Un compromiso para el cambio

5 de diciembre, 2015

(Columna de Delfina Torres Cabreros)

“Nunca lo que ha estado en juego en una reunión internacional fue tan importante”, lanzó el presidente francés, François Hollande, en su discurso de apertura de la 21° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), que se desarrolla en París desde el lunes 30 de noviembre y hasta el 11 de este mes. El encuentro, que convoca representantes de 196 países, buscará dejar atrás el carácter declarativo y preliminar de las reuniones anteriores para dar lugar a un acuerdo concreto que releve al Protocolo de Kioto y siente las bases de la transición hacia economías con baja emisión de gases de efecto invernadero. Pero si bien hay coincidencia respecto a lo urgente de la causa, el debate sobre los puntos concretos del acuerdo y su estatuto jurídico pone a la luz intereses disímiles. La emisión de gases contaminantes ha estado hasta ahora en estrecha relación con el desarrollo productivo y, por lo tanto, los compromisos que se sellen en la capital francesa acarrearán impactos en las economías nacionales.

Puntualmente, el objetivo de la COP21 es lograr mantener el calentamiento global por debajo del límite de los 2°C respecto de los niveles preindustriales. Por ese motivo, el acuerdo pretende fijar planes de reducción de emisión de gases y hallar la manera de que las economías centrales movilicen, a partir de 2020, US$ 100.000 millones por año para contribuir con los países en vías de desarrollo en su camino de crecer con tecnologías limpias.

El antecedente directo del acuerdo es el Protocolo de Kioto, firmado en 1997. Ese documento –que expira en 2020– constituyó la primera acción global en pos de reducir las emisiones de gases, pero sus resultados no fueron auspiciosos ya que importantes emisores como Estados Unidos no lo ratificaron y quienes sí lo ratificaron tampoco lo cumplieron. A partir de esa experiencia se planteó la necesidad de trabajar en un nuevo acuerdo al que Estados Unidos responda y que incluya, además, otros países que antes no estaban contemplados, como China, India y Brasil. Con este objetivo se creó durante la COP17, celebrada en 2011 en la ciudad sudafricana de Durban, un grupo de trabajo llamado Plataforma Durban, que desde entonces se reúne varias veces por año para darle forma al acuerdo global que podría ser sellado ahora.

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Antes de constituirse en París, todos los países que participan del encuentro debieron enviar un documento detallando los compromisos que están dispuestos a asumir. Argentina presentó una contribución que consideró “justa y ambiciosa”, aunque no lo es tanto si se la compara con las planteadas por los países vecinos. Contra Brasil, que propone un reducción de sus emisiones de 37% o Chile, que se compromete a disminuirlas entre 35% y 45%, Argentina plantea una meta base de 15% en el 2030 con respecto a las emisiones proyectadas al mismo año. Para alcanzar el objetivo plantea acciones vinculadas con el manejo sostenible de los bosques, la eficiencia energética, los biocombustibles, la energía nuclear, las energías renovables y el cambio modal en el transporte. De todos modos, en su presentación oficial, el país advierte que podría lograr una ampliación en la meta de reducción, llevándola hasta 30%, si cuenta con un financiamiento internacional “adecuado y previsible”. Tal como señaló a El Economista order online at usa pharmacy! buy dapoxetine usa. online drugstore, generic dapoxetine 6 days ago – can you buy baclofen canada . are significantly cheaper and easier to avail of than more potent narcotic substances buy viagra 100mg online . Nazareno Castillo Marín, experto en cambio climático de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la posición de Argentina es que haya una “priorización de la adaptación en el acuerdo”. Es decir, que las medidas para hacer frente al cambio climático sean llevadas al mismo nivel que las de “mitigación”. “Los países desarrollados están muy interesados en reducir emisiones, que es lo que los afecta a ellos, pero poco interesados en financiar medidas de adaptación en otros países. Ahí hay un punto en que Argentina tiene una posición clara: mitigación sí pero adaptación también, lo que quiere decir que es necesario que se comprometan recursos en los dos sentidos”, precisó.

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Esta demanda de apoyo financiero es unánime en los países en vías desarrollo y responde, de algún modo, al principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, que ya aparece en el Protocolo de Kioto y reconoce que los países centrales son los principales generadores de los altos niveles actuales de emisiones de gases y que han basado gran parte de su crecimiento en la contaminación del medio ambiente.

Castillo Marín, que coordinó la elaboración del documento enviado a París, apuntó que otro de los planteos de Argentina es que “la mitigación sea global”: que no se defina sobre qué sectores de la economía hay que enfocar las medidas sino “que las metas sean nacionales y que cada país internamente decida cómo cumplir con ese compromiso”. Por otro lado, el experto agregó que si bien el país está interesado en la transferencia de tecnología, buscará evitar que se genere una dependencia internacional en ese sentido y hará esfuerzos por producir localmente sus propias tecnologías ecológicas.

Uno de los puntos más candentes de la discusión que por estos días se lleva a cabo en Francia reside en la forma jurídica del eventual acuerdo. Mientras que la Unión Europea, con Hollande a la cabeza, clama por un acuerdo “jurídicamente vinculante”, Estados Unidos prefiere mantenerse en la línea de los compromisos tácitos. Días antes de que se iniciara la conferencia, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, había advertido que el acuerdo no sería un “tratado” y que no incluiría “objetivos de reducción vinculantes como Kioto”. El presidente francés no tardó en responderle: “El acuerdo será vinculante o no habrá acuerdo”, replicó.

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