Acuerdos salariales

Las primeras medidas son positivas.

En medio del debate en torno a la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, los conflictos derivados del desbalance fiscal y externo energético -con YPF en el centro de la escena-, la evidencia del agotamiento de la infraestructura de transporte después del accidente de Once y la pelea con la Ciudad para traspasarle sin recursos los subtes y los colectivos, pasó desapercibido que el Gobierno viene ganando la primera pulseada en su intento de bajar un escalón la nominalidad de la economía. La paritaria docente, que habitualmente se utiliza como caso testigo del resto de las negociaciones salariales, se encamina a cerrar más cerca del 20% que del 30% acordado un año atrás.

Conflicto mediante –esta vez las clases no empezaron en tiempo– y con la Nación dejando por primera vez la negociación en manos de las provincias, que son las que pagan salarios, de a poco todos los distritos empiezan a encontrar acuerdos –la semana pasada fue la provincia de Buenos Aires. Si bien estos acuerdos se van a revisar en julio, ponen en evidencia lo ajustadas que están sus arcas, que no podían afrontar una vez más un ministro de Educación de la Nación cerrando aumentos no financiables con recursos provinciales. Si bien no es el 18% que se intentó en un principio, de extrapolarse a los demás sectores, los aumentos alcanzados permitirían poner un techo a la inflación macroeconómica de los próximos meses al limitar el componente indexatorio. Desaceleración que sería compensada por el anunciado desarme de la estructura de subsidios.

Sin embargo, es fundamental monitorear como evoluciona el escenario. Los aumentos de tarifas –la contracara de la agenda para reducir la incidencia presupuestaria de los subsidios– vienen demorados y concentrados, en los casos de la energía eléctrica, gas y agua, en los estratos más altos de la población –apenas el 5% recibió los aumentos–. Sin embargo, hay otros precios que empezaron a escalar en marzo, en particular algunos alimentos –afectados por problemas de oferta y por autorizaciones de la Secretaría de Comercio–, pero también algunos precios de bienes en donde la menor disponibilidad generada por la política comercial limita la efectividad del ancla cambiaria para contener la inflación. El menor aumento en los servicios no regulados, en línea con la baja en la nominalidad de los salarios buscada viene siendo compensado en parte por estas circunstancias.

El ancla cambiaria, que hasta hace un tiempo estaba asegurada por el superávit de la cuenta corriente y la sólida posición del BCRA, hoy requiere la persistencia de las limitaciones a la salida de dólares tanto por la cuenta corriente como por la cuenta financiera para recomponer las reservas, sobre todo en un contexto donde se sigue recurriendo a estas incluso para cancelar vencimientos de capital de deuda pública, a pesar de que la porción que flota en el mercado es inferior al 14% del PIB.

El principal riesgo para esta estrategia de reducción de la nominalidad es, o bien que la brecha cambiaria se ensanche, limitando el efecto del ancla cambiaria sobre la inflación, o bien que la aceleración que registran algunos precios en lo que va de marzo –donde coinciden aumentos puntuales en servicios, con autorizaciones de la Secretaría de Comercio y la suba en el precio de las carnes– termine de algún modo acelerando las expectativas y complicando la extrapolación al resto de los sectores del “éxito” alcanzado en la paritaria docente.

(De la edición impresa)