Balance y herencia

11 de diciembre, 2015

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Concretamente, el ciclo que inició Néstor Kirchner (NK) en mayo de 2003 tenía muchos desafíos en un complejo entorno político. Si bien la gestión de Eduardo Duhalde había hecho el trabajo sucio de la salida de la convertibilidad (devaluación y ajuste fiscal) y la economía ya mostraba claros signos de rebote económico, con la actividad saliendo rápidamente del pozo que había provocado la crisis de 2001, con la inflación bajo control y un contexto internacional cada vez más favorable, también había mucho por hacer. El desempleo era muy elevado, la deuda pública con privados estaba en default, la pobreza era récord y la conflictividad social estaba a la orden del día. Como decía NK, habíamos salido del infierno y pasábamos al purgatorio. El Gobierno se enamoró del “modelo” que sólo aspiraba a estimular la demanda. No importaba que la inflación erosionara la competitividad del tipo de cambio. Las falencias quedaban ocultas bajo un contexto internacional muy favorable, en el que los precios de las materias primas y el crecimiento global alejaban cualquier fantasma de restricción externa. Incluso, no hizo falta volver activamente a los mercados ya que se había reestructurado gran parte de la deuda. Nada hizo cambiar de rumbo al Gobierno de CFK, que ignoró la inflación y los beneficios de una mayor integración al mundo para atraer inversiones.

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Con el cambio de ciclo de las commodities, el modelo quedó cada vez más expuesto. La salida de capitales limitaba la capacidad de acumular reservas mientras que las exportaciones, principal fuente de ingreso de capitales, habían alcanzado un techo. Sin el aporte de los precios, la oferta de divisas comenzó a menguar. En este escenario, y pese a haber sido reelecta con el 54% y con mayoría absoluta en el Congreso, CFK buscó solucionar el problema generando otro mucho peor: el cepo. Las consecuencias son más que elocuentes: frenó la inversión, cayó la oferta de divisas y el BCRA terminó perdiendo todas las reservas acumulados en los primeros años. Apostar al atraso cambiario para mejorar los salarios reales siempre termina mal.

En la herencia que deja el kirchnerismo hay problemas que deben ser atacados de manera urgente y otros que, dada su magnitud, deberán encararse de manera gradual pero sin pausa. No hacerlo o fallar en el intento pondría en riesgo no sólo la estabilidad económica sino también la política pues en 2017 Macri deberá mostrar éxito en su gestión para reforzar su presencia en el Congreso y afianzar su gobernabilidad. Recordemos que la alianza PRO-UCR-CC cuenta con sólo 89 diputados y 15 senadores y que en ambas cámaras el FpV mantiene la mayoría (relativa en Diputados).

En cuanto a la herencia, como lo venimos marcando, el frente más urgente es el sector externo. Más allá de las especulaciones de corto plazo que derivaron en que haya una muy escasa liquidación de divisas y una demanda que se acelera ante las expectativas de devaluación, lo cierto es que las exportaciones no paran de caer y se perdió el superávit comercial. La caída de las ventas externas obedece a la caída de los precios internacionales al tiempo que el atraso cambiario y la recesión de Brasil resultan un durísimo golpe para las cantidades exportadas. Además de déficit comercial, el resultado de la cuenta de servicios y rentas (por pagos de intereses y utilidades) también está en rojo. Eso lleva a que en 2015 la cuenta corriente del balance de pagos marque un déficit del orden de US$ 20.000 M. Seguir con esta tendencia sin algún grado de apertura financiera será imposible pues no existen reservas para financiar la brecha. Por estos motivos, Argentina deberá afrontar los desafíos de mejorar la competitividad y generar las condiciones para atraer capitales al tiempo de fortalecer las reservas internacionales.

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Derivado de lo anterior, junto con el ajuste cambiario, el Gobierno tendrá que implementar un plan antiinflacionario. No sólo por las consecuencias de una devaluación sino también porque desde 2005 la Argentina tiene una inflación de dos dígitos y desde 2007 promedia el 25% por año, generando una inercia e indexación informal que agrava el problema. El desafío es hacerlo en un contexto en el cual las tarifas de los servicios públicos requieren una significativa actualización.

En el frente fiscal las cosas están cada vez peor. El constante estímulo fiscal derivó en un déficit creciente, que este año se ubicaría en torno a 7% del PIB pese a que la presión tributaria está en un máximo histórico. Si bien el componente de subsidios es el principal candidato al ajuste, tampoco es el único y obligará a hacer un reordenamiento de todas las finanzas públicas, reduciendo impuestos y reorientando el gasto, buscando la mayor eficiencia y productividad posible.

Sin fuentes de financiamiento voluntarias, el mayor peso del déficit fiscal recae sobre el BCRA. Además de hacerse cargo de la deuda pública en moneda extranjera es la principal fuente de fondeo del Tesoro. Hay una creciente dominancia fiscal de la política monetaria en la que el BCRA emite cada vez más para cubrir el bache financiero del Tesoro. Con menos activos y más pasivos, el balance de la entidad exige una reestructuración importante.

Así las cosas, la inversión no se recupera, el empleo privado está prácticamente estancado y los salarios no crecen en términos reales. Los aumentos salariales, en el mejor de los casos, le empatan a la inflación. A pesar del estímulo al gasto que llevó adelante el Gobierno de CFK, el modelo perdió el motor principal: el consumo privado y sin inversión ni exportaciones, la actividad no repunta desde 2011.

La herencia para la administración Macri es pesada y obliga a atacar varios frentes al mismo tiempo, de manera ordenada y coordinada para que las soluciones planteadas no empeoren los problemas. El éxito de las correcciones y reformas que se realicen en los primeros cien días determinarán las posibilidades reales para pensar en el mediano plazo.

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