Un ultimátum europeo al gobierno de Jair Bolsonaro

12 de marzo, 2019

Bolsonaro El riesgo político desplaza a las preocupaciones económicas

 

Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista

 

Si el gobierno de Jair Bolsonaro decide retirarse del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el Parlamento Europeo tendría a su alcance toda la justificación necesaria para rechazar el acuerdo birregional de comercio que negocian, desde hace más de veinte años, la UE y el Mercosur. Con ese peculiar lenguaje, donde se mezcla un tono de advertencia, ultimátum o excusa para eludir la materialización de tal acuerdo, finaliza un texto que publicó el legislador Bernd Lange, presidente del Comité de Comercio de esa legislatura, en la edición del pasado 5 de marzo del diario Política Internacional y Sociedad (International Politics and Society Journal).

 

La nota sintetiza aquello que Lange suele comentar en los escenarios que se le ponen a tiro, como lo hizo en el Congreso Nacional de nuestro país, un ámbito donde no parece claro que hubiera interlocutores con la experiencia y formación adecuada para entender el verdadero alcance y complejidad de lo que estuvieron oyendo.

 

El tono escogido por el legislador alemán para ensamblar su nota fue crudo y altanero. Ahí recuerda la obvia facultad del Parlamento Europeo de aprobar o rechazar los acuerdos negociados por los equipos de la Comisión de la UE y la paralela vocación institucional de ese órgano legislativo de no aceptar tratos con las naciones o regiones que se aparten de la batalla global contra el desequilibrio climático. Lange no exagera cuando dice que el cuerpo legislativo al que pertenece lleva la voz cantante en las decisiones de la política exterior europea, ya que la Comisión de la UE fue perdiendo el margen de libertad vigilada que antaño le era reconocida en las decisiones del complejo aparato del poder europeo, por lo que el presente y futuro del comercio global del sector agrícola también se discute, desde 2014, en ese Parlamento.

 

El ultimátum choca de frente con el anuncio de las nuevas autoridades de Brasil, quienes anticiparon su vocación de seguir los pasos del jefe de la Casa Blanca, bajo cuya batuta Washington ya denunció su membrecía dentro del Acuerdo de París al que Estados Unidos había ingresado por decisión del gobierno de Barack Obama. En estas horas nadie sabe bien cómo seguirá esta película. La intención de estas líneas es mencionar el origen y la intención sustantiva de estos movimientos no detenerme, por ahora, en las alcahueterías políticas de otras naciones o regiones.

 

Los lectores no necesitan que aclare mi firme alineamiento con los objetivos del Acuerdo de París, respaldo que excluye a su condición de tratado no vinculante y poco satisfactorio a la hora de fijar el nivel de ambición de las metas voluntarias e individuales que definieron cada uno de sus miembros para mitigar y revertir el proceso de destrucción del equilibrio climático. Al respecto hago míos la mayoría de los enfoques de mi sabio colega y académico, el embajador Raúl Estrada Oyuela, y del cada día más sabio académico, pensador, analista y valioso referente multifacético que es Alieto Guadagni, con la salvedad de que deseo aclarar el sustrato y origen de política económica y comercial que explican las razones de fondo que vienen frenando un serio plan para mitigar el cambio climático. El propio Lange reconoce los hechos de referencia, pero los plantea al revés. En eso coincide, paradójicamente, con las ideas y propuestas de Estados Unidos a las que dice oponerse.

 

Lange cree que si la globalización ha de funcionar bien, el proceso requiere una política comercial “justa” que incluya la colectiva definición y cumplimiento de standards medio ambientales y laborales. Estos muchachos y chicas de Bruselas fueron con ese cántico al ex GATT y la actual OMC, donde se detectó al toque que esas nuevas disciplinas de comercio habían sido concebidas para corregir, por la vía legislativa, la decreciente competitividad industrial y económica de las potencias tradicionales del Atlántico Norte más Japón, que las llevaba a crear una doctrina orientada a formular reglas que permitan uniformar los costos laborales y ambientales en todo el mundo, lo que no tiene racionalidad económica alguna. En otras palabras, normas para evitar que los capitales fijos se vayan de sus países de origen a las regiones donde se puede tercerizar la producción a fin de lograr costos y precios muchísimo más bajos de mano de obra, exigencias ambientales y energía.

 

El nombre del juego era y es evitar la relocalización de las inversiones de los denominados países centrales a la periferia asiática y latinoamericana, un deporte en el que la inquietud por el medio ambiente, el cambio climático y el bienestar de los trabajadores era completamente secundario y obedece a subterfugios políticos.

 

Un ejemplo reciente y actual de esta visión, son las reglas de origen que demandó el gobierno de Donald Trump a México, ya que para seguir gozando de los beneficios de acceso al mercado dentro del nuevo Nafta (ahora llamado el Usmca o T-MEC), 40% de la producción originada en la industria automotriz deberá surgir de plantas que paguen a sus operarios no menos de US$ 16 la hora, requisito que sólo Estados Unidos y Canadá pueden cumplir con holgura, ya que los precios relativos y absolutos en esos mercados son mucho mayores que los mexicanos. Algo similar sucede con el costo de las medidas fiscales y tecnológicas que requiere el proceso de bajar la contaminación de gases de efecto invernadero, ya que los equipos cuestan mucho dinero y eso crea el incentivo de mudar las plantas de los territorios caros a los territorios donde las políticas ambientales son menos exigentes, lo que suele atraer a los capitales que procuran estar donde logran bajar los costos y maximizar la rentabilidad. Dentro de las negociaciones sobre cambio climático a este debate sobre desplazamiento de inversiones y comercio global se lo llama “the leakage” (mal traducido como “la gotera”, pero semántica aparte todos saben de lo qué están hablando y ese es el punto).

 

Lange también hace referencia al futuro de la Amazonia (territorio soberano de Brasil y el gran pulmón del mundo), alegando que el nuevo gobierno de Bolsonaro puso la política ambiental bajo la esfera de la ministro de Agricultura, quien ya anunció la vocación de expandir con mano libre la frontera agrícola dentro de esa gran reserva ecológica. El legislador europeo conoce la historia del Mercosur con mayor detalle que muchos gobernantes de la propia región y dice, con fingida ingenuidad, que “muchos observadores sostienen que la inclusión en el proyecto de Acuerdo (comercial) de un importante capítulo agrícola, ha sido el problema persistente para la UE y el obstáculo central para suscribir el acuerdo. Chocolate por la noticia. Entre los principales gestores de la doctrina del acuerdo light o insípido en el sector agrícola figura él mismo, junto con la Casa Matriz de esta doctrina que se localiza en París, como los principales promotores de la bolilla negra a tal acuerdo. Cuando habla de observadores, debería mencionar que se trata de una autoreferencia. Lange sostuvo, a través de los años, que sólo si se formula un acuerdo de comercio birregional con un capítulo agrícola insignificante o sin capítulo, se podría cerrar el trato.

 

Al mismo tiempo, es un factótum del proyecto del Euro-Parlamento destinado a sustituir por producciones locales antieconómicas la importación de soja y otras leguminosas que cubren el 70% de las necesidades de la Unión Europea, hoy abastecidas por Estados Unidos, Brasil y Argentina, tema al que me referí varias veces en esta columna. Si ese legislador estuviese verdaderamente preocupado por el equilibrio ecológico, debería explicar por qué propone incluir en la nueva Política Agrícola Común (a aplicarse desde 2021), una expansión de la oferta local basada en contaminantes, subsidios y sistemas de explotación reñidos con las buenas prácticas de la OCDE (como el abuso de los fertilizantes, plaguicidas y otras sustancias que pulverizaron la sanidad y la ecología de la tierra y los principales ríos europeos que hoy se busca recuperar). ¿O Bernd no sabe que la agricultura, y en especial la agricultura intensiva, es un gran factor de contaminación ambiental que, junto con la digestión de las lindas vaquitas hacen estragos en los territorios de la UE (sobre lo que hay una enorme polémica entre los especialistas)?

 

La temeridad y error de enfoque de los legisladores europeos, que desean exportar su libro rojo tipo Mao con recetas unilaterales y de inexistente fundamento legal o racionalidad económica en el campo del ambientalismo, el cambio climático y el proteccionismo regulatorio del sector agrícola, no santifica las fórmulas mercantilistas que ennegrecen la política de Estados Unidos y sus imitadores de segunda generación lo que no sólo incluye a Brasil. No estamos ante un conflicto de virtuosos, sino de viciosos. Hasta ahora los mecanismos de comercio de emisiones fueron un rotundo fracaso, del que Bruselas tiene poco que presumir. Los únicos que en el pasado tenían derecho consuetudinario a la presunción de infalibilidad eran el Papa y mi esposa. No veo razón alguna para incorporar a esa lista privilegiada al Parlamento Europeo y a los insuperables tuits de Trump.

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