”, en referencia a las adecuaciones del FGS que permitiría la venta de acciones de la Anses en empresas privadas. El diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, contestó que “no podemos timbear la plata de los jubilados”. El argumento del oficialismo en cuanto a derogar la ley que prohíbe la venta de las acciones es que no significaría desprenderse de todas las acciones apenas sancionada la ley, pero les permitiría mayor flexibilidad cuando crean oportuno realizar la acción. Axel Kicillof, diputado del FpV, aseveró que esta decisión es una “privatización encubierta”. Lavagna, que adelantó que el pago de juicio a los jubilado “le cae muy bien” al Frente Renovador, demandó al Gobierno “darles un plus a los que tienen la mínima”, siendo lo más perjudicados por el “impacto inflacionario”, según señaló el diputado massista.

  

Bossio reclamó que los temas previsionales “sean sustentables en el tiempo”. “Los recursos tienen que estar, a pesar de un montón de dificultades en todos estos años, la plata estaba. No queremos que el sistema se quiebre”, sostuvo el diputado del bloque Justicialista. Kicillof, en parte, fue más duro y apuntó a que no se trata de una “reparación histórica” y que las moratorias impulsadas por el kichnerismo eran más efectivas que la iniciativa de pagar los juicios por parte del Poder Ejecutivo.

La oposición le pidió más tiempo al Gobierno para tratar el paquete de 91 páginas y 94 artículos enviado a la Cámara de Diputados el martes por la noche. Kicillof, exigió que el paquete “se separe en cuatro leyes”. José Luis Gioja, ex gobernador de San Juan y actual diputado del FpV, dijo que no se trataba de una ley ómnibus sino de una “Ley Tren” y solicitó que los artículos referidos a los acuerdos con las provincias ingresen por el Senado. “Intentamos darle más agilidad al tratamiento de este proyecto que viene del Ejecutivo y a la vez cumplir con la manda constitucional”, señaló el flamante conductor del Partido Justicialista. Eduardo Amadeo, del bloque PRO, replicó que están apurados porque detrás de esta ley aparecen iniciativas de financiamiento de vivienda, de pymes y de educación. Asimismo, recordó que durante los gobiernos kirchneristas “esta sala ha sido testigo de tratamientos testigos express vergonzosas”.

Blanqueo

El sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de bienes, conocido como blanqueo de capitales, fue de los primeros temas en discutirse y de los que más cruces provocó, tanto internos dentro del interbloque Cambiemos, como con la oposición. A la exclusión en el régimen de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, el oficialismo aceptó agregar tanto al poder Legislativo como al Judicial mientras que la oposición adelantó que exigirán sumar a mandatarios provinciales.

Lavagna preguntó por las herramientas de las entidades financieras para percibir el origen de los fondos blanqueados mientras que Bossio adelantó su acompañamiento al Gobierno en este punto. Al contrario, Kicillof ratificó que se trata de una “amnistía a todo tipo de evasor fiscal con todo tipo de propósito” y a diferencia de los blanqueos impulsados por Cristina Kirchner, este régimen no apunta a la “repatriación de bienes”, según el ex ministro de Economía.

Cambiemos mantendrá su postura de acelerar el tratamiento y negociará para poder tener dictamen favorable el martes. Asimismo, buscarán consensuar los puntos más criticados del proyecto para lograr una aprobación en general y no retrasar el debate, gestión que por el momento viene favorable para el Gobierno.

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