(Columna de Facundo Matos Peychaux)
El anuncio del plan fiscal por parte del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, era una de las señales más esperadas en el sector energético, principalmente entre los actores vinculados a la distribución de gas y energía eléctrica. Tras una década signada por un crecimiento extraordinario de los subsidios destinados a mantener el congelamiento de tarifas, comenzará ahora un marcado cambio de tendencia, que implicará solo en 2016 un recorte de 1,5 puntos del PIB en concepto de transferencias al sector privado, según anunció el ministro.
Un poco de historia
Como recuerda el informe “Los subsidios energéticos en Argentina”, elaborado por el IAE General Mosconi y ASAP, “los subsidios energéticos constituyen un fenómeno relativamente nuevo en el panorama energético argentino. En los últimos 25 años (1990-2015) se constata que fueron de magnitud muy pequeña hasta el año 2003 y que con posterioridad a ese año se transformaron en un fenómeno de magnitud considerable y fuertemente creciente hasta el presente”.
Su peso en la economía comenzó a crecer en 2002 con la sanción de la ley N° 25.561 de Emergencia Económica, que dispuso el congelamiento de tarifas de manera transitoria. Sin embargo, a medida que la ley era prorrogada todos los años, los subsidios ?energéticos y de otras áreas- no dejaban de crecer. Entre 2005 y 2014, la cuenta de subsidios pasó de 0,4 puntos del PIB a 4,1 puntos, lo que llevó su participación en el gasto primario nacional del 1,5% de 2005 al 12,3% en 2014. Mientras tanto, los subsidios energéticos treparon de 0,2 puntos del PIB a 2,9 puntos del PIB y pasaron de representar el 46,5% del total de subsidios al 71,7%.
Desmantelar esa masa de subsidios y cargar el costo de las tarifas sobre los usuarios es uno de los objetivos principales que se ha propuesto la nueva gestión del Ministerio de Energía. Particularmente, la tarea recae sobre la subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria, a cargo de Andrés Chambouleyron. Desde el ente, admiten que el nuevo esquema tarifario “está muy avanzado" y se anunciará en breves.
Sin embargo, no es una tarea fácil. Como señalaba Matías Carugati en la edición anterior de El Economista, "la rigidez del gasto público complica cualquier intento de rebalanceo". En ese sentido, Ariel Melamud, economista de ASAP, advierte que "la gradualidad en la corrección de tarifas es tan importante como el reordenamiento en sí de la dimensión del gasto en subsidios".
En su conferencia de prensa, Prat Gay anunció que los subsidios se contraerán un 1,5% del PIB y adelantó que se reordenará para priorizar que lo reciban “quienes realmente lo necesitan”, aunque no especificó cuál será el esquema con que se hará ese reordenamiento ni a qué valor irán las tarifas no subsidiadas.
Las incógnitas
Dos de los primeros datos a seguir serán la evolución del consumo energético y el impacto de las subas tarifarias sobre los precios. Según reconoce Lapeña, todos estos años de congelamiento tarifario redundaron en un mayor consumo y como contrapartida, un encarecimiento de la energía derivará en más restricciones. "La calidad de vida va a bajar. En los hogares se desincentivará el derroche pero también el consumo en general”, asegura Melamud en diálogo con El Economista. “Pero el riesgo está también en la industria, donde el aumento va a presionar sobre costos y precios y puede llegar a ser muy amenazante para la política antiinflacionaria del Gobierno", advierte.
En segundo lugar, será determinante para controlar el humor social en qué medida el reordenamiento de los subsidios sea bien dirigido. Actualmente, los subsidios más progresivos son los dirigidos al gas licuado envasado (garrafas); en menor medida al gas de red y al agua; y en última instancia, a la electricidad y el transporte, por lo que todavía quedan grandes espacios de progresividad para ganar, según los especialistas.
En ese sentido, Jorge Puig, economista del Cedlas y co-autor junto a Leonardo Salinardi de un estudio sobre ese aspecto, aclara que los subsidios hoy son prorricos pero al mismo tiempo progresivos; es decir, que “se concentran en términos absolutos en la porción de la población más pudiente pero en términos relativos, quienes tienen menores ingresos, reciben más".
Vinculado a eso, será determinante conocer qué criterios se contemplarán a la hora de identificar quiénes deben seguir percibiendo los subsidios. A diferencia de 2011, cuando el gobierno de Cristina Fernández esbozó fugazmente un intento de reorientación de subsidios (la llamada "sintonía fina"), el criterio residencial no será el único esta vez. "Así como existe la tarjeta SUBE, que permitió focalizar el subsidio en transporte público en las personas, hoy día se puede trabajar con bases de datos de Anses, AFIP o los ministerios de Desarrollo Social, Salud o Educación que permitan identificar a personas que cobran haberes debajo de cierto umbral o pensiones no contributivas, a beneficiarios de planes sociales, de empleo o capacitación, o a monotributistas sociales, por ejemplo", señala Melamud, en línea con lo que asegura off the record un funcionario del Ministerio de Energía.
Finalmente, la disparidad por regiones será otro de los desequilibrios que el Gobierno buscará corregir. Hoy día, según un relevamiento del portal online El Inversor Online, en el AMBA los usuarios pagan apenas el 17% del costo del sistema eléctrico (generación, transporte y distribución) a través de las tarifas actuales, mientras que el Estado se hace cargo del 83% restante. En el interior, en cambio, la relación es mucho más ajustada: el 42% recae sobre los usuarios y el 58% sobre el Estado. En Córdoba o Santa Fe se llega a pagar hasta diez veces más que en el AMBA.
En el caso del gas será más sencillo porque tanto la generación como la distribución están bajo órbita nacional. Pero en el caso de la energía eléctrica, la distribución recae en las provincias, por lo que serán los gobiernos provinciales quienes tendrán la potestad de fijar los nuevos valores. No obstante, desde Energía buscan que las tarifas sean similares en todo el país, para lo que ya hubo reuniones con funcionarios de las distintas provincias.
