(Columna de Laura Tyson, ex presidenta del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de los Estados Unidos. Copyrighyt Project Syndicate 2015)
Es posible que en los próximos meses, la reforma del impuesto a las sociedades (en inglés, corporate tax) sea un área de acción conjunta bipartidaria en el Congreso de Estados Unidos, pero todavía subsisten dudas básicas acerca del modo correcto de encararla.
Casi todos coinciden en que el impuesto a las sociedades estadounidense tiene profundas falencias: la tasa impositiva es demasiado alta, la base imponible es demasiado estrecha, es costoso de administrar y se complica por un sistema de créditos fiscales, deducciones y tratos preferenciales con efecto distorsivo que daña la economía.
A pesar de la elevada tasa impositiva, el impuesto a las sociedades supone una cuota relativamente pequeña de los ingresos del Fisco estadounidense; esto se debe en parte a que una proporción creciente de la facturación total de las empresas (más del 30% en la actualidad) fluye a través de lo que se denomina “entidades fiscalmente transparentes”, que no pagan el impuesto corporativo. De hecho, los principales contribuyentes del impuesto a las sociedades son unas pocas grandes multinacionales que obtienen más de la mitad de sus ingresos de operaciones en el extranjero.
Estas compañías compiten en mercados globales con empresas radicadas en países que usan polí- ticas impositivas laxas para atraer inversiones, ingresos y externalidades derivadas de las multinacionales.
El problema para Estados Unidos es que las economías desarrolladas y emergentes vienen recortando sus tasas impositivas, lo que deja a Estados Unidos (que después de la reforma impositiva de 1986 quedó con uno de los impuestos corporativos más bajos del mundo desarrollado) en seria desventaja.
El resto del mundo
Hace no mucho, el Reino Unido redujo su tasa impositiva al 20%; esto es la mitad de lo que surge de combinar el impuesto federal y el promedio de los estaduales en Estados Unidos. Y desde 2013, el Reino Unido aplica una tasa especial a los ingresos por patentes, que se irá reduciendo hasta llegar al 10% en 2017. Doce países miembros de la Unión Europea tienen o están implementando regímenes impositivos similares para los ingresos por propiedad intelectual, con tasas del orden del 5 al 15%.
El impuesto a las sociedades que fija la ley estadounidense es del 39% en total, más de 14 puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE, y el valor más alto del mundo desarrollado. Estas diferencias afectan las decisiones de las empresas respecto de cuánto invertir, cómo financiar las inversiones y dónde hacer negocios.
De modo que la idea de que una reducción considerable de la tasa impositiva estadounidense favorecería el crecimiento obtuvo apoyo bipartidario (algo raro en el Congreso estos días). Obama propuso un impuesto del 28%, con una tasa preferencial de 25% para la industria fabril y disposiciones especiales para estimular la inversión en investigación y desarrollo y en energía limpia.
Ambos partidos también coinciden en que los ingresos que se pierdan por la reducción de la tasa impositiva se deberían compensar sobre todo con un aumento de la base (lo mismo que se hizo cuando se realizó la reforma de 1986). Esto también reduciría la complejidad del sistema y aumentaría su eficiencia. Pero todavía hay serias diferencias respecto de qué tratos preferenciales eliminar y qué actividades actualmente no alcanzadas por el impuesto a las sociedades incorporar al sistema.
Las ganancias off shore
Otro punto discutido es la reforma del cobro del impuesto a las ganancias de multinacionales estadounidenses obtenidas en el extranjero. Los otros países del G7, sin excepción, y 28 de los otros 33 miembros de la OCDE usan el sistema impositivo “territorial”, que permite a las multinacionales repatriar la mayor parte de sus ganancias activas en el extranjero sin tener que pagar un impuesto local considerable por ellas. En cambio, Estados Unidos sigue el modelo “universal”, por el que las empresas estadounidenses deben pagar el impuesto a las sociedades local por sus ganancias en el extranjero y pueden computar como crédito los impuestos pagados en otras jurisdicciones.
La elevada tasa impositiva estadounidense y el uso del sistema universal dañan la competitividad de las empresas estadounidenses en los mercados globales y en las adquisiciones transfronterizas. Como modo de remediar estas desventajas competitivas, la legislación estadounidense prevé un sistema de cobro diferido por el que las multinacionales pueden pagar el impuesto por las ganancias de sus filiales en el extranjero al momento de repatriarlas.
Pero este sistema tiene costos. Las ganancias diferidas “se pierden” para la economía estadounidense, en el sentido de que durante ese tiempo no tributan al fisco y las casas matrices no tienen acceso directo a ellas para usarlas en Estados Unidos. Y para las empresas, esto supone un costo de alrededor del 7% de las ganancias incrementales en el extranjero diferidas, debido al uso subóptimo.
El Gobierno de Obama propone terminar el sistema de cobro diferido y que las empresas estadounidenses deban pagar ya sea un impuesto efectivo de al menos el 22,4% de sus ganancias en todas las jurisdicciones extranjeras donde operen o un impuesto adicional en Estados Unidos por dicho ingreso al momento de obtenerlo. Un objetivo central de la propuesta es reducir el incentivo a que las multinacionales estadounidenses trasladen ganancias a paraísos fiscales.
Pero la mayor parte de las ganancias sujetas al impuesto mínimo no serían resultado de dicho traslado, sino de actividades económicas reales al servicio de mercados extranjeros. Incluirían, por ejemplo, una parte significativa de los ingresos de las multinacionales estadounidenses en la Unión Europea, que en 2012 ascendieron a cerca del 45% del total de los ingresos de multinacionales estadounidenses en el extranjero. En dieciséis de los ventiocho países miembros de la Unión Europea, la tasa impositiva por ley es inferior al 22,4%, y es probable que la tasa efectiva sea incluso menor.
Además, mientras las empresas no estadounidenses pueden aprovechar las generosas tasas que se aplican a las patentes en doce países de la Unión Europea, las estadounidenses están sujetas a la tasa impositiva mínima, que es mucho mayor, lo que les resta capacidad para competir en esos mercados y adquirir empresas extranjeras dueñas de patentes deseables. Al mismo tiempo, son blancos más atractivos para intentos de adquisición por parte de empresas extranjeras y tienen más motivos para mudar sus casas centrales, actividades de investigación y desarrollo, y futuras patentes a jurisdicciones con impuestos más bajos que sigan el sistema territorial.
Capitales móviles
En un mundo donde el capital es móvil (sobre todo el capital rentable intangible con externalidades derivadas de la investigación y el desarrollo), Estados Unidos debe adoptar un sistema territorial “híbrido” que incluya medidas de protección de base compatibles con las que usan exitosamente otros países desarrollados. Y promover medidas multilaterales para combatir el traslado de ganancias a paraísos fiscales.
En esta reforma del impuesto a las sociedades estadounidense, los políticos no deben olvidar que en la competencia por las actividades y los ingresos de las multinacionales, los otros países están usando la zanahoria en vez del palo, algo que Estados Unidos debería imitar.
