Los márgenes de maniobra

¿Qué harán el oficialismo y la oposición?

(Columna del sociólogo Alejandro Bonvecchi)

¿Qué márgenes de maniobra tendría el oficialismo para corregir políticas y estrategias electorales hacia 2015 de confirmarse los resultados de las PASO en la elección de octubre? ¿Qué márgenes de maniobra tendría la oposición para inducir al Gobierno a tales correcciones? La comparación con previas experiencias de gobierno dividido sugiere una misma respuesta para ambas preguntas: estrechos.

Para el oficialismo, corregir políticas significaría cambiar o moderar los efectos de las políticas económicas que habrían incidido en el resultado negativo de las listas oficiales en las PASO. En el caso de las políticas económicas, las alternativas teóricas al rumbo actual serían dos: el lanzamiento de un programa antiinflacionario que incluyera sinceramiento de las estadísticas, políticas fiscales y monetarias algo restrictivas, y concertación de precios y salarios bajo pautas consistentes o, por otro lado, un desdoblamiento cambiario con políticas monetarias y fiscales menos expansivas.

La primera alternativa requeriría una nueva coalición compuesta no sólo por las facciones sindicales y partidarias afines sino también por la CGT Azopardo y la mayoría de la dirigencia territorial peronista. La segunda alternativa no requeriría una nueva coalición, pero tampoco convocaría a la expansión de la actual porque la inflación seguiría en niveles equivalentes o apenas menores. La capacidad del oficialismo para formar una nueva coalición depende de la credibilidad de su promesa de un futuro mejor.

La credibilidad depende, por su parte, de la reputación de los actores –políticos, económicos y burocráticos– movilizados para implementar las nuevas políticas y de la credibilidad de las políticas mismas. La reputación de los actuales apoyos del oficialismo es el factor que exige un cambio de coalición: ninguno de los actuales funcionarios puede exhibir competencia ni resultados en la reducción de la inflación ni la administración de una política cambiaria favorable al crecimiento sostenido y ninguna de las élites políticas ni sindicales alineadas con el oficialismo puede mostrarse como abogada creíble de políticas diferentes a las actuales.

La credibilidad de las políticas depende, en parte, de la radicalidad de las decisiones diferentes que el Gobierno tome para señalizar un cambio de rumbo y, por otro lado, de la consistencia con la coyuntura macroeconómica y los desafíos de la hora. Un programa antiinflacionario como el descripto exigiría cambios radicales de políticas y estilos de decisión que el oficialismo no ha mostrado hasta ahora indicios de ser capaz de realizar y sería, por otra parte, riesgoso de no incluir previsiones alternativas de financiamiento del Estado –como endeudamiento a tasas bajas para sustituir el impuesto inflacionario y bajar, en general, la presión impositiva–.

El margen existe, pero es estrecho: los nuevos apoyos exigirían pruebas de credibilidad que alienarían a los antiguos y colocarían al oficialismo en un juego de confianza que sólo podría ganar con férreo alineamiento, consistencia técnica y control del proceso decisorio. Sería, pues, mayor el margen para un desdoblamiento cambiario con políticas menos expansivas: no requeriría otra coalición porque no produciría ninguna alteración dramática de precios relativos, aunque de todos modos colocaría al Gobierno en un juego de confianza cuyos indicadores serían el tipo y la brecha cambiaria, y en el cual la reputación de los funcionarios seguiría siendo un lastre.

Para la oposición sería difícil inducir al Gobierno a cambiar sus políticas por, al menos, dos razones: sus recursos institucionales y los incentivos contrapuestos de las distintas fuerzas políticas. Los recursos institucionales serían insuficientes para forzar cambios de rumbo: aun cuando el oficialismo pierda la mayoría en la Cámara de Diputados, podría gobernar por decreto la política económica (con excepción de los impuestos) ya que contaría con un número suficiente de senadores para bloquear resoluciones de anulación de los DNU. Sólo si perdiera la mayoría en ambas cámaras y, con ella, el control de la Comisión de Trámite Legislativo –que dictamina sobre los DNU– estaría el Ejecutivo impedido de tomar decisiones unilaterales.

La pérdida de la mayoría en ambas cámaras parece improbable aun si el resultado electoral la produjera: varios senadores peronistas disidentes podrían votar con el oficialismo en diversos temas y así sancionar la legislación preferida por el Ejecutivo o bloquear la opositora. Por otra parte, el veto fuerte –total y parcial– de los presidentes argentinos permitiría al oficialismo impedir la sanción de legislación opuesta a sus preferencias: inclusive perdiendo la mayoría en ambas cámaras, el oficialismo controlaría más de un tercio en cada una, con lo cual podría bloquear la insistencia del Congreso ante cualquier veto.

Los incentivos contrapuestos de las fuerzas políticas dificultarían la coordinación de una agenda legislativa común. Para el peronismo disidente, forzar un cambio de políticas es riesgoso: si las nuevas políticas funcionan, el peronismo oficial podría mejorar sus chances hacia 2015, y si no funcionan, ambos peronismos podrían pagar el costo del fracaso. Para las fuerzas no peronistas, forzar un cambio de políticas sería deseable para reducir la perspectiva de heredar una crisis, pero siempre y cuando puedan eludir el costo político de inducir ajustes económicos. Así las cosas, la eventual coordinación de las oposiciones dependería de crucialmente del tiempo: forzar cambios de política podría beneficiar sus chances más cerca de las elecciones de 2015, pues entonces el oficialismo pagaría los costos tanto del deterioro como del ajuste.

La comparación con tres casos de gobierno dividido ayuda a ilustrar la estrechez de los márgenes. En 1988, el peronismo renovador colaboró con Raúl Alfonsín en un programa de ajuste económico que debilitó sus chances electorales al abrirle a Carlos S. Menem la oportunidad de impugnar a ambos. En 1997, la Alianza cooperó con el menemismo en mantener la confianza de inversores y organismos internacionales para apuntalar el financiamiento de la Convertibilidad –con lo cual fue forzado a heredarla con todos sus problemas–. En 2010, la oposición buscó acorralar al kirchnerismo forzando cambios de política que éste bloqueó controlando la agenda legislativa, vetando lo que escapó al control y gobernando por decreto –con lo cual recuperó la iniciativa y pudo mostrar a la oposición como obstructiva y fracasada-.

Bajo la luz de las opciones políticas e institucionales y las sombras de estas experiencias, ni el peronismo disidente ni las fuerzas no peronistas tendrían incentivos para cooperar en cambios de política con el Gobierno, ni recursos para imponerlos exitosamente –sino más bien para hostigar al Gobierno a que los realice por su cuenta y castigarlo por el costo de realizarlos-.

En estas condiciones, el oficialismo debería optar entre pagar los costos de continuar con las políticas que están llevando a su derrota o los costos de cambiarlas sin garantía de mejorar sus chances electorales hacia 2015. La primera opción sería consistente con la política identitaria: el Gobierno terminaría mal, pero fiel a su discurso y con chances de mantener una porción irreductiblemente propia del electorado. La segunda opción sería consistente con la recomposición pragmática del peronismo: el Gobierno terminaría mejor que hoy, pero diluido en una pax peronista que le reduciría los recursos y privilegios acumulados en la última década.