El Estado y la distribución del ingreso en la Argentina

Cristina Fernández de Kirchner debe ser la presidenta que más énfasis ha puesto en la distribución del ingreso desde el retorno de la democracia, al menos en sus discursos públicos. Sin embargo, el Estado argentino no acompaña lo suficiente el loable objetivo de reducir la desigualdad y la exclusión en uno de los países más injustos del mundo. En un trabajo reciente, economistas del Banco Mundial mostraron que la recaudación de impuestos y las transferencias apenas mueven la aguja de la inequidad en nuestro país: el coeficiente de Gini, una medida de la desigualdad en la distribución del ingreso, pasa de 0,5 para los ingresos brutos a 0,48 para los ingresos netos, es decir, para los ingresos después de restar los impuestos pagados y sumar las transferencias monetarias recibidas del Estado. Esta magnitud es comparable con el resto de América latina, pero lamentable al lado de la reducción desde 0,46 hasta 0,31 que logran en promedio los países europeos. Para que quede claro: la distribución del ingreso en Europa y en la Argentina no son muy distintas antes de la intervención estatal, pero con impuestos y transferencias, los europeos logran convertirse en países mucho menos desiguales. Es posible ver estos datos y considerar que no tenemos un problema. Después de todo, en los Estados Unidos el Estado tiene un rol redistributivo sustancialmente menor que en Europa, y sin embargo la desigualdad es menor que en nuestro país. Según esta visión, los resultados distributivos, en tanto resultado del esfuerzo individual y la competencia en igualdad de oportunidades, pueden ser desiguales pero no necesariamente son injustos.

Sin embargo, esta visión es falaz si se la aplica linealmente al caso argentino, ya que en nuestro país no se cumple la premisa de competencia en igualdad de oportunidades. La calidad de los servicios de salud y educación a los que accedemos los argentinos es muy desigual, y encima profundiza las desigualdades existentes. Un estudio reciente de CIPPEC (1) muestra que en la ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego se gasta entre 2 y 3 veces más dinero por alumno que en provincias mucho más pobres como Salta, Misiones y Corrientes. Es decir que en los lugares donde más se necesita, nuestro país invierte menos por alumno. Otro trabajo de la misma institución(2) da cuenta de que pese a la extendida provisión pública y gratuita de salud, el gasto de bolsillo en salud del 20% más pobre de la población supera el 20% de sus ingresos, mientras que para el 20% más rico es apenas el 9%.

En parte como consecuencia de lo anterior, la movilidad social intergeneracional en la Argentina es baja. En la era del conocimiento, la mejor manera de lograr la movilidad social ascendente es a través de un sistema educativo inclusivo y de calidad. Lamentablemente, la correlación entre el nivel educativo de padres e hijos es –según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– dos veces y media mayor que en los Estados Unidos, lo cual explica en parte por qué en ese país la movilidad social es mucho más común.

En resumen, el accionar estatal en nuestro país tiene un impacto limitado en la reducción de la desigualdad. Esta incapacidad del Estado argentino resulta desesperante cuando recordamos que la desigualdad está en franco crecimiento en los últimos 30 años. Cuando el INDEC empezó a medir los ingresos de la población en 1974, la pobreza estaba por debajo del 5%, mientras que en 2006 ascendió a 30%, pasando por un pico de 58% en 2002. El ratio de ingresos entre el decil más rico y el más pobre pasó de 19 veces en 1992 a casi 30 veces en 2006, y el índice de Gini pasó de 0,45 a 0,48 en el mismo período.

Las causas del aumento en la desigualdad son complejas. Un posible factor es el impacto de la inevitable globalización. Por un lado, la apertura comercial beneficia, según el clásico teorema de Stolper-Samuelson, al factor de producción relativamente abundante en una economía. En nuestro caso, los beneficiados son los dueños de la tierra y los trabajadores calificados, con lo cual la apertura aumenta la desigualdad. Por otra parte, la integración con el mundo nos suma a la tendencia global que se conoce como “cambio tecnológico con sesgo hacia la calificación”. La hipótesis es que el vertiginoso desarrollo tecnológico reciente aumenta la demanda relativa por trabajadores con mayores niveles de educación, aumentando así su compensación comparada con la de los trabajadores menos calificados. Digamos que la explosión de la informática e Internet requiere más trabajadores con conocimientos técnicos y menos trabajo manual. Esta hipótesis se verifica en nuestro país, donde, según un trabajo de Leonardo Gasparini (3), la curva de retorno a la educación se viene convexificando. Es decir, vienen creciendo más rápido los ingresos de los trabajadores más calificados.

Las buenas noticias son que la apertura ya sucedió, por lo tanto su impacto en la desigualdad es de esperar que también haya sucedido. Y contra el desarrollo tecnológico, podemos invertir más en educación y asegurar la equidad educativa para brindarle oportunidades genuinas a todos. Una agenda en serio para la igualdad de oportunidades en nuestro país deberá entonces dar cuenta de las falencias en la equidad en el acceso a la salud y la educación, para lo cual será necesario replantearse la equidad en la distribución de recursos federales. A la vez, resulta esencial entrar en un sendero de reforma tributaria que permita aumentar la recaudación, principalmente por medio de la eliminación de exenciones injustas como la que beneficia a las rentas financieras, del combate a la evasión y de la mejor administración tributaria, que es donde más hay para ganar. Estos recursos adicionales deberán ser direccionados para fortalecer la salud y la educación, y para implementar una tarjeta alimentaria que permita enfrentar los aumentos en los precios de los alimentos a la vez que se reducen paulatinamente los impuestos más ineficientes, como las retenciones y el impuesto al cheque. Y como ya hemos dicho en esta columna, se deberá cuidar la eficiencia en la recaudación y el gasto, para brindar legitimidad y sostenibilidad al accionar del Estado.

(1) “Coparticipación y equidad educativa: un debate pendiente en el campo de la educación”, Florencia Mezzadra y Axel Rivas (2) “Crisis económica, política pública y gasto en salud: la experiencia Argentina”, Daniel Maceira. (3) “Monitoring the socioeconomic conditions in Argentina, 1992-2006”

(*) Director ejecutivo de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)