¿Vuelve la economía de los ’80?

¿Los años ochenta regresan a la economía argentina? La aceleración inflacionaria y el progresivo deterioro fiscal –dos de las características centrales de esa época– hoy vuelven a decir presente. La recuperación proyectada del PIB proyectada (en torno a 3,5%) convive con una aceleración de la inflación a niveles de 20% anual y una paulatina pérdida de “salud fiscal” (ya hay déficit financiero) que genera tensiones para cancelar los compromisos de la deuda pública. En paralelo, se mantiene un superávit comercial en torno a U$S 15.000 millones. Uno de los puntos centrales de aquellos años fue la persistencia de los desequilibrios fiscales, que en ausencia de fuentes de financiamiento privado, eran monetizados a través de adelantos del BCRA. En los años previos al Plan Austral (junio de 1985), el déficit público nacional promedió 3,5% del PIB. La Base Monetaria crecía nada menos que a 350% anual y los precios al consumidor se aceleraban, pasando de variaciones de 100% a 670% anual entre 1980 y 1985.

El éxito del Austral fue transitorio y el regreso del déficit fiscal llevó a nuevas monetizaciones del déficit, que culminaron en dos episodios hiperinflacionarios en 1989-1990. Todavía no hay señales de alta inflación como entonces: entre 2007 y 2010 el IPC acumulará un crecimiento de 100%. Otra característica de aquella década fue el magro crecimiento del producto bruto (cayó al 0,7% anual) y la elevada volatilidad real. Esta decepcionante dinámica era a su vez resultado de la necesidad de ajustar de modo constante el sector externo (con un superávit comercial de 3,5 puntos del producto al año) de modo de obtener las divisas necesarias para afrontar los pagos de intereses de la deuda pública que promediaban más de 4 puntos anuales.

El riesgo de monetizar los desequilibrios fiscales es la imagen “ochentista” que está volviendo con más fuerza. Las nuevas autoridades del BCRA deberán hacer un enorme esfuerzo en términos de esterilización para evitar que el resultado externo y el déficit fiscal no impliquen una fuerte expansión de la Base Monetaria y el resto de los agregados monetarios a lo largo del año. A pesar de que la relación entre precios y cantidad de dinero es espacio de disputa en términos teóricos, parece razonable asumir que si la Base Monetaria (BM) crece por encima del 30% anual, habrá un impacto significativo sobre los índices de inflación. El último Programa Monetario conocido, de la era Redrado, preveía una variación máxima del M2 privado (y se asume, de base monetaria) de 19% en 2010. Con la aparición del Fondo del Bicentenario y la casi certeza de que el Gobierno

piensa utilizarlo para financiar gasto corriente, las proyecciones de variación de BM seguramente superarán la meta original del Central. Una de las diferencias básicas respecto de los ’80 es que, aun con los problemas actuales, la posición financiera del sector público es mucho más sólida. En la actualidad los intereses para el pago de la deuda no superan los 2,5 puntos del PIB, con un mayor peso de los pagos en pesos, lo que reduce las tensiones sobre el Fisco. En igual sentido, la relación deuda pública/ PIB se encuentra algo por encima de 40%, sin que se perciban desequilibrios graves en el corto plazo. Por supuesto, estos niveles de endeudamiento otorgan un amplio margen de acción para la política económica siempre que exista acceso a los mercados voluntarios de deuda a tasas razonables, algo que no parece plausible en el escenario actual, lo que realimenta el desequilibrio fiscal-monetario. También el resultado externo es de naturaleza distinta al existente durante los ‘80s. Como se dijo, en aquella época el ajuste de gasto interno explicaba la mayor parte del resultado, en tanto que en la actualidad el elevado dinamismo de las exportaciones (tanto en cantidades como en precios) explican el abultado superávit comercial, sin que tampoco se vislumbre una reversión en el corto plazo. Finalmente, debe decirse que el nivel actual de “nominalidad” de la economía está lejos del observado en los ochenta. Todavía no se aprecian mecanismos generalizados de indexación formales, lo que limita la inercia de los precios. Por otra parte, aunque la inflación sea más baja, no debe descartarse que la demanda de dinero en pesos caiga. Este fenómeno (entre otros tantos) complica y mucho el objetivo de bajar las tasas de interés que persigue el discurso oficial.

(*) Economista y director de Analytica