Reunidos en Córdoba, los gobernadores acordaron con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la devolución gradual hasta 2020 del 15% de la masa coparticipable que las provincias ceden anualmente para el financiamiento de la Anses desde un acuerdo fiscal con la Nación de 1992.
De la reunión, participaron los gobernadores de todas las provincias menos la santiagüeña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, que faltó por “un problema de salud” pero firmará el acuerdo próximamente, y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que fue reemplazado por el vicejefe Diego Santilli. En tanto, Alicia Kirchner también fue de la partida, pero recién firmará el convenio una vez que sea aprobado en la Legislatura de su provincia.
“Todos los acuerdos federales que se hicieron en el pasado fueron para detraer recursos de las provincias en favor del Gobierno Nacional. Esta es la primera vez que se hace un acuerdo en favor de los gobiernos subnacionales”, celebró ayer Frigerio en una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Con el acuerdo retroactivo a enero firmado ayer, las provincias recibirán este año ?dependiendo cada caso? entre $ 187 M y $ 3.380 M en efectivo, según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Aunque las que tienen deudas con la Nación (todas con excepción de Santa Fe, la CABA, Santiago del Estero, San Luis y La Pampa), recibirán en mano hasta 50% menos que esa cifra, dado que la otra mitad será cancelada con una rebaja de la deuda.
Así, recién para 2020, las provincias empezarán a recibir plenamente esos recursos. “Lo hacemos de la manera que lo podemos hacer en virtud de la herencia recibida en materia fiscal”, planteó ayer.
De todos modos, la relevancia de esos montos no es menor. “Cada punto (porcentual) restituido a provincias de baja autonomía les permitiría compensar más de 10% de recaudación obtenida vía el cobro de ingresos brutos”, muestra un informe publicado ayer por el Iaraf. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, esa relevancia caea 0,5%, mientras que en el otro extremo, para Formosa representa 13,6% de su recaudación por Ingresos Brutos, el principal tributo que cobran las provincias.
Por otro lado, cada punto de restitución que las provincias utilicen para compensar deudas con el Estado Nacional les permitiría compensar desde 2,4% en el caso de Jujuy hasta 21% para Salta o 34,2% en el caso de La Rioja. “La marcada heterogeneidad en la relación financiera de las distintas jurisdicciones provinciales con la Nación implica que el acuerdo tendrá diferente peso para cada una de ellas en función al nivel de endeudamiento con el nivel superior de gobierno”, concluye el Iaraf.
Recién para 2020, las provincias empezarán a recibir plenamente los recursos.
Además de los giros en efectivo, se les prestará a las provincias otro 6% este año y 3% en los tres siguientes a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Este préstamo se devolverá luego a partir de 2020, cuando las provincias ya no sufran ninguna detracción de la coparticipación, con una tasa neta de intereses de 15% para los fondos prestados en 2016 y 2017, y de 12% para los de 2018 y 2019.
Por otra parte, la oferta anterior del Ministerio del Interior introducía como condición que las provincias renunciaran a la posibilidad de continuar los reclamos judiciales que llevan adelante en la Corte Suprema para que se les retribuyan los fondos sustraídos en el pasado para financiar los gastos de Seguridad Social. Entre 2006 y 2015, según el Ieral de la Fundación Mediterránea, las provincias habrían recibido más de $ 180.000 M de no ser por esa detracción.
Sin embargo, ante la presión de nueve provincias (La Pampa, Formosa, Chaco, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, San Juan, La Rioja y Tierra del Fuego), el Gobierno Nacional cedió e introdujo en uno de los artículo del convenio el permiso a que las provincias continúen litigando.
En diciembre, la Corte les había reconocido el derecho a que se le retribuyan esos fondos a Córdoba, Santa Fe y San Luis, que obtuvieron un fallo a su favor de la Corte Suprema).
Hacia el futuro, lejos de terminar con las inequidades entre las provincias, la posibilidad de que se abran juicios con resultados diversos, más la diferente situación que ya existe entre la mayoría de las provincias y Córdoba, Santa Fe y San Luis (que a su vez también obtuvieron fallos diferentes por parte de la Corte), podría llevar a que existan múltiples esquemas de coparticipación conviviendo simultáneamente. “Esto profundiza la complejidad del actual sistema de reparto de tributos nacionales, y aumenta los grados de discrecionalidad en la relación entre la Nación y las provincias, al ser bilaterales los acuerdos y no comunes a todas las jurisdicciones”, advierte Verónica Sosa, presidenta de la consultora Economía & Regiones.
Ahora, para que el acuerdo comience a regir, debe ser rubricado por el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales.
