(Columna de Martín Vauthier, economista de Estudio Bein & Asociados)
Luego de venir autorizando el desembolso de los cupones de los bonos del canje en moneda extranjera con legislación local “por única vez” en cada fecha de pago, el juez Thomas Griesa definió el 12 de marzo bloquear los flujos correspondientes a estos instrumentos (extendiendo la prohibición que ya existía a los títulos del canje con legislación extranjera), aunque, en una nueva orden emitida el 20 de marzo, decidió autorizar al Citibank a procesar los pagos de marzo y los de junio, contra el compromiso del banco norteamericano de retirarse del negocio de custodia de los bonos comprometidos (proceso que debería ser completado formalmente a junio, y efectivamente a septiembre).
La segunda orden de Griesa pareció una respuesta al planteo del banco, con el riesgo de perder la licencia en el país, y volvió a poner de manifiesto las consecuencias “no deseadas” que en muchos casos tienen las decisiones de Griesa y sus intentos, en ocasiones forzando interpretaciones de la ley y cometiendo excesos en el camino, por encontrar mecanismos de enforcement de la sentencia que obliga a la Argentina a pagar la totalidad del capital, los intereses caídos y los intereses judiciales (en algunos casos corriendo al 9% anual) a los holdouts litigantes.
Más allá de eso, parte de los analistas del mercado pusieron foco en la orden del 12 de marzo. En ella, Griesa refutó los argumentos del Citibank (que sostenía que el juez no podía afectar los bonos con legislación local por cuestiones jurisdiccionales al tratarse de “deuda interna”), sosteniendo que los bonos con legislación local constituyen “deuda externa” (al cumplir la condición suficiente de haber sido ofrecidos fuera del país) y que ello constituye una razón adicional para sostener el bloqueo de los pagos. Dichos análisis especularon con la posibilidad de que el juez decidiera extender la prohibición de pago a todo lo que él considere “deuda externa”, discutiendo si la definición utilizada por el juez podría alcanzar a otros títulos con legislación local.
A nuestro juicio, la probabilidad de ocurrencia de dicho evento es cero. En primer lugar, el juez nunca se basó en cuestiones de jurisdicción o en la distinción deuda interna/deuda externa para definir el bloqueo de los pagos y el cumplimiento de la cláusula pari passu incluida en el Fiscal Agency Agreement (FAA) de 1994, sino que siempre sostuvo, enfáticamente, que la sentencia alcanzaba exclusivamente a los bonos del canje (los exchange bonds), sin deslizar en ningún momento siquiera la posibilidad de un cambio de parecer en este punto, central a la sentencia y sostenido por el juez desde la primera orden introduciendo la violación de la cláusula de tratamiento igualitario a fines de 2011.
Pero aun suponiendo que el juez cambiara de parecer en forma radical y decidiera modificar un punto tan sensible de una sentencia que se encuentra firme y ratificada por acción u omisión por tres instancias procesales (el juzgado de primera instancia, la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema), resulta impensable una aplicación inmediata, ya que la desnaturalización de la sentencia original permitiría al país volver a apelar llegando inclusive a solicitar nuevamente la revisión por parte de la corte suprema de Estados Unidos.
Esta interpretación fue acompañada por el mercado, con un Bonar 2024 que al momento de escribir esta nota rendía 8,1% y acumulaba una suba de 2% desde el 12 de marzo, descartando como factor de riesgo la posibilidad de una extensión de la sentencia de Griesa por encima de los límites que constituyen la esencia de la misma y que el juez viene sosteniendo consistentemente desde hace más de tres años.
