Primer aniversario del cepo

5 de octubre, 2012

Esta semana se cumplió un año desde que el Gobierno aplicó el cepo cambiario. Ha transcurrido bastante tiempo y, en cierto, modo nos acostumbramos a una medida que afecta derechos sancionados por nuestra Constitución. Las restricciones limitan los derechos de “disponer de la propiedad” y de “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino” que establece el artículo 14 de la Constitución. Más aún, si se admitiera la posibilidad de limitar ese derecho, una Resolución de la AFIP no tendría la potestad de hacerlo, sino que debería ser el Congreso el encargado de sancionar una ley en ese sentido.

Dejando a un lado los cuestionamientos constitucionales de la medida, cabe señalar cuáles fueron sus resultados. El control cambiario se hizo a costa de paralizar el mercado inmobiliario y de la construcción, de generar un mercado de divisas paralelo muy por encima de los valores oficiales y de desalentar la inversión. Entre marzo y junio de este año el ISAC (Indice Sintético de la Actividad de la Construcción) cayó 8%.

Por otra parte, muchos actores utilizan como referencia para sus transacciones el mercado paralelo de divisas, generando un impulso adicional a la inflación, que sube a pesar del freno de la economía. Por otra parte, la imposibilidad de las empresas de girar dividendos en dólares al exterior genera trabas adicionales para el inversor, condicionando el ingreso de capitales y de nuevas tecnologías.

La restricción a la compra de moneda extranjera no soluciona los problemas de fondo. No afecta los determinantes fundamentales para que el peso se convierta en reserva de valor y unidad de cuenta. Lo único que logra es aumentar la imprevisibilidad, agravar problemas inflacionarios y dañar el nivel de actividad. El gran interrogante es por qué se optó por implementar una medida tan nociva.

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En los últimos años, el “modelo” acumuló serias inconsistencias que están forzando al Gobierno a tomar este tipo de decisiones. Si bien los limitantes son múltiples, la inflación surge como el principal condicionante. El consumo, variable clave del modelo, se incentivó por medio de un gasto público creciente y tarifas de servicios públicos subsidiadas. Pero desde 2007 el superávit fiscal comenzó a evaporarse.

Cuando asumió Cristina Fernández de Kirchner en 2007, el superávit rondaba los 3 puntos del PBI y en 2011 hubo un déficit de 1%. El rojo de los balances se maquilló con nuevos recursos provenientes de la estatización de las AFJP y con reservas y emisión del Banco Central. Esas medidas motivaron desconfianza y la emisión para financiar el déficit se tradujo en mayor inflación. El escenario de alta inflación e incertidumbre motivó a las familias y a las empresas a refugiarse en el dólar. Adicionalmente, el superávit comercial cada vez más escueto, las necesidades crecientes de importar energía –en 2007 se importaron combustibles por US$ 2.845 millones y en 2011 la cifra ascendió a US$ 9.413 millones– y el uso de divisas para el pago de deuda hicieron que los dólares comenzaran a escasear.

Cuando la salida de divisas se volvió incontrolable –entre enero y octubre de 2011 se fugaron más de US$ 21.000 millones– el Gobierno entendió que la única solución era controlar el mercado cambiario. Otra vez, se optó por emparchar el problema en lugar de resolverlo. Recientemente, la Presidenta negó la existencia del cepo y aclaró que “sólo se restringió la compra de dólares para atesoramiento y que existen más de 120 maneras de adquirir divisas”.

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Con esta medida el Gobierno licúa el ahorro de la gente ya que hoy en la Argentina no existen mecanismos de ahorro de renta fija en pesos que le ganen a la inflación con bajo riesgo. Pero, además, la existencia de una burocracia tan compleja, al punto que son más de 120 las maneras en que las empresas pueden adquirir divisas, lleva a serios problemas de competitividad. Resulta paradójico que un Gobierno que enarbola el discurso de modelo industrial y de la producción, incentive la asignación de recursos productivos al lobby, al arbitraje y a la especulación.

El Gobierno intentó sacar la palabra inflación del discurso público, creando eufemismos como el de “dispersión de precios”, en lugar de controlarla realmente. Ahora, la Presidenta no quiere que se use la palabra cepo, pero no importa el nombre que se le dé: llamémoslo cepo, restricción o Dunga Dunga cambiario. En cualquier caso, es una medida de dudosa legalidad, que genera más problemas que los que pretende resolver y que pone en evidencia un modelo económico agotado. Ojalá que no haya celebrarle más aniversarios.

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