Durante los últimos diez años de crecimiento económico el Gobierno Nacional logró apropiarse de una parte cada vez mayor del producto nacional: (a) creció la recaudación como proporción del PIB de 23% a 35%; (b) creció la recaudación nacional como proporción de la recaudación total de 84% a 86%; y (c) aumentó la proporción de las transferencias discrecionales sobre las transferencias totales, acentuando la dependencia de las provincias.
Las trasferencias automáticas representan una proporción cada vez menor de la recaudación nacional: entre 2001 y 2011 pasaron de 33,1% a 25,8% (a pesar de que desde 2009 se incluye dentro de las transferencias automáticas al Fondo Federal Solidario), producto del surgimiento de nuevos recursos no coparticipables, como las retenciones, la caja de la Anses, etcétera.
Por su parte, las transferencias discrecionales pasaron de representar 1,7% del PIB en 2003 a 2,3% en 2010; y varían notablemente entre los gobiernos subnacionales. Si se toman los montos per capita de las transferencias no automáticas de 2010 se observa que cada misionero recibió $1.387, cada bonaerense $684 y cada santacruceño $5.890, mientras que el promedio de todas las provincias fue de $1.619. Si tenemos en cuenta que Santa Cruz ya se ve beneficiada por una mayor coparticipación, llama la atención que las transferencias discrecionales la beneficien tanto más que a distritos con menor ingreso per capita y mayor porcentaje de pobreza.
Actualmente la situación fiscal de la Nación y las provincias ha empeorado debido al deterioro de la economía. Este año la Nación podría llegar a un déficit financiero por encima de los $90.000 millones, mientras que el rojo financiero provincial superaría los $20.000 millones. A pesar de que el Gobierno Nacional cuenta con ingresos que no están disponibles para las provincias ?las transferencias del BCRA y de la Anses y el impuesto inflacionario que juntos representan aproximadamente 3,5% del PIB? , les exige a los gobernadores ajustar de forma descentralizada y descoordinada.
Ante la estrechez fiscal el Gobierno Nacional intenta una operación inversa a la llevada a cabo en tiempos de holgura: si antes buscaba apropiarse de los beneficios, ahora intenta distribuir los costos, siendo el caso de la provincia de Buenos Aires el más claro en este sentido. El Gobierno, que centralizó el aumento de ingresos busca ahora federalizar el ajuste fiscal.
Si la Nación tuviera margen de política podría evitar el ajuste provincial como lo hizo en la crisis de 2009, a través del Fondo Federal Solidario, el programa federal de desendeudamiento de las provincias argentinas y obra pública. Hoy no dispone de ese margen por errores propios de política y sólo busca trasladar el costo político a los gobernadores. La confluencia de un período de fuerte crecimiento económico con una clara hegemonía política fue una gran oportunidad desperdiciada para encarar una reforma de la ley de coparticipación.
En lugar de sentar las bases para la reforma que el federalismo fiscal necesita desde hace años, el oficialismo aprovechó la bonanza para acaparar recursos y utilizarlos arbitrariamente, acentuando la problemática federal. Hoy nos encontramos con un federalismo desigual, rígido, centralista y poco transparente. Más allá de la coyuntura, el país se debe una reforma seria y profunda de sus instituciones fiscales federales que permita generar los cambios estructurales necesarios para un desarrollo sostenible y geográficamente equitativo.
(De la edición impresa)
